El ministro de Economía Luis Caputo, reclamó ajustar las tasas municipales consideradas «ilegales y arbitrarias».
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la tarde del jueves el Ministerio de Economía comunicó a través de su cuenta en la red social X, que: «envió una nota a las 23 provincias en la que se les solicitó que implementen medidas para que sus municipios se adecuen a la legislación y promuevan la derogación de las ‘Tasas municipales’, de aquellas que su valor no guarde proporcionalidad con el costo de la prestación del servicio.
También planteó a los gobernadores, que en caso de incumplimiento, se suspenda la coparticipación de los fondos correspondientes. La misiva subraya que muchas de estas tasas son “ilegales y arbitrarias” al no respetar la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.
La iniciativa se enmarca en el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que desde enero exige a comercios discriminar claramente impuestos como el IVA en las facturas. Esta medida busca aumentar la claridad tributaria y reducir la presión impositiva sobre los ciudadanos.
El Gobierno también prohibió que las provincias y municipios incluyan tasas adicionales en las facturas de servicios públicos, exigiendo que solo reflejen el costo del servicio contratado.
El ministro Luis Caputo enfatizó que las tasas municipales, cuando exceden el costo del servicio prestado, afectan los precios de bienes y servicios, incrementan la inflación y perjudican al ciudadano. “El ejercicio ilegal y arbitrario de la potestad tributaria aplicada por municipios perjudica los esfuerzos del Gobierno Nacional para evitar incrementos en la presión tributaria”, señala la misiva.
Se destaca que muchas tasas municipales coinciden sustancialmente con impuestos nacionales coparticipables, lo que contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema. Según el Palacio de Hacienda, estas prácticas generan una disminución en la masa coparticipable debido a que los tributos municipales son deducibles en el Impuesto a las Ganancias, perjudicando tanto al Estado Nacional como a las provincias.
Desde el Poder Ejecutivo se busca que las provincias adhieran plenamente a la Ley de Coparticipación, que prohíbe gravar materias imponibles sujetas a impuestos nacionales distribuidos. De este modo, apunta a aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos, garantizar una asignación más eficiente de recursos y reducir la inflación, un objetivo prioritario para la gestión de Milei.