La reactivación de la causa sobre las ONGs riojanas vuelve a poner frente a la sociedad un circuito que durante años se naturalizó: organizaciones sin actividad real, sin CUIT válido, sin domicilio constituido y sin proyectos comprobables que, aun así, recibieron cientos de millones de pesos de fondos públicos y los retiraron en efectivo sin dejar rastro.
Los números hablan por sí solos. Fundación Futuro, que actualmente no figura con CUIT válido, registró $299 millones en depósitos y $140 millones en retiros por ventanilla. Fundación Amanecer, en la misma condición irregular, movió más de $85 millones, también convertidos rápidamente en efectivo. Visión Riojana, Huellas Chileciteñas, Caminando Juntos, Progreso, Vanguardia, Desafío y varias más repiten la misma secuencia: depósitos estatales, extracciones en ventanilla, domicilios dudosos y estructuras sin actividad verificable.
La repetición casi mecánica del esquema indica que no se habría tratado de iniciativas comunitarias fallidas ni de organizaciones improvisadas, sino de vehículos administrativos diseñados para mover dinero público con mínima supervisión. En algunos casos, las irregularidades serían aún más profundas: CUIT inexistentes, bajas de oficio en AFIP, estatutos sin actividad económica, domicilios que no existen y registros que nunca pasaron por los organismos de control de la provincia.
Un ejemplo emblemático es la Fundación Liderar, vinculada a un funcionario provincial y señalada en su momento por manejar fondos destinados a personal tercerizado en hospitales. Como tantas otras, no presenta actividad económica, no tiene CUIT válido y mantiene inconsistencias administrativas que nunca fueron corregidas, a pesar del volumen de dinero que administró.
Pero la novedad más reciente proviene del el informe crediticio del Banco Central sobre la Fundación Hacer Juntos. Lejos de mostrar actividad, la entidad pasó por meses completos en “situación 5” (incobrable), sin cheques, sin créditos, sin proveedores y sin operaciones. Una estructura inerte que luego “normaliza” su situación simplemente por dejar de existir bancariamente. Esta radiografía encajaría exactamente en el modelo de fundación utilizada como cascarón para operaciones puntuales, sin trayectoria social ni económica.
Cuando se observa el conjunto, la conclusión es inevitable: más del 80% de las organizaciones analizadas no podría justificar ni un solo peso de los millones que recibieron. Y sin embargo, movieron sumas equivalentes al presupuesto anual de un municipio entero. La fecha de corte, el 30 de junio de 2015, coincide con un período de intensa actividad política y con las advertencias que el Nuevo Banco de La Rioja había elevado al BCRA y a la Unidad de Información Financiera por retiros sospechosos.
El problema de fondo no es solo la existencia de estas fundaciones fantasma, sino el modo en que fueron utilizadas. Cuando el Estado distribuye recursos sin controles, sin auditorías y sin rendiciones, abre un vacío donde lo público deja de pertenecer a los ciudadanos para transformarse en un territorio sin dueño. Las instituciones están para evitar precisamente eso: que el dinero de todos termine circulando por canales que nadie supervisa, en manos de estructuras que nadie conoce.
La causa ONGs no expone solo un posible delito; expone un modo de administrar. Un sistema donde se tolera que entidades irreales, sin domicilio y sin actividad, manejen cifras millonarias sin oposición ni preguntas. Y cuando las instituciones renuncian a su función más básica —controlar, supervisar y exigir responsabilidad— el costo siempre lo paga el contribuyente, nunca los administradores.
La reactivación judicial de 2025 abre una oportunidad poco frecuente: volver sobre un entramado que, durante una década, sobrevivió por inercia, silencio o conveniencia. Los datos están, los números son públicos y las inconsistencias son demasiado evidentes para seguir ignorándolas. Ahora será tarea de la Justicia determinar responsabilidades. Pero es tarea de la sociedad exigir que nunca más se pueda mover un peso del Estado sin que quede claro quién lo pidió, quién lo autorizó y quién lo retiró.