Los extorsionadores podrían afrontar penas de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Pérdidas por U$S 130 millones.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
CHUBUT.- El Gobierno de Ignacio Torres, denunció por ecocidio y extorsión a empresarios pesqueros, a 5 (cinco) miembros de la comisión directiva del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut. Ahora tendrán que enfrentar cargos por extorsión, delito que conlleva penas de 5 a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.
En los últimos días de diciembre, la provincia de Chubut se vio afectada por la pérdida de 468.000 kgs. de langostinos debido “a un falso conflicto paritario que encubría un entramado de corrupción y extorsión que generó pérdidas millonarias para la industria”, según informaron en un comunicado.
El Gobierno provincial y los empresarios realizaron las denuncias correspondientes, y apuntaron contra Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vega, Juan Inalef y Juan Zambrano por extorsionar y exigir dinero a empresarios entre agosto y septiembre del año pasado a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza.
“La red de corrupción fue documentada con pruebas contundentes, como mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y transferencias bancarias a cuentas personales, donde quedaron involucrados los miembros del SUPA”, informaron los denunciantes.
Luego de la intervención judicial, la Fiscal general de Rawson, Florencia Gómez, condenó a un mes de prisión domiciliaria a los cinco sindicalistas. “Se tuvieron que tirar langostinos, eso es criminal. Por eso le dijimos a la fiscal que haga las denuncias correspondientes. El que haga un paro de vuelta y por eso se pudra un langostino va a tener que dar respuesta a la Justicia”, advirtió el Gobernador Torres.
La Fiscalía, además, evalúa la posibilidad de agregar el cargo de asociación ilícita ante la existencia de una mafia sindical que utilizaba el gremio para enriquecerse personalmente. “Este importante golpe contra la corrupción en la industria pesquera demuestra el compromiso del gobierno provincial y las autoridades judiciales en la lucha contra la impunidad y el delito”, aseguraron desde el gobierno provincial.
La Jueza Karina Breckle considera que, “el hecho que se investiga es sumamente grave y han causado miedo y pavor a las presuntas víctimas y a sus familiares”.
“Afectaron la paz social provincial, las arcas provinciales, a los trabajadores y a otros sectores de la pesca”, agregó.
Para concluir dijo: “Usaron su actividad gremial para un provecho propio mediante el pedido de una palabra que acá se dijo: la coima”.