En una presentación ante la Justicia, el titular de la UCR formoseña, Martín Hernández, denunció que al menos unos 130 ciudadanos paraguayos cruzaron la frontera para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el gobierno nacional a través de la Anses, que contempla subsidios para trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas que demuestren ser ciudadanos argentinos, nativos o naturalizados con una residencia en nuestro país no inferior a dos años. En la página de la Anses se aclara, por otra parte, que ese beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH), con la Asignación por Embarazo y con el Programa Progresar.
El citado cobro, vinculado en este caso con la pandemia por coronavirus, está siendo usufructuado, según la denuncia del dirigente formoseño, por personas que, si bien han conseguido la ciudadanía argentina, se sospecha que lo hicieron de manera irregular, que no residen en nuestro país, que cuentan con empleo en Paraguay y, en algunos casos, hasta son jubilados allí. Y puso como ejemplo el de un exfuncionario público paraguayo jubilado que nunca residió en Formosa y que cobra el IFE. Se trata de Luis Adolfo Benítez Perrier, tío del actual presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.
A esa situación hay que sumar la violación de la disposición del cierre de fronteras, lo cual provoca no solo una situación de enorme riesgo sanitario a ambos lados del límite geográfico, sino también una burla a los controles locales.
“Se está cometiendo aquí un fraude fiscal y previsional contra el Estado argentino y falsedad de documento público a través del otorgamiento de domicilios falsos, lo cual permitió que muchos extranjeros obtuvieran su DNI argentino y, con ello, acceso a los beneficios sociales y previsionales de nuestro país. Estamos subsidiando a extranjeros con complicidad del Estado, de los registros civiles y de la Anses”, sostuvo Hernández.
Una práctica que, en el caso de Formosa, lamentablemente no es nueva. Basta con recordar cómo durante los días previos a las PASO de 2017, desde una radio de Paraguay, una dirigente del Frente para la Victoria llamaba a los paraguayos con DNI argentino a cruzar la frontera para votar y se quejaba por las restricciones impuestas por el gobierno nacional de entonces para detener ese movimiento ilegal de personas decididas a sufragar a cambio de favores políticos. En ese misma charla emitida por una radio de Alberdi, uno de los periodistas cerraba el programa arengando a los paraguayos, sin el menor prurito: “Aquellos que reciben algún subsidio, algún beneficio [de la Argentina], tienen que estar sufragando el domingo en Formosa”, porque “así son las cosas”.
No hay dudas de que “así son las cosas” en el feudo de Gildo Insfrán, gobernador de Formosa y caudillo vitalicio de uno de los distritos más pobres del país, gracias a la reforma constitucional de 2003 que habilitó su reelección indefinida. Hace 28 años que Insfrán gobierna de manera ininterrumpida: 28 años de indigencia, baja calidad educativa, un enorme mercado electoral cautivo, marcada degradación institucional y evidente falta de apego a la división de poderes. Sistemáticamente, cada vez que hay elecciones en Formosa se multiplican las denuncias de robos de DNI, padrones truchos, aprietes y corrupción.
Según el radicalismo provincial, desde 2011, desde que se vienen denunciando las citadas irregularidades, se han abierto 87 causas judiciales, con 4780 imputados, sin que haya habido avances significativos orientados a terminar con esta mafia con conexiones dentro y fuera de la provincia.Coronavirus: paraguayos cruzan a Formosa para cobrar “los 10.000” del IFE
Algunos laderos de Insfrán han procurado desentenderse de este nuevo escándalo mediante el uso de un argumento que, en lugar de exculparlos, los compromete todavía más. Han dicho que como la Anses, que entrega los subsidios, y la Gendarmería, que patrulla las fronteras, dependen del gobierno nacional no es responsabilidad de la provincia lo que ocurra. Sin embargo, los domicilios aprobados que dieron pie a la obtención de los DNI no los habilita el gobierno nacional, sino los registros civiles del distrito.
Denuncias periodísticas de los últimos años han mostrado, con visitas a los lugares sospechados de corrupción y con diálogos con vecinos, comerciantes y dirigentes, la forma ilegal en que se emite documentación en Formosa. Han constatado, entre otras cuestiones igualmente graves, la inexistencia de domicilios declarados como residencia y la supuesta convivencia de 40 personas en viviendas pequeñas que nunca nadie ha habitado, a pesar de estar declarados esos domicilios en los registros oficiales.
Ante la denuncia de Hernández, el fiscal federal Luis Benítez inició una causa de oficio para investigar la presunta existencia de ciudadanos paraguayos que cruzan la frontera para cobrar el IFE. El funcionario solicitó a la Anses la lista de beneficiarios para comprobar si residen en Formosa.
Cabe esperar que la Justicia actúe sin presiones, con absoluta libertad, y que pueda sancionar debidamente a quienes violan la ley.
Es hora de que Insfrán empiece a rendir cuentas y a hacerse cargo del desbarajuste de su administración y de la falta de apego a las normas, y que se busque terminar en Formosa con las viejas y deleznables prácticas corruptas de quienes se sienten impunes, amparados bajo el paraguas de un poder pretendidamente perenne.
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