La polémica por el cierre de las matrículas de los profesorados expuso un problema que viene de antes: tecnicaturas discontinuadas, carreras sin reemplazo anunciado y decisiones cuya fundamentación todavía no aparece con claridad. La nueva Ley Provincial de Educación Superior crea mecanismos de planificación y evaluación que ahora deberán demostrar si pueden ordenar una oferta académica que responda a las necesidades reales de la provincia.
Jorge Brizuela Cáceres El Federal Noticias
La discusión sobre el futuro de la educación superior en La Rioja dejó de ser una cuestión circunscripta a la matrícula 2027. En los últimos días, la controversia por la continuidad de algunos profesorados de Capital puso bajo la lupa una problemática más amplia: qué carreras necesita la provincia, cuáles tienen demanda suficiente para sostenerse, cuáles deben reconvertirse y quién decide cuándo una propuesta académica deja de tener sentido.
El conflicto tuvo como epicentro reciente al Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Docentes y estudiantes denunciaron inicialmente incertidumbre por la inscripción 2027 del Profesorado de Francés y reclamaron explicaciones oficiales. La principal objeción fue que la decisión habría sido comunicada verbalmente y sin una resolución que explicitara sus fundamentos.
Días después, el escenario cambió. El vicerrector Mariano Simes confirmó que no se suspenderían las inscripciones y aclaró que no se había planteado el cierre de carreras, aunque reconoció que se había analizado la posibilidad de suspender durante un período la matrícula de algunas propuestas con baja cantidad de inscriptos. Entre las carreras mencionadas estuvieron Francés, Física, Química y Tecnología Educativa. También se dieron versiones sobre el eventual cierre de las inscripciones para el profesorado de Educación Inicial (Maestras Jardineras), aunque luego no se confirmó.
La misma discusión alcanzó al Instituto Tobar García, donde representantes de la comunidad educativa se reunieron con autoridades del Ministerio de Educación y acordaron mesas de trabajo para analizar la situación de las inscripciones y la oferta académica.
Finalmente, el Ministerio de Educación anunció que garantizará las inscripciones 2027 de las ofertas académicas de los institutos de formación docente de la Zona IV, Capital. Al mismo tiempo, informó que durante 2027 trabajará con las instituciones para analizar la oferta y definir las carreras correspondientes al ciclo 2028, considerando las necesidades educativas, el contexto socioproductivo y las oportunidades laborales. El conflicto, entonces, parece haberse desactivado parcialmente. Pero la discusión de fondo recién comienza.
El problema no nació con francés, ni con clarinete
El relevamiento realizado para esta investigación permite encontrar antecedentes anteriores al conflicto de septiembre. En el Instituto Superior de Arte y Comunicación Alberto Mario Crulcich fueron cerradas en 2024 las inscripciones a las Tecnicaturas Superiores en Operación de Estudios de Radio, Operación de Estudios de Televisión y Operación de Planta Transmisora. O sea, hace 2 años que no hay ingresantes. Luego se informó que se está trabajando en una serie de propuestas de reemplazo de carreras, mientras se trata de dar terminalidad (que se reciban) a los estudiantes que están cursando. Este conflicto llegó a un sumario a algunos docentes y bedeles por las protestas contra el entonces rector -y actual supervisor del Nivel de Zona IV (Capital)-, profesor Roberto Contreras.
En el Instituto Otto Krause (que funciona en el turno noche de la Escuela Humberto Pereyra), durante los últimos años dejaron de ofrecerse las carreras de Comercio Internacional, Bibliotecología y Administración Contable. Hasta el momento, tampoco se ha informado públicamente qué nuevas propuestas reemplazarán esas ofertas, aunque las autoridades informas que se está trabajando con los docentes.
Esto introduce una pregunta que excede ampliamente la discusión sobre una carrera determinada: cuando una propuesta desaparece, ¿qué mecanismo permite determinar que dejó de ser necesaria y cuál establece qué debe ocupar su lugar? No es una cuestión menor.
