También afirmó que en Salta, las instituciones «funcionan como corresponde y la pelea contra la narcocriminalidad siempre será total».
En San Ramón de la Nueva Orán, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó una conferencia de prensa donde reafirmó su compromiso en la lucha contra el narcotráfico.
«Puse en la agenda pública de la Provincia y Nación la problemática del narcotráfico en la Frontera Norte. Soy el primer Gobernador en la historia de Salta que logró que todas las fuerzas federales estén en la Frontera Norte. Atacan porque estoy peleando seriamente contra el flagelo del narcotráfico; porque muestro la realidad; porque se quiere confundir a la población con esta que es una de las estrategias predilectas de las organizaciones criminales para desviar la atención», expresó Sáenz, quien además enfatizó que los ataques en su contra no lo amedrentan: «No me amedrentan, no tengo miedo, sino por el contrario, me da más fuerzas para seguir peleando».
Durante el encuentro, el Gobernador también destacó la creación de la Unidad Especial de Investigación del Norte, un esfuerzo conjunto con el Ministerio Público Fiscal que cuenta con apoyo de la Provincia en recursos como vehículos y tecnología. Además, Sáenz anunció su intención de promover reformas legislativas a nivel federal, como la radarización y videovigilancia en las fronteras, la ley de derribo, la reforma de la ley de migraciones, y el refuerzo de la vigilancia aerotransportada, que considera esencial para desbaratar organizaciones criminales.
En un llamado a los legisladores nacionales, instó a que se comprometan con esta causa y actúen con responsabilidad. «Cada uno desde su lugar debe actuar con la responsabilidad que le corresponde», dijo. Asimismo, abordó el tema de las denuncias hacia funcionarios, reiterando que «cualquier persona, sea funcionario o no, debe someterse a la justicia para que se aplique la ley hasta las últimas consecuencias. Yo no creo en los fueros».
Una de las reformas propuestas está orientada a modificar la ley 25.871, que establece la expulsión de extranjeros condenados en causas penales, como parte de una estrategia integral contra la narcocriminalidad.