El entendimiento quedó aprobado mediante el Decreto Provincial 493 y va mucho más allá de una compensación de deudas. Salta deberá desistir de reclamos judiciales contra el Estado nacional y brindar información periódica sobre sus finanzas.
El acuerdo financiero entre Salta y el Gobierno nacional sumó detalles que tienen impacto político, económico y judicial para la Provincia. El convenio no solamente contempla el cruce de las deudas que ambas administraciones mantenían pendientes: también establece una serie de condiciones que Salta deberá cumplir.
El entendimiento fue aprobado mediante el Decreto Provincial 493, publicado este martes en el Boletín Oficial, y se encuadra dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, indicó FM Aries.
Este mecanismo permite reconocer y compensar obligaciones entre Nación y las provincias. En el caso salteño, tras realizar el cruce correspondiente, quedó un saldo cercano a los $266 mil millones a favor del Estado nacional.
Pero la cifra no es el único punto fuerte del acuerdo.
Salta dejará de sostener juicios contra Nación
Una de las condiciones establece que la Provincia deberá desistir de determinadas acciones y derechos en causas iniciadas contra el Estado nacional.
Entre los expedientes incluidos aparece el reclamo presentado por Salta a raíz de los decretos nacionales 561 y 567 de 2019, una disputa que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia.
El convenio contempla tanto la acción declarativa de inconstitucionalidad como el incidente vinculado con una medida cautelar de aquella causa.
Otro punto especialmente sensible es el reclamo judicial por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Salta había iniciado un amparo contra el Estado nacional y ahora ese expediente también queda alcanzado por las condiciones acordadas.
Según lo establecido, el convenio deberá ser presentado ante la Justicia para avanzar con su homologación en las causas correspondientes.
Nación recibirá información sobre las cuentas salteñas
El acuerdo incorpora además una obligación que tendrá continuidad en el tiempo. Salta deberá proporcionar periódicamente información sobre diferentes aspectos de sus finanzas públicas al Gobierno nacional.
Entre los datos requeridos se encuentran:
- Gasto en personal.
- Endeudamiento provincial.
- Situación del Tesoro.
- Saldos bancarios.
- Financiamiento otorgado a los municipios.
- Información sobre tarifas de servicios públicos.
- Impuestos y transferencias.
De esta manera, el convenio no termina una vez compensadas las deudas. La Provincia asume también compromisos de información financiera que deberá cumplir periódicamente.
Qué significa el acuerdo para Salta
El Decreto 493 deja así dos grandes consecuencias. Por un lado está el aspecto económico, con un saldo de casi $266 mil millones a favor de Nación después del reconocimiento y compensación de obligaciones.
Por otro, aparece una consecuencia política y judicial: Salta acepta abandonar determinados litigios contra el Gobierno nacional y brindar información sobre el estado de sus cuentas públicas.
Para los salteños, esto significa que un entendimiento presentado principalmente como una compensación financiera incluye condiciones que alcanzan reclamos sensibles de la Provincia y establece nuevas obligaciones frente a Nación.
El alcance final del convenio dependerá ahora del cumplimiento de cada una de las condiciones establecidas y de las actuaciones judiciales necesarias para formalizar los desistimientos contemplados.