José Ignacio Sbrocco
EL FEDERAL NOTICIAS
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El procesamiento de José Alperovich en la causa por abuso sexual en contra de su sobrina fue la demostración más clara de que se le terminó el poder. Nunca tuvo tan latente la posibilidad de ir a la cárcel como ahora. El Código Penal establece penas entre 6 meses y 20 años a quien cometiera delitos de abuso sexual, según el agravante.
En el auto de procesamiento firmado por el juez Osvaldo Daniel Rappa, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, hace referencia a que el abuso sexual con acceso carnal reiterado en seis oportunidades, mediando abuso de poder y autoridad, le ocasionaron a la víctima un sometimiento sexual ultrajante.
Alperovich fue una persona que se acostumbró a manejar la provincia en un puño: dominó del Poder Ejecutivo provincial, la Legislatura funcionaba como una escribanía abierta las 24 horas y el Poder Judicial atendía siempre los llamados de Casa de Gobierno, el Tribunal de Cuentas jugó al distraído los 12 años en los que Alperovich era el mandamás provincial. Así gobernó la provincia durante 12 años sin sobresaltos.
El ex gobernador tucumano pudo dilatar la causa durante dos años que mantuvo el cargo de senador nacional. El kirchnerismo nunca tomó medidas en su contra, a pesar que eso le significaba en los papeles tener un miembro menos. El 20 de abril, después de la indagatoria, Alperovich había posteado en Twitter que se trataba de una causa armada para correrlo de la escena política. El jefe del bloque oficialista del Senado, el formoseño José Mayans, le comentó: «Mucha fuerza al querido compañero y amigo y a toda su familia». Quedaba despejado el apoyo kirchnerista a Alperovich. Luego dio de baja la cuenta en esa red social.
Sin embargo, en las elecciones de 2019, previo a la denuncia, los tucumanos ya lo habían corrido de la escena política cuando quedó en un lejano cuarto puesto cuando quiso volver a gobernar la provincia. Ya no era lo que era. Primera señal de que su poder se esfumaba.
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Con la finalización de su mandato en el Senado, la Justicia volvió a insistir. Fue clave el rol de los fiscales Santiago Vismara, de la Fiscalía Criminal y Correccional 10 y de Mariela Labozzetta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.
La denuncia había sido radicada por su sobrina en Tucumán y en Buenos Aires. Quizá otro síntoma de la pérdida de poder se configuró cuando la denuncia quedó fuera del alcance local, porque el Poder Judicial decidió unir los expedientes en la justicia porteña, lejos del dominio de la Justicia tucumana colonizada por Alperovich.