La Fiscalía que lleva adelante la investigación a cargo de Omar Rodríguez por defraudación en el uso de recursos, destinados a refacciones en las escuelas públicas de la provincia, derivó en la causa que provocó la salida de la funcionaria y un escándalo de corrupción más en el Gobierno de Mariano Arcioni.
En la causa también se encuentra imputado el ex-Subsecretario Raúl Care, cercano a la gestión reponsable de todas las acciones tendientes a dar respuesta a las necesidades de infraestructura.
Además el secretario Gustavo Ariel Hueichan; los empresarios Richard Daniel Schmitd y Daniel Benjamín Gel y otras tres personas identificadas como Félix Currumil, Jorge Roberto Santucho y Roxana Verónica Pereyra, que habrían formado parte de la maniobra fraudulenta.
La hipótesis plantea un armado simulado de concursos de empresas para direccionar las licitaciones hacia ciertos proveedores y luego establecer sobreprecios de más del 500% de su valor en el mercado en materiales.
Se centra la dinámica en obras de establecimientos educativos ubicados en Rawson y Playa Unión.
De esta manera se lograba establecer una compulsa de precios que era inexistente a fin de obtener un lucro indebido de partidas destinadas a refacciones.
Tal modalidad se dió en el marco de un conflicto docente que aún no tiene solución, donde la Ministra en funciones no pudo dar respuestas a requerimientos salariales y de infraestructura edilicia que derivaron en un problema mayor cuando se encontraron con un hecho delictivo de tal magnitud.
Todo esto fue en sintonía con una modalidad que en la provincia del Chubut se ha repetido en otros casos de corrupción con repercusión política y pública sin precedentes.
Cabe aclarar que la Sra. Graciela Cigudosa continuó su actividad política como candidata a diputada provincial, siendo efectivo su cargo al momento de ser electo el actual Gobernador Mariano Arcioni, quien siempre defendió su persona.
Lamentablemente, pareciera que quienes incumplen sus deberes como funcionarios públicos en algunas áreas, donde los hechos de corrupción podrían ser elevados a juicio, en otros estamentos del Estado son transparentes en el ejercicio de la función. Siempre avalados por la misma ciudadanía y el mismo Gobernador.
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