La diputada provincial Gabriela Azucena Rodríguez (UCR, Chilecito, La Rioja) ha presentado un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas primarias de la provincia. La propuesta llegó a mis manos recientemente, y a la espera del análisis institucional completo comparto este artículo que integra el texto oficial, experiencias comparadas, organismos internacionales y mi propia práctica docente como orientación editorial: defender el uso educativo responsable frente a prohibiciones tajantes.
Jorge Brizuela Cáceres
El Federal Noticias
De qué se trata el proyecto
La iniciativa busca crear un marco normativo que prohíba el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante el horario escolar en las escuelas primarias públicas y privadas de La Rioja.
Las excepciones previstas son:
- Cuando el uso sea autorizado por el docente y aprobado por la dirección del establecimiento (fines pedagógicos)
- Por razones de salud debidamente justificadas
La autoridad de aplicación recaería en el Ministerio de Educación provincial, que deberá reglamentar, supervisar y desplegar campañas de concientización dirigidas a docentes, estudiantes y familias.
El proyecto se fundamenta en los supuestos de que estos dispositivos generan distracción, afectan la atención, el rendimiento académico y facilitan formas de acoso digital.
Lo que el proyecto no dice
Aunque el texto es claro en sus propósitos, hay varios aspectos que no se detallan o que pueden suscitar controversias prácticas:
- No establece sanciones específicas en caso de incumplimiento (¿qué ocurre si un alumno utiliza el celular sin permiso?).
- No considera situaciones de emergencia comunicativa (alumnos que necesiten contactar a un tutor, por ejemplo).
- No delimita claramente cómo se construyen los protocolos de excepción ni cuánto poder de discreción tendrá la dirección escolar.
- No indica un mecanismo explícito de seguimiento ni recursos adicionales para las escuelas que deban supervisar la norma.
- Aunque menciona campañas de concientización, no detalla su financiamiento ni modalidades.
Estas omisiones podrían llevar a interpretaciones rígidas, arbitrariedades o desigualdades institucionales.
Experiencias comparadas
Neuquén: la Ley 3440/2024 prohíbe el uso de celulares durante el horario escolar salvo para fines pedagógicos, de salud o accesibilidad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: no optó por una prohibición completa, sino por facilitar el uso responsable mediante normativa ministerial.
Perú (Ley 31964/2024): regula el uso de dispositivos móviles en educación básica, permitiendo su uso en clases solo con autorización.
Brasil (Ley 14.962/2025): prohíbe los celulares durante clases salvo excepciones pedagógicas, médicas o de accesibilidad.
Francia: ley nacional desde 2018 que prohíbe smartphones en primaria/secundaria, con excepciones educativas.
Reino Unido: lineamientos para que las escuelas restrinjan su uso, aunque concediendo autonomía institucional.
Finlandia: no adopta prohibición, sino que confía en la autorregulación docente.
Estas experiencias muestran que muchas jurisdicciones aplican modelos híbridos: prohibición general con excepciones o regulación más flexible según contexto.
Qué dicen los organismos internacionales
- UNESCO — en su Global Education Monitoring Report 2023 — advierte que la tecnología solo debe usarse cuando apoye explícitamente los objetivos pedagógicos y que prohibir sin educar puede agravar las desigualdades digitales.
- OECD — en sus estudios sobre competencias digitales — sostiene que las restricciones pueden funcionar si van acompañadas de capacitación docente, protocolos claros, evaluación continua y participación comunitaria.
Desde la experiencia
Como docente en instituciones públicas de nivel superior en La Rioja:
- Trabajo con estudiantes adultos (todos mayores de 18 años).
- Las escuelas disponen de Wi-Fi gratuito, garantizado por el Estado.
- Los celulares son herramientas de consulta bibliográfica, participación en aulas virtuales (Zoom, Meet, Classroom), exámenes online y proyectos colaborativos.
En este contexto, el dispositivo potencia el aprendizaje, no distrae. Prohibirlo implicaría negar acceso a recursos y habilidades esenciales en la educación contemporánea.
Libertad con responsabilidad frente al paternalismo tecnológico
El proyecto de Rodríguez se alinea con una concepción del Estado protector que interviene para regular incluso derechos instrumentales (uso de dispositivos). Eso es común en visiones tradicionales, donde el bienestar colectivo se prioriza sobre ciertos ejercicios individuales.
Por el contrario, mi pensamiento parte de una mirada alternativa: la educación debería formar ciudadanos autónomos, capaces de ejercer su libertad con criterio. Reglar está bien; prohibir sin matices es un riesgo de paternalismo educativo que puede vulnerar la autonomía institucional y docente.
Riesgos y oportunidades de este proyecto
Oportunidades:
- Generar conciencia sobre el buen uso de la tecnología desde edades tempranas.
- Fortalecer la autoridad docente frente a distracciones digitales.
- Promover un espacio escolar menos mediado por pantallas.
Riesgos:
- Convertir escuelas en espacios desactualizados tecnológicamente.
- Desalentar prácticas digitales innovadoras o inclusivas.
- Generar desigualdad entre escuelas con mejor infraestructura (que harán cumplir) y aquellas más precarias.
- Crear conflictos si la norma se aplica en forma rígida, sin pedagogía ni flexibilidad.
Propuestas alternativas
Frente a este proyecto, de pueden desarrollar estrategia complementaria centrada en la regulación inteligente y responsable, no en la prohibición absoluta:
- Establecer momentos sin celular dentro de la jornada (clase, explicaciones) y momentos de dispositivo abierto (investigación, ejercicios guiados).
- Permitir el uso con autorización simple en contextos pedagógicos, sin burócratas filtros innecesarios.
- Incorporar formación digital para docentes y estudiantes: competencias de atención, ciudadanía digital, uso crítico de redes.
- Evaluar el impacto con indicadores: rendimiento, clima escolar, uso real de dispositivo, bienestar estudiantil.
- Adaptar la norma según el nivel educativo: lo que aplica para primaria no puede trasladarse tal cual al nivel superior, ni siquiera al final del primario.
Lo que vendrá
El proyecto presentado por Rodríguez, abogada y docente universitaria, plantea un debate legítimo: ¿cómo proteger la infancia frente a la distracción digital? Pero debe evitar confundir regulación educativa con control autoritario.
Prohibir no es sinónimo de educar. La verdadera apuesta está en construir ciudadanos digitales capaces de elegir, no de obedecer.
Y en ese camino, la escuela debería ser el taller donde se enseñe a manejar el celular la, no una cárcel donde se lo confisque.
En La Rioja, la discusión debe trascender titulares polarizados. Debe avanzar hacia normas que distingan niveles, edades y contextos, que no castiguen la innovación ni obstaculicen el acceso al conocimiento.
Porque si la educación no evoluciona con la tecnología, está condenada a quedar en el pasado.