Ricardo Quintela enfrenta al presidente Javier Milei desafiándolo con lanzar los Chacho y criticando la ley de Bases, pero internamente está rodeado de conflictos salariales, corrupción judicial, una polémica Convención Constituyente y el avance de las drogas en Chilecito.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Por un lado están las reiteradas denuncias a jueces corruptos y «casi», como la coimera Norma Abate de Mazzucchelli, la chileciteña Virginia Illanes Bordón (acusada de cohecho, prevaricato y estafa), y el «justificador» Alberto Marcelo Carrizo, qué declaró: «Si no se paga bien a los jueces, son seres humanos. Algunos son más permeables a la corrupción».
Esta es la ensalada que el Tribunal Superior de Justicia-presidido por Gabriela Asís- y el Consejo de la Magistratura -antes encabezado por la sobrina de Quintela, Karina Becerra, y ahora por el ex intendente de Chepes, Claudio Saúl-, no aciertan a resolver, tal vez por defecto de origen. Es que la «justicia» riojana es pródiga en designaciones partidarias, y de ejemplo basta un botón, o un botonazo: casi todos los miembros del actual Tribunal Superior fueron funcionarios y legisladores, y no tienen antecedentes como magistrados ni como simples empleados judiciales.
Por otra parte, el gobierno sostiene una Convención Constituyente con fines inconfesables -presidida por Ada Maza, hermana del destituido gobernador Ángel Maza-, pero con proyectos muy polémicos: ya saltó a nivel nacional el intento por limitar la libertad de expresión y de prensa, la proscripción de opositores -proyecto de un ex convencional «opositor»-, y ahora se debate la consagración de los «derechos humanos» al agua, la electricidad y la conectividad. Pero detrás de todas las proclamaciones se esconde el control de la justicia, la reelección indefinida del mismo gobernador, serias amenazas a derechos como el de propiedad privada, o el derecho a huelga y protesta, declarando esenciales la salud y la educación. Cabe destacar la deslucida actuación de la oposición encabezada por el radicalismo, que si bien sufre los efectos de ser pocos (8 contra 28), cada vez pierde más miembros de su bloque, que se pasan al oficialismo disimuladamente con «bloques unipersonales».
También está el frente salarial: la provincia tiene uno de los índices salariales más atrasados del país en el sector público, especialmente en salud, educación, seguridad y municipales. Esto conlleva a que este tipo de profesionales y técnicos hayan elevado la tasa de demandantes de empleo (subempleados), lo que a la larga atenta contra la calidad de esos fundamentales servicios públicos.
Cabe recordar que pese al retiro de los fondos extracoparticipables (discrecionales o ATN), La Rioja tiene la mayor coparticipación per cápita (por habitante) del país. El problema es el destino de esos fondos, que en gran parte se destinan al pago de deudas externas (como el famoso «Bono Verde» por el Parque Eólico Arauco, con amenaza de default), y a las decenas de empresas públicas cada vez más deficitarias, como los fracasos de Alas La Rioja y Rioja Bus.
Finalmente el auge del narcotráfico en Chilecito, segunda ciudad de la provincia, «la perla del oeste riojano», que hoy está a medio camino entre Rosario y Medellín -faltan las armas de fuego, pero no las ganas-. La acción de la Gendarmería Nacional y la justicia federal descubre a cada rato un nuevo grupo narco, y la fiscal y el juez federal han expresado su preocupación, lo que deja a las claras un triángulo causal que podría incluir el encubrimiento policial, judicial y político de las bandas, en territorio del actual intendente Rodrigo Brizuela y Doria.
Quintela sabe cómo disimular su crisis simulando bravura. Lo que no sabe es como mostrar coherencia y transparencia a cada paso que da. Y eso pesa cada vez más ante la amenaza de un Martín Menem que se mueve mediáticamente, pero casi sin arraigo territorial.-