Cómo un remoto paraje de la cordillera riojana, una operación inmobiliaria cuestionada y una ley sancionada hace quince años volvieron al centro de la escena política argentina. Mientras el Congreso discute eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros, resurgen preguntas sobre seguridad jurídica, recursos estratégicos y el verdadero papel del Estado.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Esto resulta tragicómico: mientras algunos oficialistas alimentan teorías conspiranóicas presentando proyectos para cobrar aranceles en la educación o prohibir el acceso a la salud a los extranjeros, en el Senado de la Nación defienden un proyecto que va a permitir que los extranjeros compren la cantidad que quieran de tierras argentinas. Claron, no es lo mismo que se vaya a curar al hospital el «bolita» o el «paragua», o que estudie en la universidad el «brazuca» o el «peruca», que si viene Benetton, Tompkins o Joe Lewis a querer comprar media Patagonia o toda la Cordillera…
La discusión parlamentaria sobre la reforma de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, volvió a colocar en el centro de la agenda un debate que excede ampliamente la posibilidad de que un ciudadano extranjero compre un campo en la Argentina. La pregunta de fondo no es quién puede adquirir tierras, sino qué rol debe asumir el Estado cuando están en juego recursos estratégicos, zonas de frontera, cuencas hídricas, comunidades rurales y la propia seguridad jurídica.
La postergación del tratamiento del proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» en el Senado hasta el próximo 6 de agosto evidenció que el oficialismo todavía no consiguió construir una mayoría estable. Pero también dejó expuesto otro fenómeno: después de más de una década de vigencia de la Ley 26.737, el país vuelve a discutir exactamente las mismas preguntas que motivaron su sanción.
Y, en ese contexto, un nombre reaparece con fuerza: Valle Hermoso, en Vinchina.
Un pueblo perdido en la cordillera… y dentro de una escritura
A más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, en el departamento Vinchina, al oeste de La Rioja, Valle Hermoso parece uno de esos lugares donde el tiempo transcurre a otra velocidad. El paisaje es imponente. La población es mínima. La única escuela funciona desde mediados del siglo pasado. El agua que nace en esas montañas alimenta parte del sistema hídrico del oeste riojano y constituye uno de los recursos naturales más valiosos de la región. Nada hacía suponer que ese remoto paraje terminaría convirtiéndose en uno de los casos inmobiliarios más controvertidos de la historia reciente argentina.
En 2008 trascendió que un remate realizado en el Banco de la Nación Argentina había transferido aproximadamente 200.000 hectáreas de la zona al empresario y rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn. El dato que conmocionó a la opinión pública no fue únicamente la superficie involucrada. Según las investigaciones posteriores, dentro del inmueble comercializado quedaron comprendidos el propio paraje, familias asentadas desde hacía generaciones, tierras fiscales, nacientes de agua e incluso una escuela pública.
Las denuncias derivaron en investigaciones penales por presunto fraude y falsedad ideológica documental. La Justicia riojana avanzó sobre distintos actores involucrados en la confección de la documentación utilizada para respaldar la operación, mientras el Ministerio del Interior intervino posteriormente al considerar que se trataba de una Zona de Seguridad de Frontera, anulando la transferencia y evitando el desalojo de los pobladores.
Mucho más que una ley sobre extranjeros
La Ley 26.737 fue sancionada en diciembre de 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Habitualmente se la presenta como una norma destinada a impedir la extranjerización de la tierra. Esa descripción es parcialmente correcta, pero resulta insuficiente.
La ley estableció que las personas físicas o jurídicas extranjeras no podían superar el 15 % de la titularidad de las tierras rurales del país, ni de cada provincia ni de cada departamento. También fijó límites por superficie equivalente —1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo— y restricciones sobre determinadas tierras vinculadas con cuerpos de agua permanentes.
Sin embargo, la norma surgió en un contexto mucho más amplio. Durante los años noventa y la primera década del siglo XXI crecieron las adquisiciones de grandes extensiones rurales por parte de inversores extranjeros. Los casos del Grupo Benetton en la Patagonia, Douglas Tompkins en Corrientes, Joe Lewis en Río Negro y el conflicto de Valle Hermoso instalaron un debate político que trascendió las diferencias partidarias.
La preocupación no era exclusivamente económica. También involucraba cuestiones de soberanía, preservación ambiental, acceso al agua, conflictos con comunidades locales y control sobre áreas estratégicas.
El nuevo proyecto
El Gobierno sostiene que la Ley 26.737 constituye un obstáculo para la llegada de inversiones productivas y que su eliminación permitirá dinamizar el mercado inmobiliario rural.
El proyecto actualmente en discusión propone eliminar los límites porcentuales nacionales, provinciales y departamentales, suprimir las restricciones por superficie y modificar el esquema de control establecido por el Registro Nacional de Tierras Rurales.
Los argumentos oficiales se apoyan en cuatro ideas centrales:
- La primera sostiene que restringir compradores reduce la demanda y termina depreciando el valor de la tierra.
- La segunda afirma que la normativa vigente desalienta proyectos forestales, energéticos, vitivinícolas y agroindustriales que requieren grandes inversiones.
- La tercera cuestiona la burocracia administrativa creada por la ley.
