Alguna vez Nicolás Maduro elogió con vehemencia el sistema de apoyos regionales que construyó Hugo Chávez desde 1998 hasta su muerte ocurrida en 2013. Maduro fue el heredero designado por Chávez antes de morir y en esta jugada quedó al descubierto la injerencia de Cuba en el país. Por lo tanto, este elogió no es menor dado que lo hizo la persona que termina beneficiándose directamente por este sistema regional de contención cuyo propósito consistía en amortiguar las críticas en la comunidad regional democrática ante la instalación de una dictadura. La ideología de la izquierda, por un lado, la entrega de petróleo por el otro. Estos fueron los dos instrumentos principales para lograr esta densa red de apoyo.
Hoy no queda nada de eso. Con la excepción de Cuba, Nicaragua, Argentina y algún que otro país del Caribe ya no hay más nada. Maduro está más solo que nunca.
Desde esa soledad decidió convocar a unas elecciones parlamentarias sin garantías para diciembre de este año. Esto dio lugar a un rechazo unánime de la oposición local y la comunidad internacional democrática.
Por lo tanto, el eje electoral vuelve a ponerse en la mesa de discusión. El deterioro de la institucionalidad democrática en el país se relacionó con un plan estratégico tendiente a suprimir a la oposición política, a reducirla a su mínima expresión. Ahogar, en definitiva, toda posibilidad de competitividad electoral.
El área de investigación de la ong Transparencia Electoral de América latina se propuso la tarea de dar cuenta de ese plan estratégico de desmantelamiento democrático y en agosto de este año presentará el libro “Así se vota en Venezuela”.
El trabajo, realizado por quien escribe, Jesús y José Delgado y Eduardo Repilloza, empieza con una mirada a la Venezuela moderna, de mediados de siglo XX, desde los inicios del sufragio universal, y repasa la conquista de derechos políticos y libertades fundamentales como el voto femenino, hasta la celebración de las primeras elecciones por voto universal que resultaron en la primera (aunque breve) experiencia democrática del país. Luego, se concentra en detalle en la Venezuela que precedió al chavismo, los 40 años de bipartidismo y democracia representativa encarnada por los partidos que suscribieron el Pacto de Puntofijo tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1958.
El puntofijismo es una etapa de la historia de la República civil venezolana, sobreviviente de golpes y conjuras auspiciadas y alentadas por Fidel Castro, pero también es una representación fiel de lo delicada que puede llegar a ser la democracia. Las deudas que tenía la democracia representativa con los venezolanos no eran menores, y a pesar de sus virtudes y de tener mucho para madurar, expiró drásticamente en 1999 para dar paso a la democracia “participativa y protagónica”.
Pasamos entonces a detallar esa etapa de transición entre una democracia y otra, deteniéndonos en sus definiciones. La democracia representativa o delegativa, hace sencillamente referencia a la forma en la que los ciudadanos eligen ordenar los asuntos públicos, y bajo este régimen la autoridad se delega a representantes que se encargan de gestionarlos en nombre de sus compatriotas. Esta autoridad delegada se confirma o renueva periódicamente, a través de la celebración de elecciones, único momento en el cual –alegan sus detractores—el ciudadano ejerce soberanía. Para el chavismo y los defensores de la democracia “participativa y protagónica”, el ciudadano debía, en teoría, manejar el poder constantemente por diversos medios de participación y contraloría directa, conservando en todo momento esa soberanía y delegando solo algo de autoridad para manejar el Estado. Haciendo uso de una Asamblea Nacional Constituyente unicolor, producto de un modelo electoral que sobrerrepresentó al chavismo, se introdujeron en la Constitución de la nueva República Bolivariana de Venezuela las figuras de referendo revocatorio y aprobatorio, “cabildos abiertos”, “consultas populares” y otras ideas novedosas.
Entre la juramentación de Chávez en febrero de 1999 y finales del año 2000, se celebraron seis procesos comiciales. El chavismo se escudó en aquel entonces en esto mismo para desacreditar a quien lo acusara de ser autocrático, y todavía hoy hace alarde de la cantidad de procesos electorales que se han realizado desde 1999.