Una carrera puede tener baja matrícula y, sin embargo, resultar estratégica para una región. También puede suceder exactamente lo contrario: una carrera históricamente instalada puede mantener una estructura institucional importante pese a formar profesionales para un mercado laboral saturado. El problema, por lo tanto, no se resuelve contando estudiantes de primer año. Hace falta mas información.
La nueva Ley Provincial de Educación Superior y la polémica
El 17 de septiembre la Legislatura provincial sancionó la Ley 10.902, que establece un nuevo marco para la educación superior provincial y articula su funcionamiento con las leyes nacionales 26.206, 24.521 y 26.058 y con los acuerdos federales del Consejo Federal de Educación. La norma figura actualmente como vigente en el registro oficial de leyes de la Legislatura, pero aún no se publicó en el Boletín Oficial.
La ley declara a la educación superior como una política integral del Estado provincial y establece que el Estado debe garantizar las condiciones institucionales y presupuestarias necesarias para su funcionamiento. Pero al mismo tiempo introduce una idea decisiva: la oferta académica debe ser planificada.
El artículo 5 establece que esa planificación deberá considerar las demandas del sistema educativo, el contexto socioproductivo y laboral, las condiciones institucionales y los estudios de factibilidad elaborados por las áreas correspondientes del Ministerio de Educación. La misma norma incorpora la evaluación integral permanente como herramienta para la toma de decisiones. Ahí aparece el verdadero desafío de la nueva legislación. Porque planificar no significa simplemente abrir carreras cuando faltan docentes ni cerrarlas cuando baja la matrícula.
Planificar significa poder explicar, con información verificable, por qué una carrera se abre, por qué continúa, por qué se relocaliza, por qué se transforma o por qué deja de recibir nuevos estudiantes.
Ordenar la oferta
La Ley 10.902 crea el Consejo Jurisdiccional de Educación Superior y le asigna funciones específicas de planificación. Entre ellas se encuentra definir la viabilidad técnico-política para abrir nuevas ofertas y relocalizar carreras existentes, siempre con un informe previo de prefactibilidad regional.
También puede proponer carreras de formación docente y técnica a término: hasta cuatro cohortes para las primeras y hasta tres para las segundas, sobre la base de informes elaborados por el propio Consejo. Es una herramienta relevante, porque permite que la provincia pueda adaptar su oferta a necesidades concretas y evitar que toda carrera deba transformarse necesariamente en una estructura permanente.
Pero también establece una exigencia. Si una carrera se abre a término, se relocaliza o se decide modificar la oferta, debería existir un expediente que permita reconstruir las razones de esa decisión. La nueva ley, de hecho, crea una Comisión de Evaluación de la Formación Docente y Técnica para acompañar procesos de autoevaluación y evaluación integral y participativa de las instituciones. Su función declarada es orientar precisamente la toma de decisiones y el diseño de políticas educativas.
Por eso, frente a cada carrera discontinuada aparece una pregunta documental concreta: ¿dónde está el informe que fundamentó la decisión?
La información no es una excusa
Otro de los puntos más relevantes de la Ley 10.902 es la creación del Sistema Integral de Gestión Administrativa y Académica. El artículo 28 establece un sistema para registrar y realizar el seguimiento de la información del nivel superior, incluyendo datos administrativos, financieros, académicos y de recursos humanos. Es decir que la propia ley reconoce que la gestión de la educación superior necesita información sistematizada.
Eso permite plantear una agenda concreta. Para evaluar una carrera deberían conocerse, entre otros indicadores, la matrícula histórica, los nuevos ingresantes, la permanencia, el abandono, los egresos, la duración efectiva de las trayectorias, la cantidad de docentes, las horas asignadas, la infraestructura disponible, el costo institucional, la demanda laboral y las necesidades de cada región. También debería conocerse qué sucede con los egresados. Porque formar profesionales sin saber dónde trabajan, cuánto demora su inserción laboral o si efectivamente existe demanda para su perfil equivale a administrar la oferta mirando solamente una parte del problema.
Docentes y técnicos: dos lógicas que deben encontrarse
La ley diferencia claramente ambos campos. Para la formación técnica profesional establece como finalidad responder a las demandas del sector productivo y de servicios, promover innovación y desarrollo sostenible y favorecer una inserción laboral de calidad. El artículo 19 profundiza esa orientación y establece que la formación técnica debe vincularse con el mundo del trabajo y con las necesidades de desarrollo del sector socioproductivo. También asigna a los institutos funciones de investigación, desarrollo, innovación, extensión y vinculación tecnológica.
