La Rioja volvió a poner en circulación los Chachos, los bonos provinciales que en el lenguaje económico y periodístico son conocidos como una cuasimoneda. Desde el 17 de agosto de 2026, alrededor de 80.000 beneficiarios comenzaron a recibir 50.000 Chachos cada uno, lo que representa una inyección nominal cercana a 4.000 millones de pesos al circuito económico provincial.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
El Gobierno de Ricardo Quintela presenta la medida como una herramienta para recomponer ingresos y estimular el consumo. Pero detrás de los billetes con la imagen del Chacho Peñaloza hay una discusión bastante más profunda: ¿es una herramienta financiera transitoria para sostener la actividad o una manera de postergar un problema fiscal?
La respuesta no está solamente en la cantidad de Chachos emitidos. Está en quién los acepta, cómo circulan, cuándo se convierten en pesos y, fundamentalmente, quién termina asumiendo la obligación de rescatarlos.
Qué son realmente los Chachos
La primera precisión es jurídica. Los Chachos no son una moneda provincial en sentido estricto. Su denominación legal es Bonos de Cancelación de Deudas (BOCADE).
La Ley Provincial 10.703, sancionada en enero de 2024, autorizó al Poder Ejecutivo a emitir hasta $22.500 millones en bonos físicos o digitales. La norma estableció que cada unidad tendría un valor nominal equivalente a un peso de circulación legal y permitió utilizarlos para cancelar determinadas obligaciones, incluyendo hasta un 30% de las remuneraciones líquidas de trabajadores alcanzados por el régimen. La diferencia no es semántica.
La Constitución Nacional establece en su artículo 126 que las provincias no pueden acuñar moneda ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso. Por eso el diseño jurídico del Chacho es el de un bono de deuda provincial, no el de una moneda alternativa oficialmente reconocida.
En la práctica, sin embargo, cumple algunas funciones propias del dinero: tiene una unidad de cuenta, puede utilizarse para comprar bienes y servicios y circula entre consumidores y comercios. De allí surge el término cuasimoneda.
La Rioja ya tuvo BOCADE antes de los Chachos
El fenómeno tampoco comenzó en 2024. La Rioja tiene antecedentes de emisión de Bonos de Cancelación de Deudas en 1986 y 2001. El último gran antecedente nacional se encuentra precisamente en la crisis de 2001-2002, cuando varias provincias recurrieron a instrumentos similares ante la falta de liquidez. Patacones, Lecor, Federales, Cecacores, Quebrachos y otros bonos provinciales llegaron a circular junto con el peso.
La experiencia riojana actual es diferente en varios aspectos, pero comparte una característica esencial con aquellas emisiones: el Estado utiliza un título propio para introducir capacidad de pago en una economía donde el peso resulta insuficiente para cubrir determinadas obligaciones públicas. La diferencia es que en 2024 y nuevamente en 2026 no existe una crisis monetaria nacional equivalente a la de 2001. Por eso el interrogante es inevitable: ¿qué problema concreto viene a resolver hoy una cuasimoneda provincial?
De los Chachos de 2024 a los de 2026
Los primeros Chachos de esta etapa comenzaron a circular en 2024. La autorización legal llegaba hasta $22.500 millones, pero la emisión efectiva fue inferior al máximo autorizado. El instrumento tuvo una vigencia limitada y los bonos de aquella emisión vencieron el 31 de diciembre de 2024. Para quienes conservaron los títulos hasta el rescate definitivo, la Provincia estableció el pago del valor nominal más un 17% de interés, según las condiciones de aquella emisión.
La experiencia terminó con el rescate de los bonos. Eso constituye uno de los principales argumentos del Gobierno para defender su regreso. Pero conviene hacer una distinción: Que una emisión haya sido rescatada no significa automáticamente que haya sido fiscalmente gratuita.
Los pesos utilizados para rescatar los bonos tuvieron que salir de algún lugar. La pregunta relevante, entonces, es qué impacto tuvo el instrumento sobre las cuentas provinciales, qué costo financiero tuvo y si el movimiento económico adicional generado compensó ese costo. Ese análisis es bastante más exigente que afirmar simplemente que los Chachos “funcionaron”.
Cómo funciona la nueva emisión
La operatoria 2026 comenzó el 17 de agosto. Cada beneficiario recibe 50.000 Chachos, con una equivalencia nominal de uno a uno con el peso. El Gobierno estima que unas 80.000 personas recibirán el beneficio y que aproximadamente $4.000 millones ingresarán al circuito económico provincial.
Los Chachos podrán utilizarse hasta diciembre y la fecha final de rescate está establecida para el 29 de diciembre de 2026. El mecanismo tiene una particularidad fundamental: el trabajador que recibe Chachos no puede presentarse en un banco y cambiarlos directamente por pesos.
La propia Provincia lo aclara expresamente: los beneficiarios deben utilizarlos en comercios adheridos o para pagar impuestos, tasas y servicios habilitados. El mecanismo de rescate está destinado a los comercios y ningún banco opera directamente con Chachos. Esto transforma al comerciante en una pieza central del sistema.
