La fiscalía cuestionará como “arbitraria” la decisión del traslado de la causa a un juez del beneplácito de los acusados.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- La fiscalía busca que la Justicia determine que el cambio de juzgado de la causa de la «Mansión de Pilar», presuntamente vinculada al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se presenta como última instancia, en el caso de que la Cámara de Casación rechace el pedido.
El recurso lo promueve el fiscal Mario Villar, luego del traslado del expediente a manos del juez Adrián González Charvay, del beneplácito de la defensa de los imputados por la adquisición irregular de la mansión.
Los imputados son Luciano Pantano, un monotributista, y su madre jubilada, Ana Conte, ambos caras de la empresa Real Central SRL, que adquirió la propiedad ubicada en Pilar provincia de Buenos Aires.
En la causa se investiga un presunto lavado de activos en la operación inmobiliaria de una casona valuada en U$S 20 millones y en donde se encontraron 54 autos de alta gama.
El fiscal sostiene, que si el argumento utilizado para sacar el expediente del fuero Penal Económico es que el lavado de dinero constituye un delito federal, entonces la causa debería regresar al juez federal Daniel Rafecas.
La defensa de Pantano y Conte había reclamado que el caso se trasladará a Campana con el argumento de que la competencia territorial debía estar determinada por el lugar en donde se encuentra la propiedad investigada, pero el fiscal pone el foco en el posible acto de lavado y ello es un delito federal a tratarse en Comodoro Py, máxime cuando la sede social de la empresa que compró la propiedad, se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
De qué se trata el recurso del fiscal
El fiscal Villar presentará un recurso extraordinario federal ante la Cámara de Casación, que deberá decidir en primer lugar si lo admite. En caso afirmativo, la causa quedará frenada hasta que se resuelva su competencia, si sucede lo contrario, la fiscalía recurrirá a la CSJN.
Si la Corte acepta el caso, será el tribunal que intervendrá en la discusión sobre la competencia, aunque no tendrá plazos determinados para dictar la última palabra.