Familiares sostienen que la víctima había denunciado previamente a su ex-pareja, por violencia digital y cuestionan la falta de contención y protección estatal.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
SANTIAGO DEL ESTERO.- En los últimos días tomó estado público el caso de Shadya Altamirano, abogada y bailarina de 29 años, que provocó conmoción en la localidad santiagueña de Pinto y abrió una fuerte discusión sobre el rol de las instituciones frente a la violencia de género y la exposición en redes.
Altamirano se suicidó luego de haber denunciado a su ex-pareja, por la viralización en redes sociales, de contenido íntimo, situación que su familia vincula con un profundo deterioro emocional.
La víctima se había presentado en la Comisaría Comunitaria N° 15, para acusar a su ex-novio por amenazas y difusión de material sexual sin consentimiento. Desde la fiscalía indicaron que en ese momento se activaron recursos de protección, entre ellos la oferta de un botón antipánico (que la joven rechazó) y la imposición de restricciones al acusado. También remarcaron que no hubo reportes posteriores de incumplimiento.
La versión de la familia difiere. Su madre, María Verónica Rodríguez, afirma que la denuncia no tuvo un seguimiento efectivo y que su hija atravesaba una relación marcada por violencia sostenida en el tiempo. “Nos dejaron solos”, expresó, al señalar la ausencia de contención psicológica y asistencia real.
En los días previos al desenlace, la madre había dejado constancia ante autoridades policiales del estado de salud mental de Shadya, quien contaba con antecedentes de tratamiento psiquiátrico e intentos de autolesión.
La investigación judicial continúa, con medidas como la autopsia y el análisis de dispositivos secuestrados y el caso reavivó cuestionamientos sobre la eficacia de las respuestas institucionales ante denuncias de violencia digital.