Según publicó este domingo el portal El Memo en Mendoza, con el objetivo de abastecer de uranio las centrales Atucha I y II y previendo una mayor demanda cuando se finalicen otros dos complejos nucleares, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, y los equipos técnicos del PJ destacaron en la última semana la necesidad de reactivar la producción en Mendoza, en el yacimiento sanrafaelino de Sierra Pintada, actualmente en un proceso de remediación ambiental.
En un encuentro vía Zoom de la Comisión Federal de Minería del PJ nacional, Hensel remarcó que «la Argentina tiene importantes recursos identificados de uranio, unas 38 mil toneladas, pero en los últimos 10 años lo hemos importado, gastando unos 240 millones de dólares» para abastecer a Atucha I y II, complejos que generan el 6% del total de la energía del país.
«Argentina es uno de los pocos países que puede dominar el ciclo completo, desde el mineral hasta el combustible nuclear«, continuó Hensel, antes de destacar el potencial de la energía atómica por encima de otras: «No genera dióxido de carbono y es continua, a diferencia de la solar y la eólica. También tiene más viabilidad económica».
Durante el encuentro -que cerró el presidente del PJ, José Luis Gioja, y que contó con la participación de directivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)- Hensel insistió en que la «soberanía» nuclear contribuiría a «mejorar la matriz energética de nuestro país para ir suplantando a los combustibles fósiles«.
«Las provincias con más potencial en uranio, como Mendoza y Chubut, tienen leyes restrictivas de la actividad minera«, se lamentó Hensel, e inmediatamente agregó: «Ese es el combo que debemos enfrentar y que nos estamos ocupando desde la Secretaría de Minería«, en referencia a la resistencia que tiene la industria minera en Mendoza y Chubut.
Por su parte, Juan Álvarez, de la CNEA, destacó que «Sierra Pintada tiene unas 10.000 toneladas de uranio que pueden ser recuperadas, con un costo menor a 130 dólares por kilo«. Justamente, el yacimiento de San Rafael es el de mayor potencial que hay en Argentina, seguido por Cerro Solo, de Chubut, con 8.120 toneladas que podrían extraerse.
Al igual que Hensel, Álvarez también lamentó que ambos yacimientos «estén en dos provincias que prohíben la actividad minera. Es realmente un problema que tenemos que trabajar para destrabar la situación». Específicamente sobre Sierra Pintada, el integrante de la CNEA enfatizó que podría reactivarse rápidamente: «Está todo montado, se puede volver a producir rápidamente».
El cuadro de situación de Sierra Pintada
Fuera de producción desde la década del ’90, desde el año pasado se realiza la postergada remediación ambiental en el yacimiento Sierra Pintada de San Rafael, trabajos que se extenderán al menos hasta 2024. Básicamente, el proceso implica la separación del uranio de los residuos sólidos y líquidos que quedaron almacenados en el lugar.
El proceso de remediación implica irremediablemente un «mini» proceso de producción. En este sentido, en Sierra Pintada hay almacenadas unas 1.067 toneladas de residuos sólidos en más de 5.000 tachos de 200 litros, y 1.200.000 m3 de agua en canteras, a los que «hay que sacarles» el uranio. Una vez que termine el tratamiento, se habrán obtenido unas 14 toneladas de uranio que la CNEA podrá utilizar para producir energía atómica.
De todas maneras, es un porcentaje ínfimo, habida cuenta que de Sierra Pintada se podrían sacar hasta 10.000 toneladas de uranio. Sin embargo, si eventualmente se inicia un proceso formal para volver a explotar el área, la actual legislación de Mendoza impediría su desarrollo, ya que irremediablemente se requeriría la utilización de ácido sulfúrico, aunque actualmente se emplea este químico en los trabajos de remediación.
En este punto, para sanear los pasivos ambientales, se necesita separar el uranio de los residuos que quedaron en el yacimiento y, para eso, sí o sí se debe emplear ácido sulfúrico. Si bien es una sustancia prohibida por la ley 7722, la normativa sólo hace referencia al proceso de producción, sin mencionar los trabajos de remediación.
El constitucionalista de Alberto que frenó la apertura
Previo a la autorización que obtuvo la CNEA para iniciar la remediación en Sierra Pintada el año pasado, la Corte Suprema había rechazado la reactivación de la mina en 2010, ratificando una decisión del juez federal de San Rafael Raúl Acosta que había ordenado «abstenerse» de iniciar cualquier explotación productiva en el complejo minero.
En aquel momento, el promotor de la acción de amparo que avaló el juez Acosta fue el abogado pampeano Andrés Gil Domínguez, un constitucionalista que integra la «comisión de notables» que convocó Alberto Fernández para sugerir cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, como parte de la reforma judicial en curso.
Recientemente, Gil Domínguez reclamó que se cumplan los controles semestrales con asistencia al lugar. «El objetivo es informar al Juzgado sobre los avances en el trabajo de remediación y entre la Multisectorial y el Defensor del Pueblo controlar esas acciones que, al fin y al cabo, son medidas efectivas para que la totalidad de la población pueda participar en el control de esta remediación», publicó Diario San Rafael en marzo de este año.
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