La UIF describió un sistema de recaudación ilegal en la obra pública, con participación de funcionarios, empresarios y financistas.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la jornada de ayer durante la audiencia del juicio, «Cuadernos de las Coimas«, la Unidad de Información Financiera (UIF), en su rol de querellante, expuso las acusaciones correspondientes al tramo conocido como “La Camarita”, centrado en la cartelización de la obra pública.
Se presentó un listado de 175 pagos ilegales, atribuidos a la condenada Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, por un total de $ 171.224.710 y U$S 613.000.
Según la UIF, existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios y empresarios que permitió el funcionamiento de una organización criminal sostenida por retornos vinculados a contratos de obras y servicios.
El modus operandi se instrumentó a través de anticipos financieros y certificaciones de obra, con un rol central del entonces titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.
Julio De Vido, por su parte, fue señalado como responsable político del sistema, con coordinación de José López y ejecución de Carlos Wagner, mientras que el financista Ernesto Clarens habría sido clave en la recaudación.
La acusación sostiene que los sobornos se realizaron entre 2008 y 2010 y fueron canalizados a través de Daniel Muñoz, ex-secretario privado de Néstor Kirchner.
Entre las empresas involucradas, JCR S.A., de la familia Relats, concentró 40 pagos por más de $85.000.000, en paralelo a la adjudicación de decenas de obras viales.
Además, se destacó el vínculo comercial entre los Kirchner y el Grupo Relats, por el alquiler del hotel Los Sauces, que, según el ex-contador Víctor Manzanares, generó ingresos millonarios y fue una pieza central del patrimonio familiar.