BUENOS AIRES.- Radio y Televisión Argentina (RTA) –la empresa estatal presidida por Rosario Lufrano, que días atrás se vio envuelta en un escándalo por el retiro de 11,4 millones de pesos en efectivo de cuentas bancarias– gastó, en enero, al menos $202.925.300 en los salarios de los 1033 empleados de TV Pública, sin contar las contrataciones aisladas y servicios tercerizados. Los datos surgen de la planilla de liquidación salarial de enero 2021, a la cual accedió LA NACION.
La remuneración bruta promedio fue de 198 millones de pesos, con un 42% de los salarios que ronda entre los $200.000 y $600.000. El sueldo fijo de los empleados de la televisión estatal puede llegar a engrosar hasta 11 veces su valor, con los plus recibidos por más de 150 conceptos distintos. Tal es el caso de un editor de postproducción con más de 30 años en RTA, que figura en la escala más alta de la nómina, cuyo sueldo fijo de $43.604 se transformó en $419.923, en el primer mes del año.
El secretario de Medios y Comunicación, Francisco Meritello, dijo que los sueldos son derechos adquiridos que «de ninguna manera deben volver atrás» sino que se debe «pensar en producir más».
En el enorme esqueleto de TV Pública se disipa el control del registro de horas extras y la rendición de adicionales, según afirmaron a LA NACION personas que pasaron por la nómina del canal. “Después de tantos años aprovechándose del Estado, la complejidad del enmascaramiento de los sueldos es enorme”, disparó una fuente que formó parte de la cúpula de la gestión audiovisual pública, y ejemplificó, respecto de algunos adicionales que penden de parámetros caducos: “Hasta hace un tiempo se pagaban adicionales por grabar a color, como si aún existiera la televisión en blanco y negro”. También, según explicó, es habitual que se cuelen ventajas entre los grupos familiares, en los que cada integrante rinde adicional por auto propio, aún cuando se trasladan en conjunto. Todos atajos que se consolidaron con el tiempo y suman a la hora de abrir la caja estatal.
“Los sueldos fueron siempre exorbitantes. Se intentaron racionalizar esos privilegios desmedidos que tenían los trabajadores de TV Pública en relación al resto de la administración del Estado y, cuando se puso la paritaria cero, nos hicieron varios paros”, dijo a LA NACION la ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) durante el macrismo, Silvana Giudici. Se refería a la medida tomada por el entonces secretario de Medios, Hernán Lombardi, que en 2018 congeló los aumentos salariales en el viejo Canal 7. En ese entonces, el promedio general de sueldos ya generaba ruido: era de $85.000. Además, según había declarado Lombardi, el canal estatal registraba un 30% de ausentismo, y un 15% de la masa salarial derivaba de las horas extras.
Giudici afirmó que el gobierno de Mauricio Macri intentó ajustar los acuerdos de sueldos con los cuatro gremios que intervienen en TV Pública –Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), Sindicato de Prensa, Asociación de Personal Jerarquizado (APJ) y Sociedad Argentina de Locutores (SAL)– ; en particular, con el Satsaid. “Se discutió mucho con el gremio de televisión porque los convenios marcaban, por ejemplo, que para grabar un programa simple en exteriores se necesitaban 25 personas, atado a que, antes, tenía que haber alguien que llevara la cámara, otro el cable, asistentes, etcétera. Hoy se resuelve hasta con un celular. El resto de la industria bajó los costos tremendamente y la televisión pública no”, detalló la exfuncionaria. “Todo está diagramado de un modo burocrático con estructuras elefantiásticas y estatus quos que vienen desde hace años”, enfatizó.
Si bien gran parte de las personas que está o estuvo vinculada al manejo de los medios estatales sostiene que los salarios de TV Pública superan con creces a los del mercado privado, el actual secretario de Medios y Comunicación, Francisco Meritello, defendió las cifras y dijo, en diálogo con LA NACION: “Los sueldos son sueldos del mercado televisivo, muy parejos con los canales privados, pero que, al compararlos con cualquier lugar del Estado, son mucho más altos. La mitad de la gente cobra más que yo, e, incluso, que el Presidente. Pero son derechos adquiridos que de ninguna manera deben volver atrás sino que hay que pensar en producir más”.
Según sostuvo Meritello, no es posible intervenir en los salarios. “No se puede hacer un ajuste. Durante la gestión de Lombardi congelaron la paritaria y ahora nosotros tenemos que afrontar esos costos, porque las medidas se pierden judicialmente”, dijo. Y después agregó: “Es un esquema de años y años, con saltos de sueldo por adicionales, áreas sensibles de noticias, horas extras y fines de semana”.
En el registro de liquidación salarial de enero 2021, el 90% de los sueldos tiene seis cifras. La mitad de los empleados cobró entre $100.000 y $200.000; un 30%, entre $200.000 y $300.000, y un 12%, percibió entre $300.000 y $600.000 por su trabajo de principio de año.
El escándalo por los bolsos de dinero
El caudal de salarios, para Meritello, no tiene ningún vínculo con el reciente retiro de los 11,4 millones de pesos del Banco Itaú, que se suponía estarían destinados a la producción de un documental sobre Manuel Belgrano. Se trata de un manejo de cajas distinto. “No vinculo una cosa con la otra, en absoluto. La extracción de plata es inexplicable desde cualquier punto de vista del sentido común porque cualquier pago se hace con transferencia o con cheques. Ya intervenimos las áreas vinculadas con el tema”, afirmó a LA NACION. En los últimos días, tras el escándalo, RTA aceptó la renuncia de Guillermo Siaira, director de Administración Financiera, y de Ernesto “Cune” Molinero, gerente de Producción –ambos percibían sueldos por encima de los $400.000–. Además, la empresa activó una auditoría interna, de la cual aún se desconocen resultados.
“Nosotros pusimos el tema arriba de la mesa. No hay falta de transparencia, en absoluto. La propia Lufrano, después de recibir una denuncia anónima por mail, llevó adelante la investigación”, enfatizó el actual secretario de Medios, ante las críticas recibidas por la oposición. Sin embargo, la iniciativa no convenció a los referentes de la gestión anterior, quienes insisten que las autoridades de más alto rango estaban al tanto del movimiento de dinero. “Lufrano no puede ser ajena a esto porque es imposible retirar ese monto en efectivo sin la firma de las autoridades máximas. Los montos de la caja chica son mucho menores; todo el resto, está bancarizado”, remarcó Giudici, y agregó, en referencia al síndico Rolando Oreiro: “Ella sólo pidió una auditoría y se la asignó a un militante”.
FUENTE: LA NACION
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