El bullying escolar en La Rioja crece pese a las leyes y los protocolos. Un recorrido por la normativa, la evidencia científica y los informes educativos muestra una distancia preocupante entre el discurso oficial y la realidad cotidiana.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Cuando el aula deja de ser refugio
El reciente caso de bullying en el Colegio Provincial N°1 de La Rioja rompió una rutina peligrosa: la de los comunicados sin consecuencias. El Ministerio de Educación provincial, a cargo del ingeniero Ariel Martínez -ex secretario de Extensión en la Universidad Nacional de La Rioja- aseguró haber aplicado el Protocolo D-DIG C17, en conjunto con la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la dirección de Javier Ahumada. Pero, detrás de la formalidad administrativa, se abrió un debate más profundo: ¿sirven las leyes si el Estado no garantiza su cumplimiento efectivo ni la comunidad educativa confía en él?
La escena no es nueva. En los últimos años, los discursos sobre “entornos protectores” crecieron en proporción inversa al compromiso institucional real. Mientras los funcionarios hablan de protocolos, las familias hablan de miedo, y los docentes —agotados y sin respaldo— intentan apagar incendios con las manos vacías.
Todas las normas: la norma.
Argentina cuenta con la Ley Nacional 26.892, sancionada en 2013, que promueve la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las escuelas. La Ley Provincial 10.656 de La Rioja replica esos principios y aprueba un instrumento técnico: la Guía y Protocolo de Intervención Escolar ante Situaciones de Bullying (D.DIG C17). Allí se establecen los pasos: detección, notificación, intervención del gabinete, comunicación con las familias y derivación a las áreas pertinentes.
Sobre el papel, todo parece funcionar. En la práctica, casi nunca se sabe qué ocurre después. No hay registros públicos, informes semestrales ni auditorías externas que permitan conocer cuántos casos se detectan, qué medidas se adoptan o si las víctimas reciben acompañamiento psicológico real. El resultado es previsible: una política que existe más como acto administrativo que como protección concreta.
Los datos del fracaso: el bullying deteriora el aprendizaje
El informe de Argentinos por la Educación (2022), El acoso entre escolares y el aprendizaje, analizó los datos de PISA 2018 y halló que los alumnos argentinos víctimas de acoso obtienen 41 puntos menos en matemática que sus pares no acosados: un año escolar perdido. Cuando el acoso es verbal, la brecha baja a 33 puntos; cuando se suma el sentimiento de exclusión, el rezago equivale a casi dos años.
Detrás de esos números se esconde un dato político: el sistema educativo argentino no solo no previene el acoso, sino que lo tolera hasta que destruye el aprendizaje. No hay inversión que alcance si las aulas se transforman en territorios de impunidad emocional.
Cuando los alumnos ven lo que los directivos no quieren ver
El informe ¿Cómo perciben la convivencia escolar los alumnos y directores de secundaria? (2023) reveló una brecha inquietante:
- 34,6 % de los estudiantes cree que no hay buen clima escolar.
- 75,4 % fue testigo o víctima de discriminación por aspecto físico.
- 67,7 % identificó exclusión o burla por diferencias familiares o sociales.
- En cambio, solo 2,8 % de los directores consideró la convivencia como un “problema serio”.
- La Rioja figura entre las provincias con mayor nivel de conflictividad percibida (43,1 %).
El contraste muestra algo más que una diferencia de percepción: exhibe una ceguera institucional que confunde orden con silencio. Las escuelas parecen más preocupadas por evitar escándalos que por resolver conflictos.
Cuando el problema empieza en la primaria
El informe más reciente del observatorio, Desafíos de convivencia en la escuela primaria (2025), alerta que la discriminación y el hostigamiento comienzan a edades cada vez más tempranas.
El 40 % de los docentes encuestados detectó conductas agresivas o burlas repetidas desde tercer grado, muchas veces toleradas como “juegos de niños”. Ese relativismo temprano es el punto de partida de la violencia futura.
El estudio advierte que la clave está en trabajar la educación emocional y la alfabetización digital desde el inicio, cuando los vínculos y la empatía todavía pueden aprenderse. La prevención no puede esperar a la secundaria: debe empezar antes de que los códigos del miedo se instalen como norma.
Lo que muestran UNESCO y UNICEF
- El informe UNESCO “Más allá de los números” (2021) revela que uno de cada tres estudiantes en el mundo sufrió bullying en el mes previo a la encuesta.
- En América Latina, el 30 % de los alumnos reconoce haber sido víctima de agresión física o psicológica; el 25 % sufrió violencia por redes sociales.
- Los motivos más frecuentes son el aspecto físico (15,3 %), la raza o nacionalidad (10,9 %) y la religión (4,6 %).
