La Secretaría de Industria y Comercio detectó múltiples facturas, con cargos extra no pactados con los usuarios.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la mañana de hoy tomó estado público que la Secretaría de Industria y Comercio, imputó a 95 empresas de servicios públicos por la inclusión de cargos adicionales en las facturas de usuarios, algo que no había sido pactado previamente con los consumidores.
La medida está basada en la Resolución 267/2024 que entró en vigencia el pasado 11 de octubre, establece la prohibición de añadir tasas o cargos extra en las facturas que no correspondan a lo acordado.
Las empresas involucradas deberán responder a la imputación en un plazo de cinco días hábiles, y, en caso de no justificar dichos cobros, podrían enfrentar multas de hasta $2.130 millones.
Resolución 267/2024 y el marco de la imputación
El Gobierno tomó la determinación, para proteger los derechos de los consumidores, específicamente el derecho a una información clara y transparente sobre los pagos que deben realizar por los servicios que contratan.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, apunta a erradicar la práctica de aplicar conceptos extras en las facturas, lo que afecta a usuarios de todas las provincias argentinas y ha generado múltiples denuncias.
La normativa establece sanciones severas para los proveedores de servicios públicos que incurran en estas prácticas. Según la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, artículo 47 inciso b, las multas pueden alcanzar hasta los $2.130 millones, dependiendo de la gravedad y el alcance de la infracción. Las empresas afectadas tendrán ahora que presentar su descargo y justificar los cargos adicionales imputados en sus facturas, o bien enfrentarse a estas sanciones.
La situación se volvió insostenible luego de que la Secretaría de Industria y Comercio recibiera más de 2.700 reclamos de usuarios afectados, quienes denunciaron que estaban siendo cobrados por conceptos no incluidos en sus contratos originales. Este caudal de denuncias desencadenó la apertura de 244 expedientes de investigación, uno por cada localidad donde se han identificado estas prácticas.
Las facturas observadas corresponden a servicios emitidos después del 11 de octubre, y abarcan distintos servicios públicos en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Misiones, Jujuy, Mendoza, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, y muchas otras. Entre las compañías implicadas en el caso figuran nombres conocidos en el sector, como Camuzzi Gas del Sur, la Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., y Gasnea S.A., quienes ahora deberán responder ante la autoridad competente.