Una cámara inmobiliaria riojana promueve un proyecto legislativo de creación del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios con increíbles alcances e incumbencias, contrapuestos a la legislación nacional en la materia. ¿Quiénes están detrás del negocio inmobiliario riojano?
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias

En una provincia donde la propiedad de la tierra es un terreno pantanoso, con un departamento casi totalmente vendido a propietarios extranjeros, la justicia está profundamente cuestionada por la intervención del poder político y económico, los alambrados «tienen patitas» y encima se manejan valores de mercado como los de Córdoba, Mendoza o Tucumán, sin los servicios y prestaciones que se dan en esas plazas, el negocio inmobiliario debe manejarse con mucho cuidado, o al menos eso se esperaría. Pero no.
La Cámara de Corredores Inmobiliarios de La Rioja pretende que la Legislatura de la Provincia apruebe la creación de un Colegio de Corredores Públicos y Corredores Públicos Inmobiliarios con increíbles alcances e incumbencias, que incluso abarcan las de otros profesionales, como agrimensores, ingenieros civiles y arquitectos.
La entidad que promueve el cuestionado proyecto es la Cámara Inmobiliaria de La Rioja, presidida por Luciana Porras Luján (pro-secretaria de Prensa de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina), a quién acompaña Érika Davil como vicepresidenta (ex delegada en la provincia de la Dirección Nacional de Migraciones).
Según el presidente de la Asociación de Martilleros y Peritos Judiciales de la Provincia de La Rioja (Personería Jurídica Resolución S.G.J. Nº 230/2008), martillero Daniel Molina Braim (Mat. Prov. N° 110), esta pretensión «separa las incumbencias propias a la actividad del martillero y arrogándose facultades y ejercicios que colisionan hasta con otras profesiones». Esta actividad está regulada por el decreto-ley 20.266 de 1973, modificado por la ley 25.028 de 1999. Esto implica que la pirámide normativa no permite modificaciones por parte de las normativas locales que alteren lo dispuesto a nivel nacional.
El proyecto -que se trata actualmente en la Comisión de Legislación General, presidida por la diputada Lourdes Ortiz- fue presentado en 2022 por la actual vicegobernadora Teresita Madera. Según Molina Braim la propuesta normativa desconoce los títulos universitarios que se expiden en casi todo el país, su «homogénea incumbencia», no establece incompatibilidades con otros títulos (como abogados, contadores, escribanos), pretende ocuparse de negocios que no son los propios (calificadoras de riesgo, financieras, desarrolladores, constructoras), y nombra pero no establece un código de ética.

Otra rareza del proyecto presentado por Madera es que la comisión directiva preside la asamblea, y que hay una muy importante intromisión: el artículo 59 establece que «El primer directorio será conformado por las autoridades de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de La Rioja, quienes determinarán entre sus miembros los cargos a ocupar en un todo de acuerdo a lo expresado en la presente Ley».
La Federación Argentina de Entidades de Martilleros y de Corredores Inmobiliarios (FAEMCI), creada en 1943, ratificó en más de una ocasión que esta profesión nace del Código de Comercio de la Nación, y que no es facultad ni de las universidades de dividir los títulos ni de las provincias de crear colegiaciones diferentes.
Al respecto, los profesionales indicaron situaciones anómalas como «el famoso boom inmobiliario, que en su momento este colegio profesional lo tildó de burbuja inmobiliaria, es una situación que ya no presenta las mismas características (…) Las locaciones, valuaciones y tasaciones de los inmuebles deben hacerse con responsabilidad. Ese ejemplo de la burbuja o los corredores inmobiliarios que tienen como objetivo único el lucro son la prueba de la irresponsabilidad social profesional”.
Esta postura también es sostenido por la CAMYC (Confederación Argentina de Martilleros y Corredores): «Hace 25 años que se unificaron las actividades y títulos de martilleros y corredores mediante la ley 25.028, y varias provincias -con la complicidad de algunas universidades- pretenden separarlas, con el único fin de sostener negocios poco claros y al servicio del poder de turno».-