El médico Fabricio Gómez, traumatólogo del Hospital de la Madre y el Niño de La Rioja, fue cesanteado a principios de agosto por el Gobierno de Ricardo Quintela utilizando un decreto-ley del año 1979.
Jorge Brizuela Càceres
El Federal Noticias
Gómez había participado de una serie de protestas junto a policías y personal de salud y educación en enero, y por su militancia en La Libertad Avanza fue identificado como uno de los organizadores, denominados «instigadores» por el gobierno y los medios oficialistas, «como si reclamar mejor salario y condiciones de trabajo fuese un delito» indicaron fuentes gremiales.
El decreto-ley 3.870 de 1979 (Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial y Municipal) es la normativa que utiliza el gobierno para «castigar» el médico que trabaja hace más de dos décadas en el servicio de salud de la provincia, y hace 13 años en el Hospital de la Madre y el Niño. La directora del nosocomio, la médica Andrea Viviana Pérez,fue la denunciante de traumatismo, quien asegura haber recibido videos de entrevistas donde el médico cesanteado critica al gobernador, lo cual es considerado como «sedición».
Viviana Pérez es hermana del ministro de Producción y Ambiente Ernesto «Harry» Pérez, ex concejal capitalino. La esposa de Ernesto y cuñada de Viviana es Karina Becerra, sobrina del gobernador y miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia.
El decreto 1.137 del 9 de agosto de 2024 determina la cesantía del traumatólogo, y lleva la firma del ministro de Salud Juan Carlos Vergara, del jefe de Gabinete Juan Luna Corzo y del propio gobernador Ricardo Quintela.
Loa abogados que asesoran a Gómez consideran que se «dispuso de manera ilegítima y arbitraria la aplicación de la sanción de cesantía» por lo que se ha presentado un «recursos administrativo de reconsideración» antes de avanzar en acciones judiciales. Si bien intervinieron el gremio AProSLaR (Asociaciòn de Profesionales de la Salud de La Rioja, filial de FesProSa) y las asociaciones profesionales Colegio Médico Gremial y el Consejo de Médicos de la Provincia, la única respuesta oficial del Ministerio de Salud de la provincia fue que «la orden viene de arriba».
La secretaria general de AProSLaR, la mèdica Claudia Contreras, explicò que «este artículo (del decreto-ley 3.870) dice que no se puede hablar de manera indecorosa de la autoridad, es lógico que diga eso porque fue (promulgado durante) la dictadura militar».-