Fuerte embestida de la Asociación Bancaria contra las autoridades del Tribunal de Cuentas de la provincia
La Asociación Bancaria salió con los tapones de punta a cruzar a las autoridades del Tribunal de Cuentas. En un comunicado firmado por Carlos Cisneros y Cecilia Sánchez Blas, recordaron que el órgano de control jamás investigó la gestión de José Alperovich. «Aturdía el silencio cómplice», se quejaron.
«Según las actuaciones de Miguel Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, Alperovich fue un bebé de pecho. Así se cayeron puentes, se inundaron túneles, se sobrefacturó la obra pública y se llovieron los hospitales. Nunca descubrieron hechos de corrupción en el Gobierno de Alperovich», agregaron.
La Asociación Bancaria recordó que el ex gobernador Alperovich «jamás cumplió con la Ley Provincial N°6.622 de privatización del ex Banco de la Provincia y sus trabajadores fueron sus rehenes durante 12 años, discriminándolos, sufriendo acoso laboral y con sueldos congelados durante años».
La Bancaria apuntó contra dos exempleadas del Banco Provincia. «Es lamentable que ex trabajadores bancarios beneficiarios de esta Ley sean cómplices de Terraf y compañía en Casa de Gobierno y en el Tribunal de Cuentas. Ellas saben quiénes son. La Ley Provincial N°6.622 estipulaba en su inciso b) como opción para los trabajadores del ex Banco Provincia «quedar bajo relación de dependencia de la Administración Provincial, originariamente, al Ministerio de Economía de la Provincia conservando los derechos inherentes a su condición de bancarios, conservando angüedad, jerarquía y salario».
«Por decisión política de Juan Manzur se propició reivindicar a esos trabajadores poniendo fin a esa injusticia a través del Decreto Provincial N°3053/3, pero el Tribunal de Cuentas lo rechazó por capricho. Para subsanar esta situación, el gobernador Osvaldo Jaldo gestionó la Ley Provincial N°9.493, pero una vez más el Tribunal de Cuentas inventó obstáculos», señalaron en el comunicado.
Los dirigentes gremiales especularon con que el rechazo del órgano de control estuviera vinculado con una denuncia penal contra el yerno de Teraf por irregularidades detectadas en el Hipódromo de Tucumán. «Curiosamente, ese expediente judicial fue extraviado por la fiscal Marta Mariana Rivadeneira, para quién vamos a pedir juicio político», advirtieron.
«Entre el decreto y la ley se murió un trabajador, nuestro querido José Hugo “Loco” Pimentel. ¿El Tribunal de Cuentas se hará cargo de la actualización de esta deuda en épocas de inflaciones galopantes?», se preguntaron.
«Si están los títulos públicos para pagar, no hay razón para seguir dilatando soluciones. Desde la Asociación Bancaria no vamos a permitir que personajes sigan perjudicando a los trabajadores con caprichos personales», concluyeron.
Por último, desde La Bancaria remarcaron que los vocales Terraf, Vidal, Díaz Ricci y el abogado Guillermo Curia suman más de 300 años y que, a pesar de su edad avanzada no se jubilaron como el resto de los trabajadores. «No es por su voluntad patriótica, sino por el trato de monarcas que reciben. Porque además de no pagar impuesto a las ganancias tienen el privilegio de no rendirle cuentas a nadie», concluyeron.