El diputado nacional de LLA exige investigar si el empleado de la comuna de Los Bulacio actuó bajo amparo oficial. Pidieron levantar su secreto bancario y denunciaron que la policía lo «escoltó» tras el ataque.
EL FEDERAL NOTICIAS
El caso de la agresión al diputado nacional Federico Pelli (LLA) ha tomado un nuevo y explosivo rumbo judicial. Ya no se trata solo del violento cabezazo capturado en video; ahora, la lupa está puesta sobre la estructura política que sostiene a Marcelo “Pichón” Segura, el empleado comunal detenido, y la sospechosa actuación de la policía de Tucumán durante el incidente en La Madrid.
A través de su abogado, Juan Colombres Garmendia, Pelli presentó un escrito ante el Centro Judicial Concepción para que se investigue a los efectivos de Infantería presentes. Según la querella, los uniformados no solo omitieron sus deberes, sino que “acompañaron y protegieron” a Segura tras el ataque.
El árbol genealógico del empleo público: ¿Dónde trabaja Segura?
Uno de los puntos centrales del pedido de Pelli es desnudar el vínculo de «Pichón» Segura con el Estado provincial. La querella solicitó informes urgentes a múltiples organismos para determinar bajo qué órbita se encontraba el agresor al momento del ataque:
El Ministerio del Interior debe informar si Segura es planta permanente, contratado o locatario de servicios en la comuna de Los Bulacio.
A la Comuna de Los Bulacio se le pidió aclarar qué funciones específicas debía cumplir el empleado público ese día en La Madrid.
Secreto Bancario: La Justicia solicitó el levantamiento del secreto financiero, fiscal y bancario de Segura para determinar el origen de sus ingresos y posibles nexos económicos con la política.
«Lo protegieron»: La denuncia contra la policía
Para el entorno del diputado libertario, la agresión no fue un hecho aislado de un «lobo solitario», sino que contó con una zona liberada o protección posterior. El escrito es lapidario contra el personal policial:
“Una vez consumado el grave ilícito, los uniformados acompañaron y protegieron al acusado de manera dolosa”, sostiene la presentación judicial, basándose en los registros fílmicos del operativo de seguridad.
Por este motivo, Pelli pidió que los policías sean imputados como partícipes del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La pelea por la competencia: ¿Provincia o Nación?
Mientras «Pichón» Segura permanece alojado en el penal de Benjamín Paz bajo prisión preventiva por «lesiones graves agravadas por alevosía», la causa atraviesa una guerra de jurisdicciones.
La Justicia Federal reclamó el expediente, pero el juez provincial Raúl Ángel Robín Márquez denegó el pedido. Ahora, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que decida quién debe juzgar al empleado comunal: si la justicia de Tucumán (bajo la mirada atenta del poder político local) o los tribunales federales.
Puntos clave de la ampliación de la querella:
Rastreo de aportes: Pedido de informes a ANSES y Catastro sobre los bienes de Segura.
Nexo Legislativo: Se incluyó a la Legislatura provincial en el pedido de informes para descartar vínculos contractuales allí.
Acción Civil: Pelli se constituyó como actor civil, buscando que el Estado o los responsables directos respondan por el daño causado.