El comerciante es quien sostiene el circuito
Imaginemos una operación sencilla: Un trabajador recibe 50.000 Chachos y compra alimentos. El supermercado acepta los bonos. Ahora el supermercado tiene 50.000 Chachos. Puede utilizarlos dentro del circuito, siempre que encuentre otro proveedor o servicio que los acepte. Pero también puede acudir al mecanismo de rescate y recibir pesos.
Así, el comerciante funciona como una especie de puerta de salida hacia la moneda nacional. Y allí aparece la cuestión decisiva. Si la aceptación comercial fuera baja, el Chacho tendría un valor práctico inferior a su valor nominal. Un billete puede decir “50.000”, pero si nadie quiere recibirlo, esos 50.000 son solamente una cifra impresa.
La confianza, en consecuencia, no surge del papel. Surge de la capacidad del Estado de garantizar su rescate y de la disposición de los agentes privados a aceptarlo.
¿Cuántos comercios aceptan Chachos?
En agosto de 2026 la Provincia informó que la red de establecimientos adheridos superaba los 840 comercios, distribuidos entre Capital y el interior. La lista incluye supermercados, almacenes, carnicerías, farmacias, estaciones de servicio, gastronomía, tiendas, comercios de artículos para el hogar y materiales de construcción. Es un dato relevante porque muestra que el sistema no está concentrado exclusivamente en la ciudad Capital.
Pero también hay que ponerlo en contexto: 840 comercios no equivalen a 840 empresas que acepten espontáneamente una moneda provincial. Son establecimientos incorporados a una operatoria específica de BOCADE.
La diferencia importa porque la aceptación comercial puede depender de la posibilidad de rescatar rápidamente los bonos y convertirlos en pesos. En otras palabras, el comerciante no necesariamente acepta Chachos porque crea que son una moneda sólida. Puede aceptarlos porque sabe que existe un mecanismo institucional para transformarlos nuevamente en pesos.
La experiencia 2024: ¿éxito o simplemente rescate?
El Gobierno provincial sostiene que la primera experiencia fue exitosa. Hay elementos objetivos que respaldan parcialmente esa afirmación. Los bonos circularon. Fueron aceptados por una cantidad significativa de comercios. Se utilizaron para pagar bienes, servicios, impuestos y otras obligaciones.
Y finalmente fueron rescatados. Pero existe una diferencia entre funcionar operativamente y ser una política económica exitosa. Un instrumento puede circular perfectamente y, al mismo tiempo, resultar costoso para las finanzas públicas. También puede estimular el consumo durante algunos meses sin solucionar las causas que provocaron la necesidad de recurrir a él.
Por eso el verdadero balance requiere responder otras preguntas: ¿Cuánto consumo adicional generó? ¿Cuánto de ese consumo simplemente sustituyó compras que se habrían realizado con pesos? ¿Cuánto costó el rescate? ¿Cuál fue su impacto sobre la recaudación? ¿Generó más actividad económica o simplemente redistribuyó capacidad de compra?
Y, sobre todo: ¿qué ocurre cuando el bono deja de circular?
El efecto multiplicador: un dato que necesita contexto
Entre los argumentos utilizados para defender la experiencia anterior aparece un efecto multiplicador de aproximadamente 1,34. El concepto es atractivo: significaría que los bonos no permanecieron inmóviles en manos de quienes los recibieron, sino que participaron de distintas operaciones antes de ser rescatados. Eso puede ser positivo para una economía local. Pero un multiplicador de circulación no es necesariamente un multiplicador de producción.
Que un mismo Chacho participe en varias transacciones no significa que la economía haya producido 1,34 veces más bienes y servicios. Son fenómenos diferentes. Para demostrar un impacto económico estructural habría que observar indicadores como producción, ventas reales, empleo privado, inversión, productividad y recaudación, comparándolos con un escenario en el que los Chachos no hubieran existido. Ese estudio, con metodología independiente y publicada, es mucho más difícil de encontrar.
No hay una encuesta que permita decir “los riojanos apoyan los Chachos”
Otro aspecto llamativo del debate es la ausencia de una medición independiente de opinión pública que permita cuantificar la aceptación social de la herramienta. Hasta la fecha, no aparece una encuesta provincial probabilística publicada que permita afirmar, con rigor estadístico, qué porcentaje de los riojanos considera positivos o negativos los Chachos.
Sí existen testimonios de comerciantes, declaraciones de cámaras empresariales y relevamientos administrativos. También hay una gran cantidad de opiniones en redes sociales. Pero un conjunto de comentarios en Facebook, X, Instagram o TikTok no constituye una encuesta. Y tampoco lo constituye una consulta realizada exclusivamente entre comerciantes adheridos.
Para medir aceptación social de manera seria habría que conocer, como mínimo, el universo consultado, el tamaño de la muestra, el método de selección, el margen de error, las fechas del trabajo de campo y la metodología empleada. Hasta ahora, ese dato no aparece.
Lo que dicen los medios: dos relatos enfrentados
La cobertura mediática muestra con claridad la polarización interpretativa. Desde el Gobierno provincial, los Chachos aparecen como un instrumento financiero para sostener el poder adquisitivo y dinamizar el mercado interno.
