El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, organización con mayor prestigio en el ámbito empresarial que promueve el crecimiento y la competitividad de las empresas del país, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por el alcance de la medida decretada por el Presidente Alberto Fernández.
Por medio de un DNU 690/2020 declara servicio público a los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones y congela las tarifas de estos servicios hasta fin de año en el contexto de la pandemia por el nuevo coronavirus.
IDEA se expresó de manera crítica con un texto titulado «Argentina necesita de reglas claras y previsibilidad para crecer».
El foro de empresarios que nuclea a un sector de gran incidencia económica en el país que ha acompañado otras instancias del gobierno como la re-negociación de la deuda, expresó: «La confianza y la previsibilidad son condiciones imprescindibles para generar empleo e inversiones en el país. IDEA, a lo largo de sus 60 años, apoyó todas las iniciativas vinculadas a mejorar la competitividad global del país y a asegurar la producción y el bienestar general. Entendemos que este es el camino para que la Argentina crezca».
Agregaron en otro de los párrafos «La Argentina necesita mantener las reglas claras a mediano y a largo plazo. Esto es válido para cualquier sector de la industria y para cualquier gobierno que lidere a los argentinos».
«La previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego generan confianza, atraen inversiones y fomentan el empleo. Las políticas de control de precios e impuestos excesivos solo distorsionan los mercados y reducen la competencia».
De esta manera el foro como espacio de discusión de propuestas para el sector y el país se manifestó en contra de las últimas medidas del gobierno en sintonía con otros sectores, que ven con preocupación el alcance de la medida en términos de calidad y en relación a inversiones tan necesarias para el país.
La simple denominación de «servicio público» no alcanza para que las prestaciones sean de mejor calidad y mayor alcance, sino que debe ser una política de Estado que implique consensos y arbitre reglas claras para mejorar inversiones sobre todo en un segmento de inversión dolarizado.
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