El Ministro acusó en la Justicia a NRG Argentina y MARDG S.A.S. por “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa”.
Hugo Roldán
El Federal Noticias

El Ministro de Economía Sergio Massa, a través de una presentación hecha en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, el viernes 12 de agosto, denunció a las empresas NRG Argentina S.A. (que opera en Vaca Muerta) y a MARDG S.A.S., y también a sus directivos.
También requirió que a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) se ponga en conocimiento de esto al FinCen (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo que va contra los delitos financieros en Estados Unidos.
El monto del ilícito sería de 12 millones de dólares. De acuerdo a lo que precisaron fuentes confiables. La presentación se realizó en la Justicia local porque el procedimiento sería “más rápido” que encararlo directamente en Estados Unidos. La idea es generar “percepción de riesgo” para el resto de las compañías y, es más: llegarían nuevas acciones contra otras firmas.
El Ministerio de Economía se notifica de estas supuestas irregularidades a través de una denuncia del 23 de junio que hizo el Departamento de Importaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) y acusa a las compañías por el presunto “contrabando de importación agravado por la utilización de documentación apócrifa, a través de maniobras de sobrefacturación de importaciones y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realización de estas actividades ilícitas”.
La demanda es contra NRG Argentina S.A., Damián Strier, Oscar Cesar Darío Guercio, Norberto Oriola, Karina Cantafio, Pablo Marull y MARDG S.A.S., que habrían aplicado al mercado económico y financiero “ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a través de maniobras de sobrefacturación de importación, mediante las cuales habrían egresado divisas al exterior de forma indebida”.
A principios de agosto, Massa prometió hacer este tipo de presentaciones judiciales al decir que había 13.000 operaciones sospechosas vinculadas a casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, de parte de 722 empresas.