Los recurrentes secuestros de grandes cargamentos de cocaína y la constante sospecha sobre aeronaves clandestinas ubican a Tucumán en una posición cada vez más crítica dentro del mapa del narcotráfico en el Norte Grande. Frente a la falta de coordinación regional y recursos tecnológicos, legisladores nacionales impulsan una controversial ley de derribo de avionetas para frenar el cruce aéreo ilegal.
Fabián Juárez
Redacción El Federal Noticias
TUCUMAN.- La problemática del tráfico por vía aérea volvió a posicionarse al frente de la agenda de seguridad regional. En lo que va del año, las autoridades informaron sobre cinco procedimientos de gran escala en los que se secuestraron más de 200 kilos de cocaína en cada operativo. Sorprendentemente, dos de los incautamientos más importantes del país no ocurrieron en la frontera, sino en suelo tucumano: uno de 240 kilos en los caminos montañosos de Trancas y otro de 470 kilos en Simoca.
Las hipótesis de los investigadores señalan a Tucumán como un punto estratégico para el acopio y posterior distribución de estupefacientes hacia el sur del país, facilitado por el ingreso de avionetas que burlan los controles limítrofes.
El debate normativo: ¿alcanza con una Ley de Derribo?
Ante la vulnerabilidad de las fronteras aéreas, la diputada nacional por Salta (La Libertad Avanza), Eliana Bruno, impulsó un proyecto de ley que autoriza el derribo de aeronaves vinculadas al narcotráfico. La iniciativa, que cuenta con el respaldo del interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, ya fue presentada ante la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva.
«Las medidas de intercepción pasiva suelen ser burladas con facilidad por pilotos que operan al margen de la ley. Esta asimetría deja al Estado en una posición de extrema vulnerabilidad.»
— Eliana Bruno, Diputada Nacional por La Libertad Avanza.
«Los grandes cargamentos ya no se secuestran en la frontera, sino de Tucumán hacia el sur, porque los controles son burlados por vía aérea.»
— Adrián Zigarán, Interventor de Aguas Blancas.
Desafíos estructurales y la necesidad de un frente regional
A pesar del avance normativo, especialistas y funcionarios coinciden en que la promulgación de una ley no resolverá el problema de fondo si no viene acompañada de recursos concretos y articulación política:
Falta de radarización: En mayo pasado, los gobernadores del NOA solicitaron formalmente a la Nación un sistema de radarización regional que reactive el control efectivo del espacio aéreo.
Falta de coordinación provincial: Aunque medidas como el Operativo Lapacho tucumano están siendo tomadas como modelo por Salta y Santiago del Estero, jurisdicciones como Jujuy y Catamarca aún no se acoplan plenamente a una estrategia coordinada en bloque.
Desconfianza y falta de inteligencia conjunta: El NOA carece de una división especializada interprovincial para combatir el crimen organizado, lo que genera que las fuerzas operen de manera aislada y sin compartir inteligencia clave.
Mientras la Nación no tome el liderazgo directo mediante el aporte de financiamiento, tecnología de radar y estrategia unificada, las fronteras provinciales seguirán expuestas a la logística de las bandas narcocriminales.