Si bien en su mayoría son de gestión privada recibe subsidios estatales para contemplar la educación de una etapa de la vida, que no se encuentra gerenciada por el propio Estado.
Muchos han intentado gestionar los ATP, Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción pero no cumplirían con los requisitos para acceder a tal ayuda, más la dificultad para contar con matrícula escolar que permita asistir el pago de sueldos y servicios y han dejado de percibir el aporte del gobierno para cubrir los gastos que implican sostener el sistema que atiende a la primera infancia. En este ámbito se incluyen los jardines maternales.
Lamentablemente el reclamo resulta fragmentado y acorde a la realidad de cada provincia, pero a nivel nacional no hay una propuesta que contenga a un ámbito de trabajo de suma importancia, para el desarrollo de la primera infancia y su familia, mucho más cuando la preocupación es el escenario post-pandemia.
En este marco UNICEF ha publicado un Informe donde indica que al menos 40 millones de niños en todo el mundo, se han quedado sin educación preescolar en un curso que es esencial para la primera infancia, debido al cierre de los centros de cuidado infantil y educación temprana.
Nuestro país no es la excepción, agravado por indicadores económicos y sociales que ya evidencian efectos e indicadores alarmantes.
La crisis resulta más profunda para las familias de niños pequeños, especialmente en países de ingresos bajos y medios, muchas de los cuales ya no podían acceder antes a servicios de protección social.
El cuidado de los niños es esencial para proporcionar a los niños servicios integrales, afecto, protección, estimulación y nutrición. Al mismo tiempo, les permite desarrollar habilidades sociales, emocionales y cognitivas.
El Informe además indica que de 166 países, menos de la mitad ofrece programas de educación preescolar sin matrícula de al menos un año, cifra que cae al 15% cuando se trata de países de bajos ingresos.
En tal sentido, Argentina ofrece subsidios a las instituciones de gestión privada o semi-privada para cubrir a una población que el propio Estado no puede atender, por falta de infraestructura y personal docente y auxiliar que hoy están al borde del abismo y sin plan.
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