Vecinas procesadas aseguran que las cámaras de seguridad desmienten las declaraciones de la funcionaria y de la legisladora Alejandra Cejas. El caso se suma a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Por Fabián Juárez
Redacción El Federal Noticias
TUCUMAN.- La situación judicial y política de la intendenta de Graneros, bautizada nacionalmente como «La Adorni Tucumana», Raquel Graneros, sumó un nuevo y explosivo capítulo en los tribunales ordinarios. En las últimas horas, la jefa municipal fue denunciada penalmente por el presunto delito de falso testimonio agravado.
Esta nueva presentación complica aún más su frente legal, justo en momentos en que permanece bajo la lupa pública en una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito, vinculada a la adquisición de una lujosa propiedad en el barrio privado Las Yungas, en Yerba Buena, a 130 kilómetros de su lugar de trabajo.
Las cámaras de seguridad: la clave que desmentiría a la intendenta
La nueva denuncia fue impulsada por un grupo de vecinas que actualmente se encuentran procesadas por supuestas amenazas simples, tras un escrache ocurrido el pasado 28 de abril a la salida de una celebración religiosa frente a una iglesia de la localidad. La acusación de perjurio no solo apunta a la intendenta, sino también a su madre, la legisladora provincial María Alejandra Cejas.
Según argumentan las denunciantes, ambas mandatarias habrían falseado los hechos en sus declaraciones judiciales con el único fin de magnificar el incidente vecinal y perjudicarlas en el expediente.
Las abogadas defensoras, Tania Visintini y Karen Sánchez, presentaron especificaciones técnicas que exponen una contradicción severa entre los testimonios de las funcionarias y los registros audiovisuales:
La declaración oficial: Tanto Graneros como Cejas declararon bajo juramento haber permanecido «secuestradas» durante casi diez minutos dentro de una camioneta, cercadas por manifestantes agresivos.
La prueba de video: Las letradas aseguran que los registros digitales del propio Centro de Monitoreo de la Municipalidad demuestran que el vehículo se retiró del lugar en menos de treinta segundos, dejando la versión oficial sin sustento.
«Las pruebas fílmicas son contundentes y dejan en evidencia que se falseó la realidad para perjudicar a ciudadanas comunes de Graneros», sostienen desde el entorno de la defensa.
Intervención de la Justicia y el frente patrimonial
La denuncia formal exige que el Ministerio Público Fiscal realice una compulsa milimétrica de las filmaciones y las confronte con las actas de las declaraciones. Las vecinas solicitaron la apertura de un legajo autónomo bajo los términos del artículo 275 del Código Penal, advirtiendo sobre la gravedad institucional que reviste el hecho de que altas autoridades del Estado incurran en falso testimonio.
La causa se encuentra ahora bajo el análisis del fiscal general del Centro Judicial Concepción, Diego Sebastián Hevia. Asimismo, el equipo legal de las denunciantes solicitó extraer copias certificadas de la causa de amenazas para blindar el nuevo proceso por perjurio.
Este escándalo impacta de lleno en el municipio del sur tucumano, acoplándose a la investigación preliminar que la justicia lleva adelante sobre el patrimonio de la intendenta Raquel Graneros, tras detectarse la compra de una fastuosa mansión valuada en más de un millón de dólares, un frente económico que la funcionaria aún debe justificar.