El juez Alfredo Silverio Gusmán, fue denunciado por presunto encubrimiento a la ex-presidente.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Durante el fin de semana tomó estado público que un juez está siendo investigado por favorecer a la doblemente condenada Cristina Fernández de Kirchner, mediante el freno de una causa que se desarrolla en paralelo a la Causa Vialidad, y está vinculado a la misma.
El avance de este caso, bloqueado por el magistrado, permitiría recuperar la suma de U$S 1.125 millones.
El juez cuestionado es Alfredo Silverio Gusmán, y fue denunciado por el presidente de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, Guillermo Alberto Antelo, ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
La causa que está «frenada», se inició en 2018, si pasa más tiempo «congelada en el freezer», corre el riesgo de que se caiga. A raíz de esta situación, el camarista Antelo busca que se sancione a Gusmán o bien que le hagan un juicio político por encubrimiento.
El juez Gusmán tiene vínculos con kirchneristas como Juan Martín Mena, ex-ministro y uno de los abogados que conforman el equipo de letrados de Cristina Kirchner. También funge como operador en las negociaciones entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Gobierno.
La demanda civil por daños y perjuicios es de unos U$S 1.125 millones y, en paralelo, hay una multa por $ 84.835 millones, que le fijó a Cristina Kirchner la justicia penal, cuando la condenó y dispuso el decomiso de ese dinero. Si se confirma la condena penal y se la condena en esta causa civil debe pagar los dos montos.
La historia respecto a la demanda en cuestión comenzó cuando en 2018, el entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, presentó una demanda de daños y perjuicios contra Cristina Kirchner y sus funcionarios por las licitaciones amañadas para favorecer a Lázaro Báez en las obras de Santa Cruz. El monto de la demanda era por $ 22.500 millones lo que equivale a dólar del 31 de enero de 2018 a unos U$S 1.125 millones.
Por la inmovilidad de la causa por seis meses en 2023, Cristina Kirchner planteó lo que técnicamente se llama la “caducidad de la instancia”, que es un reclamo para que la causa se extinga.
El juez Antelo, entonces, denunció a Gusmán ante la jueza Alejandra Provítola, presidente de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Allí escribió que Gusmán “no se expidió y retuvo los dos votos impresos en papel y firmados por los otros jueces” hasta que firmó uno de los dos proyectos en circulación.