Albertina Mangini está acusada de liderar la red dedicada a captar personas vulnerables para crear cuentas virtuales y mover los fondos ilícitos.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Una funcionaria judicial de la provincia de Buenos Aires, que trabaja en el Patronato de Liberados, fue detenida en el marco de una investigación por una presunta maniobra millonaria, que habría utilizado datos biométricos e identidades de ex-convictos para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover dinero procedente del juego clandestino.
La causa tiene conexiones con otras investigaciones vinculadas al circuito financiero y al fútbol, ya que uno de los implicados aparece mencionado en un expediente relacionado con una financiera ligada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.
Los investigadores detectaron un circuito de lavado de unos $ 27.000 millones y detuvieron a Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo dueño, Maximiliano Vallejo, tenía vínculos con el presidente de la AFA.
La funcionaria detenida es Albertina Mangini, quien es funcionaria del Ministerio Público Fiscal pero cumplía tareas en una oficina de enlace que dentro del Patronato de Liberados, un organismo descentralizado que depende del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia.
Está acusada de integrar una red que habría abierto cuentas en billeteras virtuales utilizando identidades y datos biométricos de personas que habían sido víctimas de robos de documentación.
La funcionaria ofrecía $ 80.000 a cambio de la entrega del documento, tomarse unas fotos y permitir un “escaneo del ojo”. Las personas eran elegidas por su condiciones de vulnerabilidad.
La fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata) imputó a la abogada e integrante de la Procuración General bonaerense por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. La habitualidad de la maniobra y su cargo operan como agravantes.
Junto a la funcionaria fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.
Mangini y Perrota se negaron a prestar declaraciones durante la indagatoria, mientras que Marchioni aseguró que su actividad comercial conssistía en el “corretaje y las inversiones”.
Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un auto BMW.
La pesquisa busca ahora determinar el alcance de la organización y el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados.
Para lograr burlar los controles formales, la organización transformaba los fondos ilícitos en créditos dentro de un casino online ilegal, operando bajo una clásica maniobra de fragmentación financiera conocida como “pitufeo”.
El juez de garantías Agustín Carlos Crispo deberá resolver en los próximos días las solicitudes de prisión preventiva, presentadas por la fiscalía contra los seis imputados en la compleja trama de corrupción.