El caso del Otto Krause resulta especialmente significativo bajo este nuevo marco. Si Comercio Internacional, Bibliotecología y Administración Contable dejaron de recibir nuevos estudiantes, corresponde conocer qué diagnóstico justificó esas decisiones y qué oferta se proyecta para responder a las necesidades que supuestamente aquellas carreras ya no satisfacían.
La pregunta es todavía más importante si no existe una propuesta de reemplazo claramente comunicada. Una discontinuidad sin reconversión puede ser planificación. Pero también puede ser simplemente reducción de oferta. La diferencia está en los documentos.
El caso Crulcich y la transformación tecnológica
El caso del Crulcich plantea otro interrogante. Las tecnicaturas superiores en Operación de Estudios de Radio, Operación de Estudios de Televisión y Operación de Planta Transmisora respondían a un modelo tecnológico y laboral determinado. Que hayan dejado de existir puede responder a una transformación real del sistema de medios. Pero una transformación tecnológica no necesariamente implica que desaparezca la necesidad de formación profesional. Puede significar que cambió el perfil.
La pregunta que debería responder la política educativa es entonces qué profesionales necesita hoy el ecosistema de medios, producción audiovisual, streaming, radio digital, televisión, plataformas y tecnologías de transmisión de La Rioja. Si aquellas carreras fueron discontinuadas porque quedaron tecnológicamente desactualizadas, ¿qué formación las sustituyó? Si no fueron sustituidas, ¿qué diagnóstico determinó que esa necesidad profesional dejó de existir? La nueva Ley 10.902 ofrece instrumentos para responder esas preguntas.
Pero el imperio de los tiempos dice que es imposible creer que ese tipo de carreras, en los tiempos del streaming, el podcast, las redes sociales y las plataformas digitales dejaron de ser útiles, sobre todo cuando no hay otras ofertas de este tipo en la región.
El conflicto de 2026 deja una señal
La controversia del Albino Sánchez Barros tuvo una característica que no debería perderse de vista. Primero apareció la incertidumbre, después llegaron los reclamos. Luego se aclaró que no habría suspensión de matrícula para 2027. Y finalmente Educación anunció que el análisis de la oferta quedará abierto durante 2027 para definir el escenario de 2028.
Ese recorrido revela una dificultad de comunicación y de planificación que merece ser estudiada independientemente de quién tenga razón en cada episodio. La discusión pública comenzó antes de que existiera una explicación suficientemente clara y terminó con la promesa de un proceso de planificación. ¿Improvisación, autoritarismo, internas políticas o personales, diferencias de criterios técnico-profesionales? La nueva ley precisamente pretende institucionalizar ese proceso.
Una ley aprobada sin debatir con la comunidad educativa
El debate tampoco terminó con la sanción de la Ley 10.902. El viernes 2 de octubre docentes y estudiantes de institutos de formación docente se movilizaron frente a la Legislatura y reclamaron mayor debate sobre la norma. Según informó Nueva Rioja, los manifestantes cuestionaron la participación que tuvieron durante el tratamiento legislativo y plantearon objeciones sobre aspectos de la nueva organización del sistema. La información debe ser tomada como la posición de los sectores movilizados, no como una conclusión sobre la ley.
Lo que sí constituye un dato verificable es que la norma acaba de entrar en escena mientras la propia comunidad educativa discute cómo se implementará. Y la ley todavía necesita reglamentación. El artículo 30 establece que el Ministerio de Educación debe conformar una comisión dentro de los 30 días de su publicación y que la reglamentación deberá ejecutarse dentro del plazo de un año desde su sanción. Ese período será decisivo.
¿Qué Educación Superior necesita La Rioja?
