Tras el fin de la feria judicial, los allegados de la víctima cuestionaron duramente a la División Homicidios y advirtieron que los avances en la causa se deben exclusivamente a los datos que ellos mismos aportaron.
TUCUMAN.- El caso Érika Álvarez continúa sumando tensión en los tribunales tucumanos. Tras el reinicio de la actividad judicial, la familia de la joven rompió el silencio para expresar su profundo malestar por el rumbo de la investigación y, fundamentalmente, por el trato recibido por parte de las autoridades de seguridad.
«Falta de respeto»: la mira puesta en la División Homicidios
El abogado de la querella, Carlos Garmendia, fue el encargado de canalizar el reclamo contra la cúpula policial. El letrado señaló una «falta de respeto evidente» por parte de la División Homicidios, apuntando directamente contra su jefa, la comisaria Susana Montero.
Según la querella, se llevaron a cabo procedimientos clave sin notificar debidamente a la familia, sumado a episodios de maltrato que los allegados de Érika aseguraron «no van a tolerar». El reclamo es concreto: exigen una comunicación clara y directa, un derecho básico para quienes son parte activa en la búsqueda de justicia.
Un fiscal único para una trama compleja
Con la vuelta a la actividad plena, el fiscal Pedro Gallo tomó las riendas de la investigación. Para la familia, este es un paso necesario para ordenar un expediente que califican como «causa compleja». Cabe recordar que el expediente ya pasó por tres fiscales anteriormente.
«No es solo un homicidio; aquí hay presuntos vínculos con el narcotráfico y sectores de poder en la provincia», advirtieron desde el entorno de la víctima.
La rotación de distintos fiscales durante la feria judicial generó, a criterio de la querella, un desorden administrativo que solo se vio agravado por la falta de información oficial y las filtraciones a la prensa. La familia denunció que, en varias oportunidades, se enteraron de novedades procesales a través de los diarios antes que por las vías legales correspondientes.
La familia como motor de la investigación
Uno de los puntos más críticos del reclamo radica en que, según sostienen, el Estado no ha tomado la iniciativa. Los familiares aseguran que los avances más significativos —como la detención de Sosa y la de la funcionaria judicial Justina Gordillo— se lograron gracias a la información precisa que ellos mismos recolectaron y entregaron a la justicia.
El repudio a las versiones mediáticas
Además del frente judicial, la familia de Érika Álvarez salió al cruce de versiones que circularon en algunos medios de comunicación, las cuales consideran que dañan la memoria de la joven. «Nadie puede hablar de mi hija como su familia», sentenció la madre de Érika, visiblemente afectada por el dolor y la indignación.
A medida que la causa avanza y se ramifica hacia sectores de poder, el pedido de la familia sigue siendo el mismo: Justicia por Érika y que la investigación alcance a todos los responsables, sin importar el cargo que ocupen.