En la jornada de ayer, la Fiscalía profundizó su hipótesis sobre Los Sauces, la inmobiliaria de la familia Kirchner. El origen del dinero y el rol de Máximo.
BUENOS AIRES.- El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces avanzó en la jornada de ayer, con su segunda audiencia y una extensa lectura de la acusación contra Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados., ante el Tribunal Oral Federal N° 5.
Ayer continuó la exposición de la hipótesis fiscal, que sostiene que las empresas familiares habrían sido utilizadas para canalizar fondos provenientes de empresarios beneficiados por decisiones del Estado, durante los gobiernos kirchneristas.
La audiencia estuvo centrada particularmente en el expediente Los Sauces, luego de que ambas causas fueran unificadas por orden de la Cámara Federal de Casación Penal. Cristina y Máximo siguieron la jornada de manera virtual, al igual que buena parte de los acusados, aunque el tribunal anticipó que deberán presentarse personalmente cuando llegue el momento de las declaraciones indagatorias.
La acusación puso el foco sobre el origen del dinero
Uno de los pasajes centrales de la jornada estuvo relacionado con los ingresos de Los Sauces. Según la fiscalía, el 65% de la facturación de la inmobiliaria provenía de empresas del Grupo Indalo y otro 23% del Grupo Báez. La acusación sostiene que parte de esos fondos tendría origen en beneficios estatales concedidos a empresarios vinculados comercialmente con la familia Kirchner.
En el caso de Lázaro Báez, los fiscales vinculan el dinero con las adjudicaciones de obra pública vial en Santa Cruz. Respecto de Cristóbal López y Fabián De Sousa, la hipótesis señala contratos, concesiones y beneficios impositivos otorgados a empresas de su grupo. Las defensas rechazan estas acusaciones y sostienen que las operaciones fueron negocios legales y declarados ante los organismos correspondientes.
La acusación también recordó que entre 2006 y 2008 compañías del Grupo Báez recibieron adjudicaciones de obra pública vial en Santa Cruz por más de $ 3.000 millones de la época, mientras la familia Kirchner desarrollaba negocios inmobiliarios y hoteleros con empresas del mismo conglomerado. Para los fiscales, ambos procesos estuvieron vinculados; esa relación deberá ser probada durante el debate oral.
La estructura de Los Sauces «bajo la lupa»
Otro de los momentos más llamativos de la segunda audiencia apareció cuando se analizó el funcionamiento interno de Los Sauces S.A.. La fiscalía sostuvo que la sociedad no contaba con una sede real que pudiera identificarse como centro de operaciones y cuestionó los distintos domicilios informados por la compañía en Río Gallegos.
Según el requerimiento leído en la audiencia, la empresa declaró tres direcciones, pero la acusación afirma que en ninguna pudo comprobarse el funcionamiento de una estructura inmobiliaria. Dos correspondían a estudios contables y otra al domicilio personal de Máximo Kirchner. Para los fiscales, esa falta de infraestructura constituye uno de los elementos que respaldan su hipótesis sobre el verdadero funcionamiento de la firma.
La acusación también señaló que Los Sauces no tuvo empleados registrados hasta abril de 2010 y que posteriormente funcionó durante extensos períodos con apenas una persona. Entre los nombres mencionados apareció Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la familia Kirchner, quien había declarado que desconocía dónde estaba ubicada la administración de la empresa.
El rol que la Fiscalía atribuye a Máximo Kirchner
La lectura también profundizó sobre la participación que la acusación atribuye a Máximo Kirchner. Los fiscales sostienen que su intervención no se limitó a Los Sauces, sino que también fue accionista de Hotesur, participó en operaciones inmobiliarias de sus padres, firmó contratos vinculados con hoteles y realizó retiros de fondos de sociedades familiares.
El diputado es señalado en el expediente como uno de los organizadores de la presunta asociación ilícita. La acusación recordó además que en 2003 Néstor Kirchner y Cristina Kirchner le otorgaron un poder para administrar sus bienes, circunstancia que los fiscales consideran relevante para analizar su intervención posterior en diferentes operaciones comerciales.
También se mencionó durante la audiencia a Romina Mercado, sobrina de Néstor y Cristina Kirchner, quien presidió Los Sauces desde 2015 y previamente había ocupado la presidencia de Hotesur. Según el requerimiento fiscal, integrantes de la familia y personas de su confianza participaron en la administración de los bienes y contratos analizados en el expediente.
La frase más fuerte de la segunda audiencia
Uno de los tramos más duros de la acusación se produjo cuando se leyó que, para la fiscalía, Néstor Kirchner y Cristina Fernández “dirigían y controlaban la organización criminal” investigada. La hipótesis sostiene que el presunto mecanismo habría articulado decisiones tomadas desde el Estado con operaciones privadas posteriores destinadas a beneficiar económicamente al grupo familiar.
La acusación ubica a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita y le atribuye además lavado de activos. En el caso de Máximo Kirchner, los fiscales lo señalan como organizador. Estas calificaciones forman parte de la acusación que está siendo sometida a juicio y todavía deberán ser discutidas por las defensas y evaluadas por el tribunal antes de una sentencia.