La Rioja no necesita elegir entre dos caricaturas: conservar absolutamente todas las carreras existentes o cerrar aquellas que tengan pocos alumnos. El desafío es bastante más complejo. Una política pública responsable debería poder identificar dónde hacen falta docentes, técnicos y profesionales; qué perfiles demanda cada región; qué carreras presentan baja matrícula pero alto valor estratégico; cuáles tienen dificultades estructurales; cuáles deberían actualizar sus diseños curriculares; cuáles pueden funcionar como carreras a término y cuáles requieren continuidad permanente. Y, sobre todo, debería poder explicar cada decisión.
La nueva Ley 10.902 contiene herramientas para hacerlo: planificación, evaluación, prefactibilidad, Consejo Jurisdiccional, Comisión de Evaluación y sistema integral de información. Ahora habrá que comprobar si esas herramientas funcionan en la práctica. Porque la discusión que comenzó alrededor de Francés, Física, Química o Educación Tecnológica no termina con la inscripción 2027. Tampoco termina con los antecedentes del Crulcich y del Otto Krause.
La verdadera discusión está en el próximo capítulo: qué carreras ofrecerá La Rioja en 2028, con qué información serán seleccionadas y quién asumirá la responsabilidad de explicar públicamente por qué unas continúan, otras se transforman y otras desaparecen.
Una educación superior moderna necesita adaptarse. Pero una administración pública también necesita algo más elemental: reglas conocidas, decisiones fundamentadas y capacidad de mostrar los datos sobre los que decide. La Ley 10.902 acaba de convertir esas exigencias en parte del propio marco provincial. Ahora empieza el examen.
¿Qué pasa a la vuelta?
La pregunta ya no es solamente qué carrera se abre o se cierra. La cuestión de fondo es qué sistema de Educación Superior necesita una provincia pequeña, territorialmente dispersa y con una estructura productiva en transformación.
Y cuando La Rioja se compara con las provincias de Cuyo y el NOA, aparece una conclusión relevante: el problema riojano forma parte de una transformación regional, pero la respuesta institucional de cada provincia es diferente.
Los datos nacionales más recientes disponibles permiten observar esa diferencia. En la última década, la cantidad de estudiantes de formación docente cayó 5% en Argentina, mientras los egresados aumentaron 54%. Al mismo tiempo, la matrícula de los niveles inicial, primario y secundario —es decir, la demanda potencial de nuevos docentes— apenas aumentó 1%. La Rioja, por lo tanto, no está ante una anomalía nacional. Pero sí presenta algunas características que vuelven especialmente sensible el problema.
Según datos de Argentinos por la Educación, la provincia tenía en 2024 30 institutos de formación docente, la misma cantidad que en 2015. Sin embargo, reunían 6.489 estudiantes y la matrícula había disminuido aproximadamente 3% en la década: unos 424 alumnos menos. El 93% de los institutos era estatal y el 97% de los estudiantes concurría a instituciones estatales. Hay aquí una primera particularidad riojana. La provincia prácticamente no redujo su red institucional durante una década, mientras disminuía su matrícula.
En Mendoza ocurrió exactamente lo contrario: los institutos de formación docente pasaron de 59 a 43 entre 2015 y 2024, una reducción del 27%. San Juan también redujo su cantidad de institutos, de 19 a 15, mientras que San Luis pasó de 15 a 14. En el NOA encontramos situaciones diferentes. Salta pasó de 60 a 71 institutos y Tucumán de 47 a 59. Santiago del Estero pasó de 54 a 58. Jujuy, en cambio, bajó de 29 a 27 y Catamarca de 25 a 22.
En conclusión: La formación docente depende de una variable que suele quedar fuera de la discusión: la cantidad de niños y adolescentes que habrá que educar. En La Rioja, la matrícula de inicial, primaria y secundaria cayó alrededor de 3% entre 2015 y 2024, desde 93.999 a 90.898 estudiantes. En el país, durante el mismo período, aumentó 1%.
Por lo tanto, La Rioja enfrenta simultáneamente:
- menos alumnos en educación obligatoria;
- menos estudiantes de formación docente;
- una red de institutos prácticamente estable;
- fuerte predominio estatal;
- dificultades económicas que afectan la matrícula;
- y una oferta que necesita adecuarse al cambio productivo.