Pero a no confundirse, la celebración periódica de elecciones no es en sí misma sinónimo de democracia, lo que importa es la calidad o integridad de estos procesos y su origen mismo. Chávez a todas luces utilizó la mayoría circunstancial con la que contaba para hacer aprobar todos sus proyectos sin umbrales mínimos de participación. Con alta abstención electoral, una maquinaria partidaria bien aceitada y una oposición desarticulada y desmovilizada, el chavismo avanzó sin perder tiempo en la imposición de un modelo que ve su fin último consumado en la forma de una nueva Asamblea Nacional Constituyente que Nicolás Maduro hizo aprobar e instalar en 2017 sin ningún tipo de referendo consultivo previo y sin fecha de cesación en funciones.
“Así se vota en Venezuela” desnuda al chavismo desde una perspectiva estrictamente electoral, exponiendo sin interrupciones y en un solo hilo narrativo la estrategia utilizada durante estos últimos 20 años para destruir a la democracia venezolana desde adentro. Se evidencia que Chávez no era un demócrata convencido que se cansó del saboteo opositor a su gestión y se radicalizó tras el golpe de Estado de 2002; sino que, al contrario, siempre fue un autócrata, con un proyecto de poder –más que de país–, más inclinado a la imposición que al consenso, cuya estrategia se precipitó como resultado de ese 11 de abril. Es después del golpe en su contra que, argumentamos, el chavismo entró en su etapa de autoritarismo competitivo. Mientras que en una democracia se compite en elecciones y cualquier partido puede perderlas; en autoritarismos competitivos se celebran elecciones en los que los partidos de oposición son los que las pierden.
La cooptación del Consejo Nacional Electoral, el court-packing, la subversión de la representación proporcional, la manipulación de circunscripciones electorales y de proyecciones poblacionales, son todas estrategias que el chavismo no inventó, pero que sí le sirvieron para bloquear el acceso de la oposición a puestos desde los que podía ser un contrapeso real al ejercicio del poder. Ya para la muerte de Chávez en 2013, las condiciones en las que se le permitía a la oposición participar de procesos electorales eran tales que hablamos formalmente de fraude estructural. Es decir, el sistema democrático estaba tan intervenido por el poder que cada etapa de los comicios (antes, durante y después del acto electoral) veía su integridad comprometida, cada una diseñada o amañada para dar ventaja al oficialismo, conservando condiciones y garantías mínimas para no desincentivar por completo la participación de la oposición.
Además, detallamos los casos en los que, aun cuando la oposición ganaba elecciones, las perdía. Cuando Chávez perdió el referendo aprobatorio de una reforma constitucional en 2007, se hizo aprobar una Ley Habilitante por la Asamblea Nacional y promulgó una batería de leyes contentivas de las propuestas que habían sido rechazadas en la consulta. Cuando el chavismo perdía elecciones regionales y gobernadores de oposición asumían sus cargos, utilizó la figura de las “Corporaciones de Desarrollo” regionales bajo control del poder central para desviar recursos, llegando incluso a sustraer la administración de autopistas, puertos y aeropuertos de los gobiernos estaduales, aun cuando la Constitución las categoriza como competencias exclusivas de estos.
El chavismo no se detuvo ante nada para concentrar lo que quedara de poder, y al perder todos los tipos de mayorías de la Asamblea Nacional en 2015 reveló la última faceta del proceso revolucionario: el autoritarismo cerrado o régimen de partido único. Utilizó los poderes constituidos para neutralizar al Congreso hasta que instaló una nueva Asamblea Nacional Constituyente, sin fecha de cesación en funciones, con lo que profundizó la crisis institucional.
En este contexto se produce un nuevo llamado a elecciones, que como hemos dicho no presentan ninguna garantía y por lo tanto se inscribe en este proceso de refuerzo autoritario.
Entre las virtudes más destacadas que presentan las elecciones integras es que reducen los niveles de conflictividad al dar garantías a los partidos que participan y a los ciudadanos en su derecho a elegir. El nivel de violencia inusitada en el país puede interpretarse por la ausencia de elecciones justas y libres dando lugar a una relación inversamente proporcional entre la violencia y la integridad electoral. Es decir, a menor integridad, mayor violencia.
El libro de Transparencia Electoral representará, sin duda, un gran aporte para dar cuenta de esta situación que tanto daño ha causado en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
*Leandro Querido: Politólogo y especialista en sistemas electorales y Observación Electoral. Director Ejecutivo de Transparencia Electoral
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