Tras un breve protagonismo mediático y financiero, acaba la aventura de los chachos, los bonos de cancelación de deuda con los que el gobernador riojano Ricardo Quintela se pintó de rebelde ante las políticas de control del gasto público del presidente Javier Milei.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
Autorizado por la ley provincial 10.703, el gobierno de La Rioja, encabezado por Ricardo Quintela, comenzó en julio a pagar parte de los salarios de los empleados públicos con bonos de cancelación de deuda. En agosto, sumó un bono unificado de $50.000 para empleados provinciales, municipales, contratados y beneficiarios de planes sociales vinculados a la actividad pública. Aunque el monto autorizado era de $22.500 millones, circularon rumores de que se imprimieron cerca de $30.000 millones, lo que nunca fue confirmado oficialmente.
En total, se habrían introducido al mercado más de $9.000 millones en bonos desde el 1 de julio, cuya fecha de vencimiento es el 31 de diciembre. Sin embargo, el jueves 21 de noviembre, el gobierno anunció que el próximo pago de bonos a empleados públicos se realizaría en pesos a través de sus cuentas bancarias. Por otra parte, desaparecieron de la plataforma electrónica del gobierno los recibos de los chachos hace unos días atrás. Algunas versiones señalan que, tras el fracaso de Quintela en su campaña por la presidencia del PJ Nacional, no había razones para seguir desviando fondos ni agravar el atraso salarial de la provincia.
Los «chachos», llamados así en «homenaje» al caudillo federal Ángel Vicente Peñaloza, asesinado en 1863 por fuerzas unitarias, generaron polémica mediática, pero escaso conflicto real entre la Casa de las Tejas riojana y Balcarce 50. Los cruces entre el presidente y el gobernador fueron tema recurrente en redes sociales. No obstante, más allá de una advertencia formal sobre el uso y rescate de los Bo.Ca.De., el conflicto judicial se centró principalmente en el reclamo por los fondos coparticipables y extracoparticipables, que el gobierno nacional envía con demoras o directamente no transfiere.
La experiencia disruptiva del «gitano» Quintela llamó la atención de agencias de noticias y analistas económicos internacionales, pero ninguno se atrevió a pronosticarle éxito. Mientras tanto, los comerciantes denunciaron estar atrapados entre una clientela con «dinero» en bonos, un gobierno que los presionó de forma extrema y proveedores que se negaban a aceptarlos, comparándolos con billetes del «Estanciero», el popular juego de mesa.
En redes sociales, especuladores llegaron a ofrecer descuentos del 10% al 12% para canjear los bonos por pesos. Pese a las críticas, los «chachos» lograron movilizar parcialmente el comercio local, que depende en gran medida de los pagos salariales provinciales, las jubilaciones, la tradicional «quincenita» (adicional no remunerativo) y, hasta ahora, de los bonos emitidos.
El Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea (Córdoba) había advertido en un informe de 2003 sobre los efectos negativos de emitir cuasimonedas en las provincias, práctica prohibida por la Constitución Nacional. Según el documento:
- Predomina su uso transaccional por encima de su valor como instrumento de inversión.
- Generan pérdida del poder adquisitivo debido a inflación, precios diferenciales y desvalorización directa del bono.
- Las provincias emisoras suelen presentar los peores indicadores fiscales.
- Las cotizaciones de los bonos dependen más de las fricciones en su circulación que de señales fiscales sólidas.
- No se observan impactos positivos en la actividad económica de las provincias emisoras.
Con el anuncio del pago en pesos, los «chachos» parecen haber llegado a su fin, dejando una lección más sobre los riesgos y limitaciones de las cuasimonedas en la economía argentina.