No es difícil entender por qué determinadas carreras comienzan a resultar financieramente difíciles de sostener. Pero tampoco sería correcto concluir que la respuesta automática debe ser cerrarlas.
Las tecnicaturas y el problema productivo
En las tecnicaturas el problema es todavía más complejo: ¿qué estructura productiva existe y qué estructura productiva quiere construir la provincia? Mendoza está orientando parte de sus tecnicaturas hacia minería, petróleo y gas, energías renovables, metalmecánica, construcción y tecnologías digitales.
La Rioja necesita realizar una operación equivalente, pero adaptada a su propia estructura:
- minería;
- olivicultura;
- vitivinicultura;
- agroindustria;
- energías;
- turismo;
- logística;
- tecnologías de la información;
- servicios;
- mantenimiento industrial.
La discusión no debería ser simplemente cuántas tecnicaturas tiene la provincia, sino qué perfiles técnicos está produciendo y si esos perfiles coinciden con los puestos de trabajo que efectivamente existen o existirán.
La comparación regional permite observar tres modelos.
Modelo de reducción y reconversión
Mendoza y, parcialmente, San Juan
Menos instituciones, actualización curricular, carreras prioritarias, nuevas tecnicaturas y políticas de incentivo.
Modelo de expansión
San Luis, Salta y Tucumán
Más instituciones y, en algunos casos, mayor matrícula; pero con resultados heterogéneos en egreso y necesidad de fortalecer la planificación.
Modelo de estabilidad con creciente tensión
La Rioja
Red institucional prácticamente estable, fuerte dependencia estatal, caída de matrícula y conflictos cada vez más visibles alrededor de determinadas carreras.
Catamarca constituye un caso adicional: fuerte caída de matrícula, reducción institucional y, simultáneamente, crecimiento extraordinario de egresados.
El desafío para La Rioja
La comparación con Cuyo y NOA deja una conclusión bastante clara: La Rioja no debería copiar el modelo mendocino, sanjuanino, salteño o puntano. Debería aprovechar lo que muestran esas experiencias para construir su propio Mapa Provincial de Educación Superior.
Ese mapa debería cruzar al menos seis dimensiones: Demografía (¿cuántos estudiantes habrá?), Educación (¿qué docentes necesitarán las escuelas?), Economía (¿qué perfiles profesionales demandará la matriz productiva?), Territorio (¿dónde deben estar las instituciones?), Trayectorias (¿cuántos ingresan, permanecen, egresan y consiguen empleo?) y Costo público (¿cuánto cuesta sostener cada propuesta? ¿está de acuerdo con su función social y estratégica?).
El dato que falta
La información disponible permite afirmar que el sistema riojano está atravesando un proceso de ajuste de su oferta, pero todavía no permite afirmar con suficiente rigor que determinadas carreras sean innecesarias. La propia investigación nacional señala que faltan datos públicos desagregados por carrera y trayectorias de cohortes. Ese vacío de información es especialmente problemático cuando una decisión puede afectar simultáneamente:
- el derecho de los estudiantes a completar sus estudios;
- la estabilidad de los docentes;
- el arraigo territorial;
- la disponibilidad futura de profesionales;
- y la capacidad productiva de la provincia.
Por eso, el debate riojano no debería quedar atrapado entre dos consignas igualmente insuficientes: «no cerrar ninguna carrera» y «cerrar las carreras sin alumnos». La experiencia de Cuyo y NOA muestra que existen alternativas intermedias: reconvertir, fusionar, actualizar, regionalizar, utilizar modalidades híbridas, establecer carreras a término, incentivar determinadas especialidades y abrir nuevas tecnicaturas.
El desafío consiste en hacerlo antes de que la matrícula obligue a tomar decisiones de emergencia. La Educación Superior riojana necesita pasar de una lógica de reacción ante el conflicto a una política de planificación anticipada. Y allí está, probablemente, la discusión de fondo que las protestas de los últimos años todavía no han conseguido instalar completamente, y que trasciende a lo educativo:
La Rioja no necesita solamente decidir qué carreras conservar. Necesita decidir qué provincia quiere construir y, a partir de esa respuesta, qué Educación Superior necesita para hacerlo posible.