El Tribunal de Cuentas quiere saber si Cristina Contreras, de Las Cejas, usó fondos públicos para construir una casa en El Cadillal. El ente de control pidió informes de movimientos bancarios, tras cotejar la veracidad de las facturas. La delegada negó la compra de materiales.
TUCUMAN.- El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) decidió profundizar la investigación contra la comisionada comunal de Las Cejas, Cristina Contreras, tras una denuncia que la vincula con el presunto uso de fondos públicos para construir una vivienda particular en El Cadillal.
A través del acuerdo N° 4.339, firmado por el presidente del organismo Miguel Terraf y el vocal Marcelo Vidal, el TC requirió a la comuna que en un plazo de cinco días presente los libros bancarios y extractos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2024.
La medida busca determinar si los materiales de construcción y la pintura detallados en las facturas presentadas fueron adquiridos con dinero público, como denunció el dirigente Enrique Romero. Además de esta actuación administrativa, Romero presentó una denuncia penal contra Contreras y contra su esposo, el ex comisionado comunal Hugo Alfredo Lazarte.
El Tribunal aclaró que, si bien los hechos podrían tener carácter penal, le corresponde avanzar en su tarea de control para constatar si existió perjuicio al erario público.
En agosto pasado, el TC ya había solicitado a la comuna información sobre rendiciones y facturas por un monto superior a $2 millones (con valores de 2024). Sin embargo, la documentación nunca fue entregada. En una visita posterior a la sede comunal, la secretaria habilitada reconoció que “no contaba con los papeles requeridos”.
Posteriormente, una revisión del organismo constató que las facturas denunciadas no fueron incluidas en las rendiciones oficiales. Contreras declaró que las compras “no pertenecen a la comuna” y que “no serán incluidas en ninguna rendición”, aunque las facturas figuran a nombre de la administración de Las Cejas.
El TC también verificó la autenticidad de los comprobantes ante los proveedores, quienes confirmaron la validez de las facturas. Por esa razón, el organismo volvió a intimar a las autoridades comunales a presentar la documentación pendiente en un plazo de cinco días, que vence esta semana.
La comisionada, por su parte, denunció que es víctima de un “complot político” en su contra, mientras la oposición reclama una intervención inmediata de la comuna por supuestas irregularidades.