El marco regulatorio funcionará hasta 2030 y contempla una reducción del corte de biodiesel que pasa del 10 al 5%. En tanto, el bioetanol se mantendrá con un corte del 12%.
BUENOS AIRES.- El oficialismo en la Cámara baja se alzó con la media sanción de la nueva ley de biocombustibles, en una votación que resultó con 135 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, luego de un largo debate que se extendió por más de seis horas.
Al Frente de Todos lo acompañaron los aliados del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque Acción Federal, y la neuquina Alma Sapag. Pero también votaron a favor la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos.
En tanto, votaron en contra Juntos por el Cambio, el grueso del Interbloque Federal, y los diputados de Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Mónica Schlotthauer.
El dato más saliente de la jornada es que votaron positivamente un puñado de diputados de la principal bancada opositora: se trata de los tucumanos Domingo Amaya (Pro), José Cano (UCR) y Lidia Ascárate (UCR); y los jujeños Osmar Monaldi (Pro), Gabriela Burgos (UCR) y Jorge Rizzotti (UCR), representantes de provincias productoras de bioetanol a base de caña de azúcar. Y se sumaron también los sanjuaninos Eduardo Cáceres (Pro) y Marcelo Orrego (Producción y Trabajo).
Ahora, la iniciativa impulsada por Máximo Kirchner -y desarrollada por el santafesino Marcos Cleri- deberá ser tratada en el Senado, donde el año pasado se votó por unanimidad una prórroga de la actual Ley 26.093 por cuatro años más, propuesta que el Frente de Todos en Diputados desoyó.
De acuerdo con el texto votado, se establece un nuevo marco regulatorio del régimen de biocombustibles hasta el año 2030 y se fija en 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil -actualmente está en 10%- y en 12% el corte con bioetanol en naftas -se mantiene el mismo porcentaje-.
El proyecto había tenido dictamen de comisiones en mayo pasado, pero recién se votó este jueves, a 11 días de que caduque la prórroga por dos meses de la Ley 26.093, que el Poder Ejecutivo determinó por decreto.
Los defensores de la iniciativa aseguraron que la nueva ley beneficiará a las PyMEs y ayudará a controlar el precio de los combustibles. Por el contrario, quienes se opusieron pronosticaron la pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas, criticaron las facultades que tendrá la autoridad de aplicación y alertaron por un retroceso en materia ambiental.
Un debate marcado por los intereses de cada provincia
Miembro informante del oficialismo, abrió el debate el mendocino Omar Félix, que afirmó que el proyecto se elaboró “teniendo en cuenta la protección y cuidado del medioambiente”, al tiempo que busca “dar previsibilidad, sustentabilidad y seguridad jurídica” al sector.
El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles argumentó que desde la sanción de la Ley 26.093 en 2006 “el escenario ha variado” y en la actualidad “conviven grandes empresas junto a PyMEs” en “provincias con realidades diferentes”.
Por ello, el diputado del Frente de Todos defendió que se establezca “un marco legal que contemple las diversidades, permita que la actividad sea constante, procure la rentabilidad del producto y facilite el acceso tanto a los insumos como a los mercados financieros”.
En defensa del rol de la Secretaría de Energía, que asume varias facultades, Félix sostuvo que es necesario “que se otorguen las herramientas adecuadas a la autoridad de aplicación para equilibrar la producción, de manera que se eviten futuras posiciones dominantes”.
Además, el legislador subrayó que el corte obligatorio para el biodiésel “se conserva el mismo porcentaje” del 5%, previsto en la actual ley, y “en el caso del bioetanol es del 12%” distribuido en 6% para la caña de azúcar y en otro 6% para el maíz. Mientras que la Secretaría de Energía -hoy a cargo de Darío Martínez- intervendrá “excepcionalmente cuando el valor de los insumos impacte sobre los costos” y las reducciones de los porcentajes serán “temporarias”, señaló.
Muy dura, la radical Jimena Latorre aseveró que el proyecto es de “cortoplacismo y mediocridad” y “un traje a medida de algunos pocos amigos empresarios del kirchnerismo”. “Acá no hay promoción ni fomento, acá lo que hay es un castigo para el que invirtió y un incentivo a la mediocridad”, disparó la mendocina, que agregó las calificaciones de “regresivo, intervencionista e inconstitucional”.
