Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
En La Rioja, el conflicto dentro del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de La Rioja ColFarLaR dejó de ser una interna profesional para convertirse en un síntoma visible de algo más profundo. La escena —una detención en medio de una asamblea— expuso de golpe lo que habitualmente se discute en voz baja: quién controla el circuito del medicamento y bajo qué reglas.
El episodio tuvo como protagonista a Jorge Osvaldo Bordón, ex presidente del Colegio, detenido durante una reunión convocada para renovar autoridades. La explicación formal remite a una medida cautelar vigente, dictada a favor de la actual titular de la institución, Silvia Brizuela Ledesma, que ordenaba el cese de conductas consideradas intimidatorias. Ese dato, confirmado por distintas coberturas locales, establece un punto de partida jurídico claro.
Sin embargo, el problema comienza cuando se observa cómo se aplicó esa medida. La detención abrió una discusión que todavía no encuentra una respuesta precisa: si se trató de la ejecución automática de una orden judicial o de una interpretación operativa en un contexto de tensión institucional. Desde el entorno judicial se sostiene la primera versión. Desde la defensa, la segunda. En el medio, lo que falta —y no es un detalle menor— es la transparencia del expediente completo.
Reducir el caso a ese plano sería cómodo, pero insuficiente. La disputa dentro del Colegio viene de antes y tiene menos que ver con lo personal que con el control de una estructura que regula, intermedia y, en muchos casos, condiciona el funcionamiento del sistema farmacéutico local. Las acusaciones cruzadas hablan de “conducción paralela”, de hostigamiento y de irregularidades. Pero detrás de esos términos hay una pregunta más incómoda: quién toma decisiones en un sector donde confluyen intereses profesionales, empresariales y políticos.
El contexto ayuda a entender por qué esa pregunta importa. El mercado de medicamentos en la provincia no funciona como un mercado convencional. Está atravesado, en gran medida, por dos actores que concentran la capacidad de financiamiento: PAMI y la Administración Provincial de la Obra Social APOS. En la práctica, son ellos quienes determinan qué se paga, cuándo se paga y bajo qué condiciones.
Ese esquema genera una dependencia estructural. Las farmacias dispensan, pero no cobran en tiempo real. Financian prestaciones mientras esperan pagos que, según coinciden profesionales del sector y reportes periodísticos recientes, llegan con retrasos crecientes. En ese desfasaje se produce el desgaste: menos stock, más presión financiera y un traslado inevitable del problema hacia el paciente, que paga más o directamente deja de acceder.
En ese escenario, el Colegio no es un actor neutral. Regula el ejercicio profesional, pero también participa —de manera directa o indirecta— en la relación con las obras sociales. Al mismo tiempo, la Cámara de Farmacias de La Rioja CaFRi representa intereses empresariales que no siempre coinciden con los del colectivo profesional. El resultado es una tensión permanente entre regulación y rentabilidad, entre control sanitario y lógica de mercado.
Como si el tablero no fuera lo suficientemente complejo, aparecen nuevos jugadores. Proyectos vinculados a la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) abren la puerta a la producción pública de medicamentos. La idea, en principio, suena razonable: ampliar la oferta y moderar precios. Pero en un sistema ya tensionado, cualquier intervención estatal adicional también puede redefinir equilibrios de poder y generar nuevas disputas.
Todo esto ocurre bajo un esquema regulatorio fragmentado. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fija estándares de calidad a nivel nacional, la provincia habilita y controla establecimientos, y el Colegio supervisa el ejercicio profesional. En teoría, es un sistema de controles cruzados. En la práctica, muchas veces se convierte en una superposición de competencias donde las responsabilidades se diluyen y los conflictos se amplifican.
En ese contexto, la detención de Bordón deja de ser un hecho aislado. Es la expresión visible de una disputa que combina poder institucional, intereses económicos y debilidades estructurales. Que haya existido una medida judicial no agota la discusión. Apenas la enmarca.
Mientras tanto, el impacto real se desplaza hacia abajo, lejos de las asambleas y de los expedientes. Los pacientes enfrentan aumentos, recortes de cobertura y, en algunos casos, la simple imposibilidad de conseguir lo que necesitan. En un sistema donde el acceso depende de una cadena financiera frágil, cualquier conflicto en la cúspide termina repercutiendo en el eslabón más débil.
La pregunta que sobrevuela el caso no es nueva, pero vuelve con más fuerza: quién gobierna realmente el circuito del medicamento. Si lo hace el Estado a través de sus obras sociales, si lo hacen los actores del mercado que negocian en condiciones desiguales, o si lo hace una combinación opaca de ambos donde la responsabilidad nunca queda del todo clara.
La Rioja ofrece hoy una escena concentrada de ese problema. Lo que allí ocurre no es una anomalía, sino una versión más expuesta de tensiones que atraviesan a todo el sistema. La diferencia es que, esta vez, el conflicto dejó de ser silencioso. Y cuando eso pasa, lo que queda a la vista no siempre es cómodo de explicar.