La Administración Provincial de la Obra Social de La Rioja (APOS) es uno de los tantos casos de entidades de asistencia al personal estatal que dejan mucho que desear en cuanto a transparencia y servicio a sus supuestos beneficiarios: aquí contamos un par de casos para investigar.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Las obras sociales provinciales son un tipo de instituciones que -según el abogado Guillermo Jaimarena Brion- se diferencia de sus similares nacionales por no permitir la opción (beneficiarios cautivos); no son vigiladas ni fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación; las prestaciones médicas que deben brindar las obras sociales nacionales a sus afiliados-beneficiarios están contenidas en el llamado Programa Médico Obligatorio, que en las provincias no existe; no integran el seguro de salud de la ley 23.661; la legislación sanitaria que las regula «es fragmentaria, generada en períodos de gobiernos de facto y adolece de la filosofía ínsita en el derecho internacional de los derechos humanos». El 25% de los asegurados-beneficiarios del país están cubiertos por este tipo de instituciones.
La falta de participación de los trabajadores en su control es una característica -que, curiosamente, ningún gremio reclama-, y junto a la integración minoritaria de la oposición legislativa del Tribunal de Cuentas de la Provincia, implica que muchas irregularidades pasen desapercibidas.
En lo que va del año esta entidad ha contratado directamente: $ 870 mil en combustibles, $ 440 mil en instalación de acondicionadores de aire, $ 1.044.064 en vales de combustible para el interior, $ 1.320.000 en servicios profesionales no especificados, $ 17.544.000 en implante coclear unilateral (para sordera), $ 300.000 en servicios profesionales de comunicación estratégica, $ 922.200 en insumos informáticos, $ 396.000 en precintos, $ 2.500.000 en dos acondicionadores de aire, $ 12.648.000 en un procesador de sonido, $ 260.000 en una impresora láser, $ 200.000 en service y mantenimiento de matafuegos, $ 1.100.000 en vales de combustible, $ 250.000 en instalación de acondicionador de aire en Milagro y $ 455.142 en mobiliario para área letrada. Son 41 millones sin licitaciones ni concursos de precios, y estamos promediando marzo.
Un contrato realizado con la empresa Crear Salud SA (creada en abril de 2022, registrada ante AFIP en octubre y noviembre del mismo año, con convenio multilateral de Rentas desde enero de 2023) el noviembre de 2022 le asigna al privado la responsabilidad de incorporar afiliados adherentes (particulares voluntarios), pudiendo la empresa agregar servicios adicionales por su cuenta. La empresa no registra domicilio local, pero en San Juan tiene sede en una de las principales avenidas, entre la sucursal de una ART y un local del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Quien firma junto a contadora Claudia Ortiz (administradora de APOS) como gerente de Crear Salud, es su colega Leonardo Javier Dragani Zacarrán, egresado de la Universidad Nacional de La Rioja, y en su perfil de LinkedIn registra ser «responsable» de Global Médica SA (cadena Farmanor), una droguería con sede en La Rioja, cerca del Estadio de Vargas, famoso por ser sede de partidos de equipos metropolitanos en la provincia norteña. En otro perfil de la misma red laboral, el domicilio dado para Crear Salud es igual al de «Mas Consultora», su estudio contable fundado en 2012. No se conocen resultados de este contrato, ni cuanto ganó la empresa, ni en qué benefició a APOS y sus afiliados compulsivos, los empleados públicos riojanos.
Otro caso queda atestiguado en una carta documento de julio de 2020, a poco de que Claudia Ortiz asumiera en APOS. La droguería ABC SA, contratada en 2019, reclama casi 200 millones de pesos de deuda por 7 expedientes y 1 factura. Los prestadores médicos y proveedores de diverso tipo atestiguan por años la inoperancia administrativa y las eternas moras en el pago de la obra social riojana.
La entidad con casi 150 mil beneficiarios, 26 delegaciones, 3.037 prestadores, 19 farmacias y un servicio de emergencias (que compite con el 107 de la provincia), tiene notables zonas opacas y muchas faltas de idoneidad. ¿Cuándo llegará el momento de la transparencia de lo que se hace con la plata de los trabajadores estatales riojanos? Cuando llegue ese momento, quedará claro el grado de eficacia y eficiencia de muchos funcionarios que pasaron por Dorrego esquina Vélez Sarsfield, y de muchos legisladores y gremialistas que lo permitieron.-