SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- A una semana del escándalo institucional más grande de la provincia, el vicegobernador Osvaldo Jaldo se metió de lleno en el conflicto desatado en el Poder Judicial, con una muestra de que la división de poderes es letra muerta en este feudo.
Como se recuerda, el juez del Tribunal de Impugnaciones de la Capital, Enrique Pedicone, denunció que el vocal de la Corte Suprema de la provincia Daniel Leiva lo citó en un bar para pedirle que manejara la intensidad de la denuncia de abuso sexual contra el legislador Ricardo Bussi porque era funcional al oficialismo tucumano. Según el audio que se dio a conocer en distintos medios de la provincia y en EL FEDERAL NOTICIAS también, Leiva hablaba en nombre del gobernador Juan Manzur y del vicegobernador Jaldo. Traducido, un vocal de la Corte «sugería» a un juez mover una causa contra un legislador «opositor», según su alineamiento con el gobierno. Tan opositor, parece, no es.
En la última semana aparecieron distintas denuncias de juicios políticos contra el juez Pedicone. Según fuentes de tribunales, esas demandas fueron impulsadas por el vicegobernador a través de allegados. El argumento central de esas demandas era por la liberación de presos.
Tucumán ya tiene un antecedente de que los jueces no pueden ser molestados por sus fallos. El Jurado de Enjuiciamiento había destituido a la jueza Alicia Freidemberg por un fallo. La camarista recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con un fallo del ex juez Eugenio Zaffaroni, fue reincorporada a su cargo porque la doctrina indica que los magistrados no pueden ser molestados por sus fallos.
Legisladores «jaldistas», abogados, familiares de víctimas, hasta el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, fueron usadas por el vicegobernador para desprestigiar a Pedicone. Jaldo hasta pagó, con fondos de la Legislatura, una página completa en el diario local para ensuciar a Pedicone.
¿Por qué esa defensa del vicegobernador hacia un vocal de la Corte? Leiva siempre fue mano derecha del vicegobernador. Desde que era intendente de Trancas, y lo acompañó a Jaldo en todos los cargos públicos que tuvo. En 2015, cuando Manzur asumió como gobernador su primer mandato, Leiva fue fiscal de Estado. Desde allí, con el impulso de la fórmula gobernante, llegó a la Corte Suprema, a pesar del pésimo promedio en la Facultad y las denuncias por increpar a profesionales de la Salud que protestaban frente a la Casa de Gobierno.
Otra lectura posible puede ser la interna entre el gobernador y su compañero de fórmula por la sucesión. Manzur ya no puede ser reelegido pero sueña con reformar la Constitución para ejercer un nuevo mandato. Jaldo tiene la llave para cerrar esa puerta, ya que la Legislatura -que preside Jaldo- para habilitar la discusión de una reforma constitucional. Jaldo cree que llegó su momento para ser el reemplazante de Manzur.
Está claro que Leiva se excedió en pedirle a un subordinado que manejara la intensidad de la causa contra Bussi. Pero según el audio lo hizo en nombre de Manzur y de Jaldo. ¿Algún manzurista armó este escándalo para bajar a Jaldo de la carrera por la sucesión?
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