El ministro de Hacienda, Fabián Blanco, sostuvo que la herramienta permite atender simultáneamente las necesidades de los trabajadores y del sector económico provincial.
La oposición ofrece una lectura diferente. El diputado provincial Diego Molina Gómez calificó la medida como una política de posicionamiento político del gobernador y cuestionó que se presente como respuesta a una supuesta falta de recursos.
También reaparecieron críticas vinculadas con el historial financiero de la Provincia, su acceso al crédito y la relación con el Gobierno nacional. Ambos relatos contienen una parte del problema. Pero ninguno alcanza por sí solo para explicar el fenómeno.
El problema que queda fuera del billete
El Chacho permite hacer algo que una simple transferencia en pesos no hace de la misma manera: obliga a que una parte del poder de compra permanezca dentro del circuito económico provincial. Ese puede ser un beneficio para el comercio local.
Pero también constituye una restricción. Un trabajador puede gastar pesos en cualquier provincia. Un Chacho, en cambio, tiene un mercado mucho más reducido. Desde el punto de vista económico, eso puede ser una ventaja para retener consumo local.
Desde el punto de vista del consumidor, también puede significar una pérdida de libertad de elección. La paradoja es evidente: el mismo mecanismo que protege el mercado interno limita la movilidad del dinero. Y eso explica buena parte de la discusión.
La frontera de La Rioja también es la frontera del Chacho
Geográficamente, los Chachos tienen un límite muy claro: La Rioja. La Provincia puede establecer establecimientos adheridos en Capital y departamentos del interior. Puede ampliar la red y facilitar el pago de servicios o tributos. Pero no puede obligar a un comerciante de Córdoba, Catamarca, San Juan, Santiago del Estero o cualquier otra jurisdicción a aceptar un bono riojano.
Por eso un Chacho tiene una característica que lo diferencia radicalmente del peso: su utilidad depende de una red geográfica limitada y de una obligación futura del emisor. Un comerciante de otra provincia puede aceptar un Chacho si voluntariamente lo desea, pero no forma parte del circuito normal de aceptación. El bono, en definitiva, tiene una frontera económica. Y esa frontera coincide, prácticamente, con la frontera provincial.
El debate constitucional no desaparece porque se llame bono
La discusión jurídica tampoco debería reducirse a una cuestión de nombres. La Constitución Nacional reserva a la Nación determinadas competencias monetarias y prohíbe a las provincias acuñar moneda o emitir billetes sin autorización federal. La respuesta institucional riojana consiste en emitir bonos de cancelación de deuda, no moneda. Eso permite encuadrar el instrumento jurídicamente como una obligación financiera provincial.
Pero cuanto más se parece un bono a dinero en su utilización cotidiana, más importante resulta discutir los límites de esa distinción. La pregunta constitucional no es simplemente cómo se llama el instrumento. Es qué función cumple efectivamente. Ese debate merece estudios jurídicos específicos y no solamente argumentos políticos de uno u otro lado.
Una cuasimoneda no crea riqueza por sí misma
Este es quizás el punto más importante. Los Chachos pueden distribuir capacidad de compra. Pueden acelerar transacciones. Pueden sostener temporalmente el consumo. Pueden mejorar el flujo de caja de determinados comercios. Pero emitir un bono no genera, por sí mismo, nuevos bienes, servicios, productividad o inversión.
La emisión redistribuye capacidad de pago hacia el presente y crea una obligación de rescate hacia el futuro. Si el Estado puede rescatarla con recursos genuinos, el instrumento puede funcionar como una herramienta financiera transitoria. Si necesita emitir nuevos bonos para rescatar los anteriores, o si el rescate se vuelve cada vez más difícil, aparece un problema diferente. La experiencia argentina de las cuasimonedas de comienzos de siglo ofrece precisamente esa advertencia.
La pregunta que debería quedar abierta
Los Chachos regresaron. Ya están circulando. La Provincia sostiene que son una herramienta útil para defender el ingreso de los trabajadores y movilizar la economía. Los comerciantes necesitan saber que podrán transformarlos en pesos. Los trabajadores necesitan saber dónde pueden utilizarlos. Y los contribuyentes necesitan saber cuánto terminará costando la operación.
Por eso, más que preguntar si los Chachos son “buenos” o “malos”, la discusión debería concentrarse en cinco indicadores: cuánto se emite; cuánto circula; cuánto se rescata; cuánto cuesta rescatarlo; y qué actividad económica adicional genera.
Esos cinco datos permitirían pasar de la propaganda a la evaluación. Porque el verdadero valor de un Chacho no está impreso en el billete. Está en la confianza que exista en que mañana alguien lo aceptará y, llegado el momento, la Provincia podrá convertir esa promesa en pesos. Y esa es la cuestión que queda planteada con la segunda vida de la cuasimoneda riojana:
¿Los Chachos son una herramienta excepcional para atravesar una coyuntura o se están convirtiendo en una pieza recurrente del financiamiento provincial? La respuesta no la dará el billete. La darán las cuentas públicas.