Se anunciaron unos 60 despidos en la repartición que debe defender los intereses de la Argentina. Fuertes sospechas sobre empleados que trabajaron con el ex procurador kirchnerista Carlos Zannini.
BUENOS AIRES.- En medio del millonario litigio internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno nacional inició una purga interna sin precedentes en la Procuración del Tesoro de la Nación. La medida se tomó tras detectar supuestas “filtraciones” de información sensible que habrían beneficiado al fondo buitre Burford Capital, el principal demandante en la causa que se tramita en Nueva York.
Según confirmaron altas fuentes oficiales, ya fueron desvinculados más de 60 funcionarios y empleados del organismo que representa legalmente al Estado argentino. Si bien la excusa pública fue una “reestructuración institucional para eficientizar el funcionamiento y reducir el gasto público”, lo cierto es que la administración libertaria avanza en una limpieza profunda tras sospechar que hubo venta de datos internos que perjudican la estrategia judicial del país.
La bomba estalló el miércoles a última hora con un comunicado de la Procuración que oficializó los despidos, acompañados por la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y la reducción de direcciones nacionales de seis a cuatro.
“El caso YPF es extremadamente delicado y está en juego el patrimonio nacional”, advirtieron fuentes cercanas al procurador adjunto Santiago Castro Videla, encargado de la investigación interna. Según trascendió, la sospecha más grave es que empleados del organismo podrían haber vendido información reservada sobre la estrategia judicial a Burford, que reclama una millonaria indemnización por la estatización de la petrolera decidida durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Aunque aún no hay nombres en la mira, en el oficialismo no descartan que las filtraciones estén vinculadas a funcionarios que trabajaron durante la gestión del exprocurador kirchnerista Carlos Zannini. Incluso, en las últimas horas se reactivó una causa judicial que lo involucra por presuntas irregularidades en el proceso de reestatización que hoy tiene a la Argentina contra las cuerdas en la justicia norteamericana.
Desde la Casa Rosada mantienen un estricto hermetismo sobre los avances de la investigación, pero aseguran que no se permitirá ninguna maniobra que debilite la posición del Estado en este juicio clave. “Se está haciendo una purga. Creemos que hubo filtraciones en el caso YPF”, fue la contundente definición que dejaron trascender.
El conflicto legal lleva más de una década y cobró nueva fuerza hace dos semanas, cuando la jueza Loretta Preska ordenó al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. El Gobierno ya apeló esa decisión y logró una suspensión administrativa temporal, mientras insiste en que no hay –ni habrá– negociación directa con los demandantes.
Lo cierto es que la interna dentro de la Procuración del Tesoro deja en evidencia el nivel de tensión y desconfianza que rodea al caso. Las presuntas traiciones internas no solo podrían haber costado millones al país, sino también abrir un capítulo oscuro en la defensa del patrimonio nacional frente al acecho de los fondos buitres.