Para la diputada de Juntos por el Cambio esta nueva ley traerá “15 años de estancamiento próximos”, y se trata de una iniciativa enmarcada en “una falta de política energética” y “un capitalismo de amigos K”. También, negó que haya habido consenso con la industria y rechazó las funciones que tendrá la autoridad de aplicación, “que es de las que le gustan al oficialismo, con superpoderes”, cuestionó.
La legisladora advirtió que será el Estado el que decida “quién contrata, a qué precio, por qué cupo, y cierra las posibilidades a la inversión”. “Es una ley que fomenta la corrupción”, opinó.
Desde Córdoba, el oficialista Eduardo Fernández expresó que se trata de “una muy buena ley” que “sí otorga estabilidad fiscal, incentivos impositivos” y el “acompañamiento del Estado al desarrollo del sector”.
El diputado se refirió a los argumentos de sus comprovincianos de otros bloques que se oponen, “y nos dicen que si no legislamos como piden dos o tres empresas vendrán todos los males del mundo”. “Nosotros estamos legislando por los intereses de la mayoría”, añadió y rechazó “echarle la culpa a este proyecto de ser anticordobés”.
En contra del proyecto, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez subrayó que esta iniciativa “significa resquebrajar el sistema de producción de biocombustibles en Argentina, donde paradójicamente la ley divide lo que no estaba dividido ni en la realidad, ni en el Senado. Este proyecto es el que rivaliza regionalmente y artificialmente, incentiva la división y la competencia entre regiones”.
“Lo que le toca a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires es realmente grave. Porque tanto en el caso del bioetanol de maíz como del biodiésel, se está perjudicando al complejo productivo más dinámico de la Argentina”, indicó el jefe del bloque Consenso Federal.
Además, lamentó el “silencio” del gobierno bonaerense y acusó que el gobernador Axel Kicillof y su equipo productivo “han decidido hacer de la provincia de Buenos Aires una provincia petrolera”, porque es en Buenos Aires donde “se refina, se procesa y se comercializa un importante volumen del petróleo que se genera en el país”.
Representante de una provincia petrolera, la neuquina Alma Sapag reconoció el “aporte del biodiésel y el bioetanol”, pero enfatizó que “la realidad es dinámica” y “la aparición en el horizonte productivo con la creación de Vaca Muerta” trajo un incremento en la producción de “reservas hidrocarburíferas en Argentina”.
“El cambio a fuentes de energía renovables y limpias será gradual”, observó y agregó que, según expertos, “los combustibles fósiles necesariamente nos acompañarán algunas décadas por delante”. En ese sentido, salió al cruce de los argumentos ambientales: “Argentina sólo representa el 0,5% de las emisiones totales de carbono”. La legisladora del Movimiento Popular Neuquino sumó que “nos debemos hacia el futuro un encuentro de todos los sectores”.
Uno de los diputados de Juntos por el Cambio a favor de la ley, el tucumano Domingo Amaya -que incluso firmó el proyecto cuando se presentó- aseguró que “se trata de un tema muy importante y con mucho interés para mi provincia”, donde “el bioetanol representa el 30% de los ingresos brutos del sector” y “absorbe el 25% de la producción de azúcar”.
“Sin esta ley la industria azucarera estaría hundida, no tendría futuro, con consecuencias devastadoras para la región”, resaltó el legislador del bloque Pro, que recordó lo que sufrió Tucumán bajo la dictadura de Juan Carlos Onganía con “el cierre del 11 ingenios”, lo que provocó “el exilio de 250 mil tucumanos”.
A su turno, el santafesino Luis Contigiani dijo que como exministro de Producción “he tenido un compromiso estratégico con este sector y desde ese lugar debo decir, casi lamentando, que no voy a acompañar esta ley. Y lo digo más allá de que considero algunos términos positivos y otros no”.
Para el legislador del Frente Progresista Cívico y Social, la iniciativa “se inscribe dentro de una visión general que recorta espacio para los biocombustibles”. “No puedo convalidar un recorte del 50% en el corte obligatorio para el biodiésel”, enfatizó, como tampoco “que s recorte en el etanol en base al maíz”. Y afirmó no haber encontrado “ningún argumento sólido y técnico de por qué no podíamos haber mantenido el 10% en biodiésel y el 12% de bioetanol, incluso llevarlo al 15%”.
