Una presentación de la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario (REDECU), representada por los abogados Patricia Neme y Juan Andrés Robles, y por el diputado nacional Carlos Cisneros solicitaba la entrega de medicamentos gratuitos.
TUCUMAN.- El fiscal federal subrogante José Agustín Chit, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, solicitó la indagatoria del director ejecutivo del PAMI, Esteban Ernesto Leguizamo, y del titular de la UGL Tucumán, Ernesto Raúl José Iramain, por presunto incumplimiento de una orden judicial y desobediencia a la autoridad, en el marco de una causa que investiga el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados.
Según el dictamen N° 2120/2025, ambos funcionarios habrían incumplido una medida cautelar dictada por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, que ordenaba suspender en Tucumán las resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del PAMI. Dichas normas modificaban el régimen de cobertura del 100% en medicamentos esenciales previsto en el plan “Vivir Mejor”, vigente desde 2020.
El fallo de Mendoza, emitido el 14 de febrero de 2025, obligaba al organismo a restituir la cobertura total y difundir la decisión en medios de comunicación locales. Sin embargo, la fiscalía sostiene que, a pesar de haber sido notificados formalmente, Leguizamo e Iramain no habrían cumplido la orden judicial, ni en lo relativo a la suspensión de las resoluciones ni a la difusión adecuada del fallo.
La denuncia fue presentada por la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuario (REDECU), representada por los abogados Patricia Neme y Juan Andrés Robles, y por el diputado nacional Carlos Cisneros, quienes advirtieron que numerosos afiliados del PAMI en Tucumán debieron seguir pagando por sus medicamentos, lo que demostraría el incumplimiento del fallo.
El fiscal Chit calificó los hechos como desobediencia judicial (artículo 239 del Código Penal) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 249), ambos en concurso ideal, y pidió la citación a indagatoria de los imputados.
De acuerdo con la investigación, el incumplimiento habría afectado directamente el derecho a la salud de miles de jubilados y pensionados tucumanos, al restringir el acceso a medicamentos esenciales que antes eran gratuitos.
La medida judicial se enmarca en una serie de reclamos colectivos en distintas provincias contra los cambios en la política de medicamentos del PAMI, cuestionados por organizaciones de jubilados y asociaciones de defensa del consumidor.