La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) enfrenta una controversia que mezcla lo académico con lo político y lo judicial. Un acta oficial del 2 de junio de 2025 confirma que la rectora, Natalia Celeste Álbarez Gómez, se inscribió para concursar materias que dicta mientras ejerce su cargo.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
La situación choca con el Reglamento General de Concursos Docentes (Ord. CS Nº 032/2014), que dispone que los concursos de autoridades en funciones se suspendan durante su mandato. En paralelo, el gremio docente ADIUP denuncia la maniobra como nula e ilegal, mientras que en la Justicia Federal sigue abierto el expediente 12406/2024, donde se cuestiona la validez de resoluciones que habilitaron candidaturas sin concursos previos.
Acomodo, elección y concurso ¿el método UNLaR?
Hasta hace poco, la participación de Álbarez Gómez en concursos docentes era solo una hipótesis. Pero el Acta de cierre de inscripción del Departamento Académico de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, fechada el 2 de junio de 2025, despejó toda duda.
En ella consta que la rectora figura inscripta como postulante al cargo de Profesor Titular Semiexclusivo en las materias:
- Planificación y Gestión de Políticas Públicas (4º año, 1º cuatrimestre).
- Práctica Profesional Supervisada: Seminario de Tesis (4º año, 2º cuatrimestre).
El acta, firmada por autoridades departamentales, cierra formalmente la inscripción y muestra que el proceso está en curso.
La ley y la trampa
La Ord. CS Nº 032/2014 establece en su artículo 5 inciso e):
“En caso de que un aspirante esté ejerciendo un cargo directivo (Rector, Vicerrector, Decano…), el concurso de ese cargo permanecerá en suspenso mientras dure su mandato.”
La inscripción de Álbarez Gómez entra en contradicción directa con esta norma. El reglamento vigente no admite que una autoridad en ejercicio concurra a concurso, ni siquiera con licencia.
En paralelo, el Consejo Superior analiza un proyecto de modificación del reglamento de concursos que introduce cambios tecnológicos (trámites digitales, jurados remotos, baremo único) pero también una novedad clave: habilitar a autoridades en ejercicio a concursar, con la obligación de excusarse y pedir licencia mientras dure el proceso.
La coincidencia entre la inscripción de la rectora y la reforma propuesta alimenta las sospechas de que la norma se adapta a su situación personal.
La Ley 24.521, en su artículo 52, es categórica:
“Para acceder al cargo de rector se requerirá ser o haber sido profesor por concurso de una universidad nacional.”
Este requisito es de elegibilidad previa. No puede cumplirse retroactivamente durante el mandato. En ese punto radica el núcleo de la controversia: ¿es legal que una rectora que asumió sin concurso intente regularizar su situación concursando después?
Alerta de tormenta: la denuncia judicial previa a la elección
La cuestión ya ingresó a tribunales. En el expediente “Delgado, Eduardo Nicolás y otro c/ Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) s/ acción meramente declarativa de derecho” (FCB 12406/2024), dos docentes pidieron que se declare la inaplicabilidad de resoluciones departamentales que habilitaron el proceso electoral de 2024.
Los actores —Delgado y Bermejo, patrocinados por el abogado Omar Flores Gallego— sostuvieron que se permitía participar a docentes sin cargos concursados, en violación de la Ley 24.521.
El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena rechazó la medida cautelar solicitada para suspender esas resoluciones, alegando que no había elementos de urgencia ni verosimilitud suficientes conforme el art. 230 del CPCCN y la Ley 26.854.
“No existen elementos de juicio con suficiente entidad (…) por lo cual corresponde disponer el rechazo de la medida cautelar peticionada, sin que ello implique adelanto de opinión respecto de la cuestión de fondo.”
Es decir: la acción judicial sigue abierta. La inscripción formal de la rectora en junio de 2025 ocurrió después de esa presentación, lo que podría dar pie a nuevas impugnaciones.
Ahora reclaman los gremios
El gremio ADIUP–UNLaR ya había alertado sobre esta maniobra. En notas presentadas ante Mesa de Entradas (Exp. 00-07665/2025 y 00-07194/2025), el sindicato denunció que el proyecto de reforma no pasó por las paritarias de nivel particular, tal como exige el Convenio Colectivo Docente Universitario (Dec. 1246/2015, art. 70) y el Reglamento de Carrera Docente de la UNLaR (Ord. 171/2019, art. 64).
ADIUP sostuvo que aprobar la reforma sin paritarias sería un procedimiento nulo e ilegal y un retroceso institucional comparable a la crisis de 2013, cuando la universidad atravesó un proceso de normalización tras fuertes cuestionamientos a su conducción.
Con el acta de inscripción de Álbarez Gómez, las denuncias gremiales pasan de la conjetura al hecho comprobado.
Marco teórico e hipótesis
La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), mediante la Resolución CS Nº 3302/2012, y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) tienen reglamentos que suspenden concursos para autoridades en ejercicio. Se trata de un estándar consolidado en el sistema universitario nacional, destinado a evitar conflictos de interés y garantizar transparencia.
¿Qué opciones existen?
- Mantener la normativa vigente, que impediría concursos de autoridades, aunque mantendría cuestionada la legitimidad del mandato actual.
- Aprobar la reforma, lo que habilitaría los concursos, pero con riesgo de nulidades judiciales.
- Una resolución judicial adversa, ya que si la Justicia declara la nulidad, el Consejo Superior debería declarar la vacancia o convocar a nuevas elecciones.
(21 años en el cargo)
Final abierto
Álbarez Gómez ingresó a la docencia universitaria por designación del Consejo Directivo de Sociales tras la toma de 2013 y el derrocamiento de Tello Roldán, siendo rector Fabián Calderón, decano Jorge Riboldi y secretario Académico Rodrigo Torres. Eran épocas de ríos revueltos. Varios actuales docentes registran ese tipo de ingreso, sin concursos. Claro que ninguno llegó a ser rector.
La inscripción oficial de la rectora Natalia Celeste Álbarez Gómez en un concurso docente durante su gestión ya no deja margen a dudas: el conflicto normativo es concreto.
El choque entre el reglamento vigente, la Ley de Educación Superior, la propuesta de reforma y las acciones gremiales y judiciales abre un escenario incierto.
Si la Justicia avanza en la nulidad, el Consejo Superior de la UNLaR deberá resolver la vacancia o convocar a elecciones. Lo que está en juego no es solo un cargo: es la credibilidad del sistema universitario público argentino.