Una jueza de La Rioja avaló los reclamos del gobierno riojano para que el informe de impacto ambiental del proyecto, sea aprobado por ambas provincias.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
SAN JUAN.- La medida judicial fue tomada por la jueza María Greta Decker, en el marco del expediente N° 45.863, luego de un reclamo presentado por la Secretaría de Ambiente de La Rioja. El nudo del conflicto radica en la falta de presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante las autoridades de la provincia, una exigencia que el Gobierno riojano considera innegociable dado que el proyecto afecta de manera directa su territorio.
Hasta ayer el campamento de Vicuña, seguía operando con normalidad y el personal ingresa por el Corredor Norte, el camino sanjuanino que la propia empresa construye pero que todavía no termina.
El conflicto viene de hace mucho tiempo. Y la empresa tiene su propia lectura de por qué, la Justicia riojana terminó interviniendo.
El camino de acceso por La Rioja es la Ruta provincial N° 506. En 2023, la empresa firmó un convenio con la provincia para hacerse cargo del mantenimiento, porque La Rioja no le daba prioridad a esa ruta y Vicuña era el principal usuario. Ese convenio incluyó la presentación de un Informe de Impacto Ambiental (IIA) que fue aprobado en su momento, permitiendo dos años de mantenimiento.
El problema surgió cuando, entre noviembre y diciembre de 2025, la empresa presentó la actualización de ese informe, un trámite de rutina exigido por la normativa ambiental. La provincia no solo no lo aprobó, sino que lo rechazó.
Desde entonces, el expediente está paralizado. La empresa presentó un recurso jerárquico en febrero, pero aún no obtuvo respuesta.
Mientras tanto, el Corredor Norte sigue operativo. Y la empresa, al menos por ahora, sigue moviendo su gente. La pregunta que queda flotando es política, no técnica: ¿La Rioja está dispuesta a llevar este conflicto hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Y si lo hace, ¿qué mensaje le está mandando al mundo de las inversiones?