- La cuarta plantea que la Constitución reconoce a los extranjeros los mismos derechos civiles que a los argentinos y que la legislación vigente introduce una discriminación incompatible con ese principio.
El otro lado de la discusión
Los sectores que rechazan la reforma responden que la propiedad rural no puede analizarse exclusivamente desde la lógica del mercado. Juristas, investigadores universitarios, organizaciones ambientales y parte de la oposición sostienen que la tierra posee una dimensión estratégica que justifica regulaciones específicas.
Su argumento principal no consiste en impedir inversiones extranjeras, sino en evitar la concentración sobre recursos considerados críticos. El agua aparece en el centro de esa discusión. También las zonas de frontera. Y, cada vez con mayor frecuencia, los minerales críticos, los bosques nativos y las reservas de biodiversidad.
Lo que sucede en el resto del mundo
Uno de los aspectos menos discutidos durante el tratamiento parlamentario es el derecho comparado. Contrariamente a la idea de que las economías desarrolladas mantienen mercados totalmente abiertos, la experiencia internacional muestra un panorama mucho más complejo:
- Brasil limita la adquisición de tierras rurales por extranjeros en cada municipio.
- México mantiene restricciones constitucionales dentro de las franjas de frontera y litoral.
- Australia exige revisiones obligatorias por parte del Foreign Investment Review Board.
- Nueva Zelanda somete numerosas operaciones al interés nacional.
- Canadá permite regulaciones provinciales.
- Estados Unidos, lejos de liberalizar completamente el mercado, endureció durante los últimos años los controles sobre compras realizadas por ciudadanos o empresas vinculadas con países considerados adversarios estratégicos.
- Incluso en Europa, donde existen mercados inmobiliarios mucho más abiertos, numerosos Estados mantienen mecanismos especiales de autorización cuando las operaciones afectan infraestructura crítica o recursos estratégicos.
La conclusión es evidente: La discusión internacional ya no gira exclusivamente alrededor de la nacionalidad del comprador. El verdadero eje pasa por determinar qué activos merecen una protección especial.
El punto ciego del debate argentino
Existe un aspecto sobre el cual oficialismo y oposición parecen coincidir, aunque casi nunca lo expresan de esa manera. Ambos hablan de la tierra. Pero muy poco del sistema que administra la tierra.
El caso Valle Hermoso mostró debilidades registrales, problemas catastrales y conflictos sobre títulos de propiedad que exceden cualquier discusión acerca de la nacionalidad del comprador. Un mercado completamente libre necesita registros extraordinariamente sólidos.
Y un régimen restrictivo tampoco funciona si el Estado carece de capacidad para controlar la autenticidad de los títulos dominiales. La verdadera fortaleza institucional no reside únicamente en prohibir o permitir operaciones: Reside en garantizar transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica.
Una falsa dicotomía
La política argentina suele presentar el debate como una elección entre dos modelos irreconciliables: De un lado, quienes consideran que cualquier restricción desalienta inversiones. Del otro, quienes interpretan que toda compra extranjera implica una amenaza para la soberanía.
La experiencia internacional demuestra que ambas posiciones simplifican una realidad mucho más compleja. Existen países extremadamente abiertos que mantienen fuertes controles sobre áreas sensibles. Y también Estados con severas restricciones generales que reciben importantes inversiones mediante regímenes especiales. La clave no parece estar en el porcentaje permitido, sino en la inteligencia regulatoria.
Lo que todavía debe responder el Senado
Cuando el proyecto vuelva al recinto, la discusión debería incorporar preguntas que todavía permanecen ausentes.
- ¿Es suficiente eliminar límites sin fortalecer simultáneamente los catastros y registros?
- ¿Existe un mapa actualizado de recursos estratégicos que deban permanecer bajo controles especiales?
- ¿Qué mecanismos impedirán operaciones especulativas sobre nacientes de agua o zonas de frontera?
- ¿Cómo se protegerán los derechos de comunidades campesinas e indígenas con situaciones dominiales todavía no regularizadas?
- ¿Quién controlará el verdadero beneficiario final cuando la compra se realice mediante sociedades radicadas en distintos países?
Ninguna de estas preguntas encuentra una respuesta definitiva en el texto actualmente debatido.
Una decisión que trasciende a un gobierno
La Ley 26.737 nació en un contexto político determinado. Su eventual modificación también responde a una visión específica sobre el funcionamiento de la economía. Sin embargo, ambas decisiones trascienden a los gobiernos que las impulsan.
La tierra es uno de los pocos recursos cuya disponibilidad no puede ampliarse mediante innovación tecnológica. Su administración condiciona el desarrollo económico, la producción de alimentos, la gestión del agua, la preservación ambiental y la ocupación efectiva del territorio.
Por eso el verdadero debate no consiste en decidir si un extranjero puede comprar un campo. Consiste en establecer bajo qué reglas, con qué controles, sobre qué territorios y mediante qué instituciones.
Valle Hermoso dejó una advertencia que sigue vigente dieciocho años después. Cuando el Estado pierde capacidad para controlar sus registros, proteger sus fronteras y garantizar transparencia sobre la propiedad rural, la discusión sobre la nacionalidad del comprador llega demasiado tarde.
Quizás esa sea la enseñanza más importante de un pequeño paraje cordillerano que, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más reveladores del debate argentino sobre soberanía, propiedad y calidad institucional.