- UNICEF agrega un dato escalofriante: las víctimas de acoso tienen el doble de riesgo de abandono escolar y un 50 % más de probabilidades de ideación suicida.
Estos datos no describen un problema de aula, sino una falla sistémica del Estado como garante de la seguridad infantil.
Víctimas heridas, victimarios vacíos
La psicología conductual define el bullying como un comportamiento intencional, repetido y asimétrico. No es un conflicto entre iguales, sino una relación de poder basada en la humillación.
Las víctimas presentan altos niveles de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático y desregulación emocional. Los victimarios, por su parte, suelen combinar baja empatía, impulsividad, entorno familiar desestructurado y modelos violentos de autoridad.
Las neurociencias confirmaron que el acoso sostenido altera la respuesta neuroendocrina del estrés (eje HPA), afectando memoria, concentración y autoestima. Traducido: un niño sometido al acoso pierde capacidad de aprender, incluso si permanece en clase.
El agresor, en cambio, internaliza que el dominio es un medio de validación social. Así se fabrica la violencia estructural: primero en el aula, luego en la calle y finalmente en la política.
Seamos sinceros: ¿quién no vivió en carne propia a las y los matoncitos en la escuela? Yo fui una víctima y hoy ellos son la síntesis del fracaso: adicciones, violencia, carreras y familias frustradas, viviendo solo de la apariencia. La resiliencia existe para las víctimas, pero la cobardía de las instituciones y sus autoridades debería tener consecuencias graves.
Sea por dinero, prestigio o relaciones de amistad o parentesco, en la autoridad o el docente que callan, cierran los ojos y se tapan los oídos está solo la punta del iceberg del poder feudal y la corrupción.
La Rioja: entre los papeles y el vacío
El Protocolo D.DIG C17 establece una ruta clara: detectar, intervenir, acompañar, derivar.
Pero el circuito falla en tres puntos clave:
- Subregistro: la mayoría de los casos no se formaliza; se “resuelven” puertas adentro.
- Falta de recursos: muchos gabinetes psicopedagógicos atienden cuatro escuelas y carecen de financiamiento propio.
- Opacidad: el Ministerio no publica informes ni auditorías de implementación.
Así, los comunicados reemplazan a la política pública, y la palabra “intervención” se usa más como argumento defensivo que como herramienta de cambio. No se trata solo de presupuesto: se trata de prioridad moral.
Educación, desigualdad y desconfianza
La Rioja combina una fuerte centralización educativa con territorios rurales dispersos y limitada infraestructura social. En la Capital, los casos ganan visibilidad; en el interior, permanecen invisibles. La ausencia de datos transparentes genera desconfianza: nadie puede evaluar si el Estado cumple lo que promete.
La precarización laboral docente, la rotación de personal y la falta de contención comunitaria agravan la situación. El aula se convierte así en un espejo de las fracturas sociales: desigualdad, desinterés y desafección. Donde el Estado se retira, el conflicto lo reemplaza.
Lo que sí funciona
Experiencias exitosas en Uruguay, Finlandia y Corea del Sur muestran que la reducción del bullying exige tres condiciones simultáneas:
- Datos públicos y auditorías independientes.
- Formación continua de docentes en mediación y salud mental.
- Compromiso político sostenido más allá de los cambios de gestión.
En Uruguay, por ejemplo, el programa “Lazo” redujo en un 38 % las agresiones entre pares en cuatro años, combinando pedagogía emocional, mentorías y participación estudiantil. En Argentina, las políticas se dispersan con cada ciclo electoral.
¿Qué debería hacer La Rioja?
- Publicar estadísticas anuales de activación del protocolo D.DIG C17.
- Designar gabinetes psicopedagógicos por escuela, no por zona.
- Garantizar acompañamiento postintervención a víctimas y agresores.
- Crear un Observatorio de Convivencia Escolar con participación de universidades locales.
- Promover campañas públicas de prevención del ciberacoso.
- Incorporar educación emocional obligatoria desde el nivel inicial.
Son medidas simples, posibles y comprobadas. Falta voluntad política y rendición de cuentas.
El deber de proteger
El bullying en La Rioja no es una estadística: es una tragedia cotidiana disimulada por la burocracia. Cada vez que una escuela calla un caso, cada vez que una víctima es trasladada y no contenida, el Estado renuncia a su función más elemental: garantizar la seguridad y la dignidad de sus ciudadanos más jóvenes.
El acoso escolar no se resuelve con resoluciones ni con propaganda. Se resuelve con presencia, responsabilidad y coraje institucional. Y con una sociedad que entienda que proteger no es controlar, sino dejar de mirar para otro lado.