
La Sociedad Rural de Reconquista, en un comunicado de prensa, expresaron: “No vinieron por Vicentín, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos. Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón. No juzgamos conductas empresariales, para ello está la justicia. Desde el punto de vista ético juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público. Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República. Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación”.
Desde la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) también se sumaron a manifestar en contra de la decisión del gobierno: “La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”, marcaron en un documento.
“Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta. Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes”, agregaron en el comunicado.
Desde la Federación de Distribuidores de Insumos Agropecuarios (FeDIA), advirtieron que el “Estado no debe intervenir en la actividad privada”. Y agregaron: “Creemos desmedida tal acción, habiendo transcendido ofertas de actores privados con más experiencia en el negocio. Asimismo, consideramos que la libertad individual y de organización de una empresa privada siempre debe prevalecer y ser honrada en las decisiones de un Estado democrático”.
Un acreedor de Vicentín señaló hoy en diálogo con Infobae: «Estoy shockeado y muy sorprendido por el anuncio que hizo el presidente de la Nación. Habrá que esperar la implementación de la intervención y expropiación, y el temor sobre lo que sucederá de ahora en más, en el caso que se decida profundizar el intervencionismo del gobierno en la actividad agropecuaria. No hemos tenido el tiempo suficiente para analizar el Decreto del gobierno”.
La principal preocupación entre los acreedores pasa por determinar cómo funcionará la intervención, hasta donde llegará la expropiación de la empresa, y cómo será la operatoria en el mercado de granos. “Habrá que ver si se expropia solamente el sector de la cerealera y aceitera, o también alcanzará a otros rubros de la empresa”, comentó otro acreedor.
