Jaldo dijo que esta medida permitirá conseguir oportunidades laborales en el sector privado para incrementar sus ingresos.

TUCUMAN.- El retiro voluntario que lanzó el Gobierno tiene una doble finalidad: por un lado bajar el gasto público y por otro, permitir que el trabajador pueda tener otro ingreso, que permita llegar más aliviado a fin de mes.
En este contexto nacional muchos empleados está bajo la línea de pobreza a pesar del sueldo que perciben. Según publicó el Indec la semana pasda, una familia tipo necesitó $773.385 para no ser pobre.
En una conferencia de prensa, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo dijo que el Poder Ejecutivo envió dos proyectos de ley a la Legislatura: Retiro Voluntario Programado para agentes de la Administración Pública Provincial y otro para invitar a jubilarse al personal que cuente con los años de servicios y de aportes establecidos por la legislación previsional.
El retiro voluntario permitirá a los empleados retirarse del servicio después de cuatro años, conservando su cargo pero liberando vacantes para nuevas contrataciones. Esta medida brinda flexibilidad a aquellos empleados cuyos salarios no satisfacen sus necesidades financieras, permitiéndoles buscar otras oportunidades laborales mientras mantienen ciertos beneficios, como la cobertura de la obra social y el aporte jubilatorio”, detalló Jaldo.
Según el proyecto que se empezará a discutir en la Legislatura, el trabajador que acepte el retiro voluntario cobrará el 70% de su sueldo actualizable por paritarias.
Asimismo, indicó que «se estima que esta medida generará un ahorro significativo para la provincia, de entre un 25% y un 30%, ya que se continuarán cubriendo algunos costos asociados con los empleados que opten por el retiro voluntario».
Además, el Primer Mandatario manifestó que «se ha propuesto una segunda ley que busca abordar la situación de los empleados jubilados que continúan percibiendo un salario del Estado. Esta iniciativa busca garantizar una distribución más equitativa de los recursos y evitar que personas con ingresos adicionales sigan recibiendo sueldos estatales».
Y agregó «ambas leyes están pendientes de aprobación por parte de la Legislatura Provincial. Se espera que, una vez sancionadas, estas medidas contribuyan a reducir el tamaño del Estado y a asignar recursos adicionales a áreas prioritarias como salud, seguridad y educación».