Las organizaciones allanadas son: Movimiento Teresa Rodríguez, Barrios de Pie, Polo Obrero, Frente de Organización en Lucha, entre otras.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Este miércoles la Justicia Federal de Quilmes llevó a cabo 24 allanamientos en comedores, merenderos y depósitos de diversas organizaciones sociales.
Las medidas judiciales están relacionadas con presuntos casos de extorsión, dirigidos a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y acusaciones de defraudación a la administración pública.
Las organizaciones allanadas son: Cooperativa Martin Fierro, Movimiento Teresa Rodríguez Limitada, Barrios de Pie, La Dignidad Confluencia, Polo Obrero, Frente de Organización en Lucha, entre otras.
La orden fue emitida por el juez Luis Armella y su secretario Diego Quiroga, la causa ya tiene 40 imputado, pertenecientes a organizaciones como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, y CTD-Aníbal Verón, entre otras.
En los allanamientos se descubrieron alimentos en mal estado y vencidos, que según se informan, fueron recibidos a principios de año del Estado, pero no fueron distribuidos entre los sectores más vulnerables. Ya se notificó a las autoridades de Bromatología bonaerense para su intervención. Además, los productos en buen estado fueron informados al Ministerio de Capital Humano.
Los funcionarios judiciales estaban acompañados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Se incautaron documentos, planillas de asistencia, dispositivos informáticos y otros elementos que serán sometidos a peritaje.
Uno de los hallazgos más impactantes ocurrió en un depósito perteneciente al MTD-Teresa Rodríguez en Florencio Varela, donde se encontraron alimentos en estado de descomposición. Los responsables del lugar argumentan que estos alimentos fueron entregados por la provincia de Buenos Aires en enero y no pudieron ser distribuidos a tiempo.
Se está investigando la verdadera procedencia de estos alimentos, algunos de los cuales estaban claramente vencidos y marcados con etiquetas que indicaban su prohibición de venta por parte del gobierno provincial.
Esta investigación forma parte de un proceso más amplio que inició en el juzgado federal de Sebastián Casanello y la fiscalía de Sergio Pollicita, centrado en acusaciones de extorsión y falsificación de documentos contra dirigentes sociales y piqueteros. La implicación de numerosas organizaciones, muchas de las cuales son parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), incluye figuras prominentes como Emilio Pérsico del Movimiento Evita, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y Juan Carlos Alderete de la Corriente Clasista y Combativa.