Un convenio firmado entre la orden franciscana y la Municipalidad de La Rioja -comandada por Armando Molina- reabrió un debate que va más allá de un monumento histórico nacional. En el centro de la discusión aparece una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando un espacio de valor religioso y patrimonial empieza a integrarse a una lógica económica? Los vecinos denuncian falta de participación y advierten un cambio de sentido en un sitio protegido como por la Ley 12.665. Y el miércoles 29 continúa la historia…
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Un convenio que cambia el eje
El conflicto por Las Padercitas dejó de ser técnico. La firma del acuerdo entre la orden franciscana y el municipio introdujo un elemento nuevo: la posibilidad de que el predio funcione bajo un esquema de uso múltiple con proyección económica.
El convenio establece que el municipio administrará el predio durante diez años, con opción de renovación. La orden conserva el templo y la vivienda de los frailes, pero el resto del espacio queda bajo control estatal. Esto habilita la realización de actividades culturales, recreativas y turísticas. También permite generar ingresos dentro del predio. A cambio, la orden franciscana recibiría una mínima participación de lo recaudado. El cambio es claro: el lugar deja de ser exclusivamente religioso y pasa a integrarse a un circuito más amplio, donde la variable económica empieza a tener peso.
El acuerdo tiene puntos poco claros. No establece con precisión: cómo se garantiza la continuidad del culto, qué límites tienen las actividades, quién controla el uso del espacio y qué rol tiene la comunidad En este tipo de procesos, esas indefiniciones suelen ser el origen del conflicto.
La reacción de los vecinos
Un grupo de 200 familias de vecinos autoconvocados difundió una solicitada donde cuestiona el convenio (leer al pie de esta nota). El documento denuncia: suspensión o traslado de actividades religiosas, realización de eventos ajenos al culto y falta total de consulta. El planteo es directo: no se oponen a mejoras en el predio, pero sí a que se cambie su uso sin participación de la comunidad.
En redes sociales, la difusión de un video promocionando una cata de vinos en el lugar reforzó esa percepción. No se trata del evento en sí, sino de lo que representa: un cambio de lógica. El punto de tensión no es la actividad, sino el sentido del espacio.
Iglesia y municipio: una alianza funcional
La orden franciscana aceptó el convenio. Eso indica que reconoce la necesidad de apoyo estatal para sostener el predio. Mantiene el control del templo, pero cede la administración general.
El municipio, por su parte, busca integrar Las Padercitas a un circuito turístico y cultural. La lógica es conocida: atraer visitantes, generar actividad y poner en valor el lugar.
El problema es que ese modelo no siempre es compatible con el uso original del espacio.
Un antecedente cercano: el Museo Inca Huasi
El Museo Arqueológico Inca Huasi muestra que estos conflictos no son nuevos.
Allí funcionó la Asociación de Amigos “Fray Bernardino Gómez”, conducida por Sofía Cáceres, que intentó articular el trabajo entre comunidad, Iglesia y Estado. El proyecto acompañaba la gestión del entonces director, fray Nicolás Pugliese.
Tras su fallecimiento, surgieron tensiones con su reemplazante. El conflicto se vinculó también con intereses internos del complejo que incluye el colegio San Francisco, la iglesia y el convento.
La experiencia no se sostuvo. El vínculo comunitario se debilitó y el modelo de gestión quedó en discusión.
La sombra de la Escuela Normal
En La Rioja hay un antecedente que pesa más que cualquier otro: la transformación de la Escuela Normal Pedro Ignacio de Castro Barros en el Paseo Cultural Castro Barros. El proceso fue progresivo: se anunció una refacción, se trasladó a toda la comunidad educativa y el edificio cambió completamente de función.
Hoy el espacio funciona como un polo cultural, turístico y comercial. Las aulas dejaron de ser aulas. En su momento hubo marchas, reclamos y presentaciones judiciales. Nada detuvo el proyecto.
Para muchos vecinos, ese antecedente funciona como advertencia: cuando aparece la lógica económica, el uso original suele quedar en segundo plano.
Otros lugares, problemas similares.
El caso de Las Padercitas no es aislado. En la Iglesia y Museo San Francisco (Salta) conviven turismo y culto, pero con tensiones. En la Manzana Jesuítica (Córdoba) el Estado tiene un rol central en la gestión. En todos los casos aparece la misma combinación: patrimonio religioso e histórico, intervención estatal, actividad turística. Y la misma discusión: quién define el uso del espacio.
La experiencia muestra un patrón claro: la Iglesia sola no tiene recursos suficientes, el Estado solo tiende a cambiar el sentido del lugar, la comunidad sola no tiene poder de decisión. El conflicto aparece cuando uno de esos actores queda afuera.. En Las Padercitas, ese lugar hoy lo ocupa la comunidad.
Un proceso abierto
Nada está definido todavía. El convenio fija un marco, pero su aplicación genera dudas. Los vecinos reclaman, la Iglesia acompaña y el municipio avanza. El resultado no está cerrado. Y cabe dentro de la lógica inmobiliaria por la que es conocido popularmente el intendente Armando Molina.
Las Padercitas no es solo un predio. Es un espacio con valor histórico, religioso y social. Si el lugar termina funcionando como parte de un circuito económico, la discusión cambiará de eje. Dejará de ser sobre patrimonio o fe, para convertirse en una discusión sobre uso y beneficios.
Ahí aparece la pregunta central: ¿quién gana con el cambio? La respuesta no está en los papeles. Está en lo que empiece a pasar dentro del predio. Porque lo que se defina en Las Padercitas no termina ahí. Va a marcar cómo se van a manejar otros espacios históricos en La Rioja. Y en ese punto, el conflicto deja de ser local. Pasa a ser un modelo.