El fiscal ante la Cámara de Apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, pidió la nulidad del procesamiento.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
Mauricio Macri fue procesado el año pasado por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.
El abogado, Pablo Lanusse logró que el expediente quede radicado en Comodoro Py, donde se debe resolver si quedará firme la acusación o si por el contrario, será desestimada.
El fiscal ante la Cámara de Apelaciones, José Luis Aguero Iturbe, pidió la nulidad del procesamiento, porque considera que el presidente fue indagado por unos hechos y procesado por otros, lo que violaría su derecho a la defensa. El representante del ministerio público quiere que Macri sea indagado correctamente, y recién entonces se evalúe su situación procesal.
Para el Juez Martín Bava, de Dolores (donde comenzó a investigarse la causa) durante el gobierno de Macri se «realizaron tareas de inteligencia ilegal, las cuales consistieron en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos».
Con el expediente ahora radicado en Comodoro Py, la Sala I (integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia) debe resolver si dejan firme la decisión de Martín Bava o si hacen lugar al reclamo de la defensa del ex Presidente.
Cuando se formuló la apelación, entre otros argumentos, la defensa había señalado que la resolución del juez «carece de novedad, por ser una reiteración de lo que ya nos había anticipado el Juez subrogante en su decisión del 1° de octubre de 2021, lo que nos llevó a recusarlo por temor fundado de parcialidad y prejuzgamiento”. Entonces, en un cuadro, comparó 48 párrafos que se repiten textuales en ambas resoluciones que se suponían, correspondían a instancias diferentes.
Pero centralmente, consideró que no había congruencia entre la imputación por la cual fue llamado a indagatoria y los hechos atribuidos posteriormente en el procesamiento.
Esa misma crítica sostuvo el Fiscal General ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe. En el dictamen al que accedió Clarín, señaló: «Advierto que en el presente caso se incurre en una vulneración del principio de congruencia que afecta insoslayablemente el ejercicio de derecho de defensa en juicio», tal como planteó el abogado Lanusse en su apelación.