Fundamentando su voto a favor, el jujeño radical Jorge Rizzotti manifestó que la ley “seguramente no es la ideal, pero es la posible, la probable y la que mi provincia necesita”. “En la provincia de Jujuy necesitamos garantizarle a nuestros ingenios el crecimiento y desarrollo”, señaló el legislador, que explicó que actualmente “hay una tendencia en la disminución del consumo de azúcar, y donde es una alternativa la producción de bioetanol”.
En la recta final de debate, la radical Brenda Austin remarcó que la industria de los biocombustibles “contribuyó a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero”, por eso “lo más grave (del proyecto) tiene que ver con el retroceso en materia ambiental”. “Argentina asumió compromisos cuando suscribió el Acuerdo de París”, apuntó la vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
También, la cordobesa afirmó que se viola el principio de progresividad, y criticó al Gobierno por tener “una estrategia contradictoria” en esta cuestión. “Tómense en serio que hablar de ambientalismo, de desarrollo sostenible, es pensar en la matriz de desarrollo productivo de la Argentina, no en el ambientalismo de cotillón”, lanzó y completó: “De no hacerlo no podrán decir que son ambientalistas y kirchneristas, porque lo que están votando y haciendo es dar una vuelta de página en la historia argentina para ir para atrás”.
En nombre del bloque Córdoba Federal, el diputado Carlos Gutiérrez confesó: “No he podido dejar de preguntarme si habrá querido Néstor Kirchner impulsar esta ley para que después de 15 años de vigencia exitosa se dejara sin efecto”.
“Está claro que las promociones deben terminar algún día, pero deben terminar cuando el sector tiene la capacidad suficiente para desarrollarse en el mercado y no dejarlo a merced del lobby petrolero”, aseveró el legislador, que asintió que era necesario revisar la ley “pero no de esta forma; se pierde la oportunidad para discutir en serio la matriz energética toda”.
Por el interbloque Juntos por el Cambio cerró el cordobés Diego Mestre, quien lamentó que la iniciativa “va a contramano del mundo” sobre el uso de los biocombustibles, y mencionó lo que ha pasado en “Brasil que ha venido aumentando progresivamente el porcentaje de corte llevándolo al 27,5%”, Paraguay al 25% o Indonesia que lo tiene en el 30%.
En su discurso rechazó además la “discrecionalidad” que tendrá la autoridad de aplicación, y consideró que al secretario de Energía “le quieren dar la lapicera para que fije el precio, el cupo y el corte, eso es absolutamente inadmisible para nosotros”. Para el radical, esta propuesta “es una puñalada al sector productivo, a los trabajadores, que van a perder sus puestos de trabajo, a las economías regionales”.
“El Frente de Todos lo que propone es el cierre de plantas”, acusó Mestre, y enfatizó que “se ha cedido ante el lobby petrolero” y esta iniciativa “va a provocar una crisis ambiental en el mediano y largo plazo” y “va a traer menos inversión”.
Por último, el oficialista Marcos Cleri, que trabajó en la redacción del proyecto de ley, destacó que en la sesión se haya ponderado la ley impulsada por el expresidente Néstor Kirchner y repasó varios logros del sector, entre ellos que “logramos ser el primer país en el mundo en materia de exportación de biocombustibles”.
El santafesino expresó que debe existir una “sinergia positiva entre el sector privado y el Estado” y “la mirada de la transición energética tiene que ir en un sendero” donde “se logren los equilibrios justos y armónicos para poder armonizar los precios de los insumos, con el usuario, el consumidor que carga la nafta, el productor, y la logística, el transporte”.
Según el diputado kirchnerista, el proyecto va en línea con ese “equilibrio” y “potencia el espíritu de la Ley 26.093”. “Hablamos con el sector empresario, nos reunimos con los legisladores de cada provincia, compatibilizamos con la mirada del Poder Ejecutivo, revisamos la legislación vigente, la que estaba por vencer y también los compromisos internacionales de Argentina en materia ambiental”, enumeró.
Entonces, defendió que se trata de “un proyecto cien por ciento para un modelo argentino, donde se garantice el empleo, las PyMEs, la producción y la capacidad instalada de los biocombustibles”. “Nuestro proyecto es lo que las cámaras han pedido, porque no querían prórroga, porque la prórroga no les daba previsibilidad. Querían una nueva ley”.