ENTRE RIOS. Un informe del periodista Daniel Enz de la revista Análisis publicada este jueves, pone una lupa sobre los millones que se fueron de la deficitaria Caja de Jubilaciones de la provincia de Entre Ríos, dado que durante años se siguieron pagando ininterrumpidamente jubilaciones a personas fallecidas.
En tal sentido, el senador provincial Rubén Dal Molín (Federación-Juntos por el Cambio) solicitó al Poder Ejecutivo “la urgente intervención de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos” para que se investigue en “profundidad” las irregularidades que se denunciaron en la revista Analisis este jueves, sobre el pago indebido de, por lo menos, unas 80 jubilaciones a personas que están fallecidas, durante los últimos 15 años.
Para el legislador “urge” la intervención y posterior auditoría de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, debido al déficit que presenta actualmente el organismo. “De comprobarse los hechos que se denuncian, estamos ante un grave estado de desprolijidad, un hecho de corrupción y por eso exigimos que se investigue”, planteó.
Según Dal Molín, es necesario que el gobernador, Gustavo Bordet, tome cartas en el asunto para demostrar “transparencia, preocupación y ocupación” ante posibles hechos de corrupción. “Es necesario que disponga de la intervención de todo el directorio de la Caja para que se investigue hasta las últimas consecuencias y, en caso de haber responsables, paguen con todo el rigor de la ley”, señaló.
El senador aclaró que con su pedido “no estoy prejuzgando a nadie, solo pido que se investigue si lo que se denuncia periodísticamente que se hace como los pedidos que hizo el Tribunal de Cuentas, son ciertos”, acotó.
El otro agujero Negro
Según menciona Análisis, en principio se encontró un grupo de 80 jubilados, pero serían muchos más. De esa primera lista, surge que significaban un egreso de 2,5 millones de pesos mensuales a la quebrada Caja de Jubilaciones. La mayoría son de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se busca determinar si hubo fallas en el sistema o fueron desvíos organizados sistemáticamente, para bolsillos de unos pocos. La situación habría sido clave para el pedido de renuncia a Daniel Elías, quien fuera presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia y actual asesor del diputado nacional por Entre Ríos, Marcelo Casaretto (Frente de Todos).
La historia arrancó a mediados de mayo de este año, a escasas semanas del inicio de la cuarentena por el avance del Covid19, pero se escondió bajo siete llaves porque se sabía que era una información sensible e impactante. En el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), detectaron que un lote importante de personas fallecidas seguía con el beneficio de la obra social. Cuando profundizaron al respecto, notaron que la situación era más grave de lo pensado: eran todos jubilados muertos, la mayoría de ellos con domicilio fuera de Entre Ríos, donde “alguien” cercano a cada una de las personas seguía percibiendo la remuneración pertinente, pese a estar bajo tierra.
Cuando en el IOSPER miraron un poco más profundo notaron que en el padrón aparecían por lo menos 80 casos, muchos de ellos desde 2013 (aunque algunos eran de diez años antes) y que representaba para la Caja de Jubilaciones algo así como 2,5 millones de pesos por mes, que iban para gente no determinada que percibían beneficios por alrededor de 40 mil pesos mensuales. “Son algo así como 30 millones de pesos anuales que llevaba ese mecanismo”, se indicó. El Registro Civil había informado en su momento al IOSPER que tales personas habían fallecido, pero en la Caja de Jubilaciones seguía figurando y por ende se exigía el aporte de la obra social.
Fuente: Revista Análisis
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